Tres temas han acaparado la atención mediática reciente en el país: la corrupción de los (ex) gobernadores, el robo de combustible y los asesinatos de periodistas. Los tres temas tiene cosas en común: son fenómenos indeseables en una sociedad civilizada y los tres parecen haber venido creciendo en México en últimos meses. No sólo eso, los tres temas parecen haber sido alimentados por la omisión de las autoridades y por la falta de acciones decididas en el combate a dichas actividades ilícitas. Veamos caso por caso.
El tema de la corrupción de (ex)gobernadores parece tratarse ya de un problema sistémico. El sistema es corrupto y corruptor. Muchos participantes son parte del juego. Es, al mismo tiempo, un pacto de impunidad y un pacto de gobernabilidad. La lista de gobernadores acusados de corrupción es enorme: César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Guillermo Padrés, Andrés Granier, etcétera. Las probabilidades de que atrapen a alguno son bajas, de que lo procesen son menores, de que lo sentencien son casi nulas. Así pues, es la impunidad la que alimenta la corrupción de los gobernadores. Es quizá imposible evitar que la gente incurra en actos de corrupción. Lo que no debería ser imposible es denunciar, investigar y sentenciar a quienes cometen estos actos. Sin embargo, mientras esto no empiece a ocurrir de manera sistemática, los incentivos a seguir robando o desviando los recursos públicos continuarán.
En el caso del robo de combustible, el tema no es novedoso. Se remonta, al menos, al periodo del presidente Fox, pero se acentuó a partir de la administración de Calderón y ha alcanzado quizá su punto más alto con Peña. Según un reportaje de “Animal Político”, entre 2009 y 2016 se perdieron más de 14 mil millones de litros de combustible, el equivalente a 250 pipas al día. El promedio anual de pérdidas en este periodo fue de mil 831 millones de litros. En términos monetarios, las pérdidas ascienden a cerca de 20 mil millones de pesos por año. Ya en 2009 se perdieron mil 729 millones de litros de combustible, por un valor cercano a los 13 mil millones de pesos. No se trata, pues, de un fenómeno reciente. Es un fenómeno que se ha dejado crecer. Un fenómeno en donde las autoridades de los estados, Pemex y el gobierno federal, han sido omisos a pesar de los enormes costos. La impunidad, nuevamente, ha permitido y fomentado que estas actividades continúen y se expandan.
En el tema de las agresiones a periodistas ocurre algo similar. Según la CNDH, entre 2000 y 2016 fueron asesinados 119 periodistas, es decir, un promedio de 7 por año. Sin embargo, esta cifra no se ha mantenido constante sino que ha crecido de forma significativa en los últimos años. Así, mientras que el promedio de periodistas asesinados entre 2000 y 2005 fue de 4 por año, el promedio de la década siguiente fue de casi 9 por año; mientras que en 2016 hubo once periodistas asesinados y en 2017 ya van 6 asesinatos en menos de 5 meses, siendo el más reciente el caso de Javier Valdez, fundador de “RíoDoce” en Sinaloa. ¿Qué se ha hecho a este respecto? Entre otras cosas, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, la cual en cuatro años ha abierto más de 600 averiguaciones, mismas que sólo se han traducido en tres (sí, tres) sentencias condenatorias. Es decir, aquí nuevamente, como en los otros dos temas, la impunidad es la norma.
En resumen, es la impunidad la que alimenta delitos como la corrupción, el huachicoleo y las agresiones a periodistas. De nada servirán más actos protocolarios en los que el Presidente se rodee de gobernadores y funcionarios para hacer declaraciones grandilocuentes si, en la práctica, no ocurre nada que demuestre, de manera fehaciente, que estos delitos están siendo combatidos.
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