GUANAJUATO, Guanajuato.- Adolescentes desaparecidas, otras embarazadas como producto de violaciones cometidas presuntamente por uno de los responsables del albergue, recién nacidos entregados en adopción a parejas estadounidenses de manera irregular y a cambio de dinero, son algunas de las graves anomalías que se acumulan a los hallazgos detectados en los centros de asistencia de la organización Ciudad del Niño de Salamanca fundados y manejados por el sacerdote
Pedro Gutiérrez Farías.
Testimonios de vecinos, profesores, e incluso de adolescentes que escaparon de la Ciudad del Niño y la Ciudad Juvenil, (ambos centros manejados por el sacerdote católico y con domicilio de Salamanca) fueron recabados en un informe del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (NIMA), en el que se ratifican además las omisiones cometidas por distintas autoridades, desde los municipal y estatal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las procuradurías de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, de Justicia del Estado y la de los Derechos Humanos
del Estado.
Tanto NIMA como la Red de derechos de la infancia (Redim) han apuntado a la ineficacia y una red de corrupción desde instancias oficiales que registraron maltratos, abusos sexuales, registros en actas de nacimiento de menores violatorios de la ley y otras anomalías, sin que procedieran para frenar estas situaciones.
Ni para que se investigara y sancionara a los responsables señalados por las propias víctimas, principalmente el sacerdote Pedro Gutiérrez y su principal colaborador, Martín Bermúdez, además de un grupo de monjas.
A cargo de la supervisión de estos centros de asistencia social (obligados por la Ley general y la Ley estatal de protección de niños, niñas y adolescentes) figuran el Sistema DIF, cuyo director estatal, Alfonso Borja Pimentel, es comunicador de profesión y fue Presidente Municipal de Jaral del Progreso y funcionario de la Secretaría particular del gobernador Miguel Márquez, antes de que éste lo designara Director del DIF.
El otro funcionario directamente responsable, Rolando Gaytán Vera, actual procurador de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, comenzó su carrera pública como policía municipal en Jaral del Progreso, corporación donde fue ascendiendo hasta ser Director de la misma en el trienio de Alfonso Borja (2009-2012), quien ya al frente del DIF lo integró a su equipo.
El NIMA incluyó en su informe dos testimonios. Relataron que hicieron denuncias a alguna de estas instancias sobre lo que ocurría con los menores y adolescentes en la Ciudad del Niño “y en cuanto mencionábamos el nombre nos colgaban y nunca nos volvían a contestar las llamadas”.
“En un testimonio queda expresado que una de las personas que ejecuta los traslados cuando hay adolescente embarazadas es Martín Bermúdez: inclusive sabe que cambian a las niñas de un lado a otro para cuando van ustedes a investigar, ya sea con otras personas, el DIF, o cualquier cosa; las cambian, ya que ve que tienen en Moroleón, Morelia; tienen varias casas, tienen en Irapuato.
Ahí el que las trata más mal es Martín, se embarazan y ya cuando se aliviaban viene gente del otro lado y les dan en adopción a los niños, claro, dándoles una buena tajada de dinero”.
Otros testimonios refieren que el sacerdote realizaba reuniones en las cuales ofrecía a las adolescentes en prácticas de explotación sexual, señala NIMA, que
de manera indirecta tuvo acceso al testimonio de una menor que escapó de la Ciudad del Niño, y narró haber ocultado su embarazo para escapar, pero cuando salió y dio a luz, fue localizada y obligada por Martín Bermúdez mediante amenazas a entregarle a su hija, “porque la niña era de la Ciudad del Niño”.
NIMA responsabiliza al Gobierno del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra estas adolescentes.
Como parte de las conclusiones y alertas resultadas de este informe, el director de NIMA, Raymundo Sandoval, consideró fundamental revisar la legalidad de las adopciones realizadas por la Ciudad de los Niños, sobre todo a parejas extranjeras.
Además, en esta investigación se toparon con la denuncia que desde fines de abril hizo la regidora Leticia Martínez, de San Luis de la Paz, en una sesión del Ayuntamiento de dicha ciudad, en la que expuso la desaparición de dos menores que fueron canalizadas por el DIF municipal a la Ciudad del Niño. “La Procuraduría de los Derechos Humanos inició el expediente 46/17-D y el Ministerio Público 6 de Salamanca inició la carpeta de investigación 21178/2017 por la
desaparición de las dos personas menores de edad”.
También el DIF municipal, responsable de la custodia de ambas menores, interpuso una denuncia por la que se abrió la carpeta 27325/2017.
En las referencias recabadas por la asociación se ratifican los datos presentados a la juez Novena de Distrito, Karla Macías Lovera, cuya sentencia de amparo emitida a principios de junio pasado puso en evidencia lo que pudo haber ocurrido durante los casi 40 años que tiene de haber sido fundada la Ciudad del Niño por el sacerdote católico, mismo que hasta la fecha no ha sido indiciado ni involucrado en una sola acusación, como reconocieron autoridades guanajuatenses en una reunión efectuada la semana pasada en la Procuraduría General de la República.
El informe coincide con otros datos contenidos en la sentencia de la juez Macías Lovera: profesores de varias escuelas de educación básica de Salamanca a donde acudía a estudiar los alumnos de la Ciudad del Niño había detectado y en diversas ocasiones reportaron a sus superiores de la Secretaría de Educación y al propio DIF casos de maltrato y abusos, y tampoco lograron que se moviera un dedo en contra del padre Gutiérrez.
