CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Treinta y tres ciudadanos relacionados con el activismo por desapariciones en Tamaulipas ya son protegidos por el gobierno de Tamaulipas, informaron fuentes de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene a su cargo la seguridad de 8 personas y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) protege a 25 personas. Las poco más de 3 decenas de solicitudes se tramitaron del 11 al 17 de mayo.
La protección de activistas en derechos humanos se da después del asesinato de la defensora de víctimas, Miriam Rodríguez Martínez. El miércoles 10 de mayo por la noche hombres armados atacaron a tiros de grueso calibre a la líder del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando afuera de casa en San Fernando; en el camino al hospital falleció. Rodríguez Martínez también buscaba el resto del cuerpo de su hija Karen Alejandra, quien fue secuestrada y asesinada en enero de 2014.
Elementos de la Fiscalía Especial de Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad y la Coordinación Estatal Antisecuestros se encargan de las 25 personas que protege la PGJ. Trece activistas pidieron seguridad directamente por medio de oficio y el resto se otorgó tras la evaluación de riesgos hecha por las dependencias de seguridad y justicia.
Ante los nulos resultados de las primeras diligencias por el asesinato de Rodríguez Martínez, la PGJ de Tamaulipas ofrece un millón de pesos a quien aporte información que sirva para la captura de los responsables del asesinato de la activista de San Fernando.
“La recompensa se entregará conforme a los criterios siguientes: de manera proporcional en relación al número de personas que hubieren participado en el homicidio de la persona quien en vida llevara por nombre Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada”, indica el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Una persona declinó al ofrecimiento de seguridad y 4 casos más se evalúan el tipo de acciones para proteger a los ciudadanos en riesgo.
