Desde que el PRI fue sacado de los Pinos en el año 2000 sus estrategas políticos han propalado la idea de que los gobiernos de todos los partidos son iguales. El objetivo, desalentar el anhelo popular de que no tiene caso seguir buscando el cambio ya que, al final de cuentas, no existen diferencias entre uno y otro a la hora de ejercer el cargo.
Pero no es así, aunque mínimas y más de estilo que de fondo, si hay distinciones entre los gobernantes de un partido y los de otro.
Para empezar dos ejemplos, en el 2014 el gobierno de Puebla, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle, aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso el legítimo Uso de la Fuerza, denominada ley bala, que autorizaba a los efectivos de las fuerzas pública a utilizar el uso de las armas para disolver manifestaciones pacíficas.
La muerte de un niño en un acto de represión de pobladores de Chalchihuapan obligó al mandatario a rectificar y a abrogar el impopular precepto anticonstitucional. En el Estado de Chiapas ocurrió algo similar con el Código de Uso Legítimo de la Fuerza, llamado “Ley garrote”, el 11 de agosto, el gobernador del Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello, la echó abajo a causa de las fuertes protestas que la disposición provocó entre la ciudadanía.
En Tamaulipas ha sucedido lo mismo. Tras la ola de críticas desencadenada por la iniciativa legal que pretendía coartar la libertad de expresión, que tanto molestó a los propios militantes y simpatizantes del PAN, orillaron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a recular y a suspender la promulgación del repudiado ordenamiento jurídico.
En el Estado de México, sin embargo, al gobernador Eruviel Ávila no le importaron las protestas, tampoco la desaprobación popular causada
por la denominada “Ley Atenco”, como se ha bautizado a la norma, que el mandatario promovió el 17 de marzo del 2016, no obstante que viola los derechos humanos y criminaliza las protestas sociales.
Uno de los párrafos del texto legal dice que: “Cuando sea estrictamente inevitable, para proteger la vida de las personas y la del
elemento, estos podrán hacer uso intencional de la fuerza con armas letales”. El gobernante en turno la mantiene vigente, a pesar de todo.
En asuntos de otra índole, por enésima ocasión, de unos días a la fecha circula en redes sociales la versión que asegura que el dirigente nacional del STPRM, Carlos Romero Deshamps, será relevado en cualquier momento del cargo de Secretario General de la agrupación por Miguel Arturo Flores Contreras, este jerarca de la Asociación de Petroleros Activos en Evolución.
Según la filtración, será por “motivos de salud” y para evitar el eventual descontento entre sus seguidores, así como para ponerlo a salvo
de la justicia, se le permitiría, como a los ex gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Chihuahua, César Duarte Jaquez, abandonar al país y a mantenerse oculto mientras pasa la sucesión presidencial.
La realidad es que a estas alturas, cuando el PRI se encuentra en la lona y ni un milagro le haría seguir al frente del gobierno federal el próximo sexenio, seguramente a Romero Deschamps será aniquilado pero no por el gobierno, que le ha solapado todo, sino por la reforma energética a la que dio su aval.
Hasta ahora todas versiones sobre la supuesta caída del nativo del Barrio del Golfo, han resultado falsas y todo indica que esta tampoco será la excepción.
El que sufrió un resbalón inoportuno, por otra parte, fue Felipe Calderón Hinojosa. El ex presidente se mofó del nombre de la candidata de MORENA a gobernador del Estado de México, la profesora Delfina Gómez Álvarez, a la que llamó delfín en su cuenta de tuiter.
“¿Delfina es nombre propio? O así le dicen por como la trata quien la nombra y es su jefe”, escribió y subió a internet, aunque, al conocer
las reacciones de desaprobación, la retiró inmediatamente.
Y es que siendo el principal promotor de Margarita Zavala, era el menos indicado de criticar a la morenista, cuando el michoacano pretende gobernar otra vez al país, ahora a través de su esposa y su delfín.
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