CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Después de enfrentar un juicio durante 3 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la masacre de 72 migrantes el 24 de agosto de 2010 en San Fernando es una grave violación de los derechos humanos. Ahora, con la nueva conclusión, la PGR y la Comisión deberán hacer públicos los expedientes del caso.
La resolución de la CNDH es producto de la sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa notificó la conclusión del caso el pasado 20 de junio de 2017.
En enero de 2014, la FJEDD solicitó a la CNDH la versión pública del expediente de queja número CNDH/5/2010/4688/Q, relacionado con dicha masacre. Sin embargo, la Comisión determinó que la información era confidencial. La organización de la sociedad civil alegó que tenía derecho al expediente, puesto que ya se había emitido recomendación 80/2013. Ante la negativa interpuso un amparo contra la declaración de reserva.
Transcurrieron tres años, el 24 de mayo de 2017, la Segunda Sala de la SCJN determinó que la “CNDH tiene la facultad para calificar cuándo un caso constituye graves violaciones a los derechos humanos”. Los magistrados establecieron que de confirmarse la clasificación, y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el expediente no podría ser confidencial.
La FJEDD representa a las señoras Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, madre y hermana, respectivamente, de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio, quienes fueron asesinados en territorio tamaulipeco. En una acción paralela, en agosto de 2016, la Primera Sala de la Corte ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar copias del expediente y de las averiguaciones previas de la masacre a las parientes de las víctimas.
Berpila Parada y Alma Realegeño reclamaron violaciones por fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación han caracterizado estos terribles acontecimientos.