Si las tendencias se mantienen, para México 2017 será el año más violento de este siglo, superando al fatídico 2011 cuando se dispararon todos los índices de la inseguridad.
En aquel año, hasta mayo se habían cometido 9,466 homicidios dolosos en el país y para diciembre la cuenta cerró en 22,582 asesinatos. Mientras que al mes de mayo pasado ya sumaban 9,916 crímenes. Es decir hemos vivido los cinco meses con más muertes violentas desde que se cuenta con un registro medianamente confiable como el del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre de las cifras registradas por las procuradurías locales.
En Tamaulipas, este 2017 sí ha resultado más violento que el anterior, pero con menos asesinatos que los peores años de las guerras delincuenciales. Hasta mayo se cuentan 252 homicidios contra los 226 del mismo periodo del 2016. Pero en 2012 por poner un ejemplo, llegaron a contarse hasta 413 crímenes en los primeros cinco meses.
Es decir, el país enfrenta la peor crisis de inseguridad de los últimos tiempos y Tamaulipas no ha podido escapar del círculo vicioso de enfrentamientos y ejecuciones.
Si el gobierno de Calderón provocó esta ola de violencia, el de Peña Nieto no ha podido siquiera acercarse a contenerla. Todo lo contrario, algo está haciendo muy mal, al grado de que la ha empeorado.
¿Qué tiene que pasar para que mejoren las condiciones de seguridad en México? Resignarnos a explicar la barbarie por nuestra situación geográfica o las condiciones socioeconómicas de la región, resulta francamente triste.
El año entrante el país llega a una nueva cita con la historia, pero nada hace pensar que entre los posibles presidenciables hay alguno que garantice abatir los índices de violencia.
Quienes corren detrás de las candidaturas parecen obsesionados con alcanzar al poder, tan distraídos en el golpeteo político que ninguno ha tenido oportunidad de bosquejar una propuesta que nos permita ser optimistas.
Da escalofríos la posibilidad de volver al calderonato y de López Obrador no hemos escuchado más que vaguedades cuando se le pregunta cómo va a mejorar las condiciones de seguridad. Del PRI, ni hablar.
En ese contexto, el panorama de Tamaulipas luce complicado: la estrategia federal para pacificar a la entidad no ha funcionado y podemos enumerar muchas razones, pero las principales son la falta de compromiso del Gobierno federal, y la incapacidad de las autoridades locales para gastar eficientemente los recursos en depurar y crear cuerpos policiacos confiables.
No podemos seguir dependiendo de la disponibilidad de militares, marinos y policías federales, porque Tamaulipas no puede extraerse de la realidad nacional. Los grupos criminales se han dividido en células microlocales, pero siguen respondiendo a factores regionales.
Si en el 2010 eran dos los grupos que sembraban el terror en la entidad, ahora hay que usar más de una mano para contarlos, y lo mismo ocurre en todo el país.
Cuando hace algunos años se hizo evidente que México atravesaba por una crisis de violencia, los expertos hablaban de un par de décadas para acercarnos a una solución. Pero si a la mitad de ese periodo, la situación ha empeorado, dicho pronóstico parece un ejercicio de optimismo inútil.
Si los gobiernos de todos los niveles siguen empeñados en voltear a otra parte antes de aceptar y enfrentar la situación; si el desarrollo económico se mantiene estancado condenando a millones de mexicanos a seguir en la pobreza; si la corrupción permanece enquistada en las estructuras de gobierno, lo que a su vez permita que la delincuencia las siga penetrando, lo más seguro es que en efecto, 2017 cerrará como el año más violento de los últimos 20 años.
Pero también es casi seguro que el 2018 romperá otro récord, y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, compararnos con Venezuela pierda su efectividad política. ¿Podemos estar peor?
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