CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los diputados que integran la Comisión de Vigilancia en el Congreso, acordaron con la Auditoría Superior del Estado integrar “expedientes firmes” para evitar que “no nos tumben los procesos” contra los ex alcaldes, como sucedió en el caso de Óscar Pérez Inguanzo y como hoy se pretende hacer con Juan Andrés Díaz Cruz, ex alcalde de Tula, o el ex alcalde de Ciudad Madero, Mario Neri Castilla y Gustavo Torres Salinas de Tampico.
Además, los diputados como Ciro Hernández Arteaga, advirtieron la necesidad de hacer un trabajo de vigilancia y estar pendientes en el manejo de los recursos en los actuales ayuntamientos, y citó el caso de Altamira donde señaló que, “recientemente anunciaron que se ejecutará en obra cerca de 12 millones de pesos y les queda mucho recurso por ejercer”.
Joaquín Hernández Correa, presidente de la Comisión de Vigilancia, ha coincidido con la Auditoría Superior del Estado -ASE- en la necesidad de ir paso a paso, para evitar la fuga de ex alcaldes o que al final les tumben el proceso penal.
Lo más reciente fue en junio del 2014, cuando un juez penal dejó en libertad al ex alcalde de Tampico, Óscar Pérez Inguanzo detenido en 2011. Al ex alcalde se le acusó por la contratación de un crédito de 40 millones de pesos no se exhibió el supuesto documento ejercido de manera indebida, ni las circunstancias de tiempo y contrato por lo que se dictó sentencia absolutoria.
Pero 16 años antes, en 1998, Juan Genaro de la Portilla Narváez, ex alcalde de Altamira (1990-1992), quedó en libertad después de pasar cuatro años en la cárcel.
De la Portilla, enfrentó un juicio político para lograr su desafuero como diputado local y fue detenido por desaparecer dos máquinas retroexcavadoras, aunque una de las líneas de las acusaciones, era que se “autorentaba” las máquinas y cobró 25 millones de ‘pesos viejos’ por mes y sin embargo, una maniobra política logró dejarlo en libertad unos meses antes de que iniciará el gobierno de Tomás Yarrington.
Las acciones más severas que se emprendieron en los últimos tres años, fue en el 2014, cuando el entonces Auditor Superior del Estado Miguel Salman Álvarez, ordenó aplicar multas a los ex alcaldes (2011-2013) que presentaron sus cuentas públicas de forma extemporánea.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, los ex alcaldes multados con 25 mil pesos fueron: René Lara Cisneros (Tula), Juvencio Becerra Pérez
(Bustamante), Jorge Monita Silva (Palmillas), Epigmenio Villarreal Valadez (Jaumave), Abraham Pineda Díaz (Ocampo), Arnoldo Morales Meléndez (San Carlos) y Manuel Guadalupe González Villarreal (San Nicolás), Tomás Gloria Requena, (San Fernando); César Augusto Verástegui, (Xicoténcatl), y Edelmiro Gómez Gandaria, (Soto La Marina).
Salvo en el caso del ayuntamiento de Palmillas, el resto de los alcaldes han quedado ‘libres’ de toda responsabilidad administrativa “hasta el momento”, cuando en varios de los casos se hicieron señalamientos y acusaciones públicas sin llegar al ámbito formal.
Los ‘frenos políticos’ que han tenido las investigaciones en las auditorías contra ex alcaldes, “no se van a presentar nuevamente”, aseguró en entrevista el Presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso.
Durante la administración del 2011-2013 el ex alcalde Alfonso Sánchez en Matamoros, señaló a su sucesor Erik Silva de heredar una deuda de 70 millones de pesos y al menos 200 millones de pesos que no aparecen en obras ni acciones y no se hizo nada por investigar al contrario, Erik Silva recibió nombramiento como Director de la Secretaría General de Gobierno con Egidio Torre Cantú. Los legisladores recuerdan que en agosto del 2016, la Auditoría Superior del Estado emitió un informe negativo del Ayuntamiento de San Carlos en la cuenta pública del 2014 y no hay información de que se haya procedido contra el ex alcalde.
