El 24 de agosto del 2010, llegó hasta el Hospital General “Doctor Alfredo Pumarejo” un joven de origen ecuatoriano para ser atendido, sus lesiones eran por arma de fuego, pero los médicos aseguraron que se salvaría…lo que a su arribo nadie se imaginaba era que si bien sus heridas corporales cicatrizarían, las que dejaría en la sociedad no solo de Tamaulipas, si no del mundo serían para siempre…
EXPRESO estuvo ahí, con Luis Fredy y aunque en un principio su historia de terror parecía producto de su mente afectada por las heridas, las horas caminadas, la sed y el hambre, los elementos de la Marina que lo trasladaron al Hospital confirmarían horas más tarde que lo que había declarado era solo una parte de una pesadilla que aún no termina por desaparecer de la región.
A siete años y sin afán de abrir nuevas heridas, recordamos la historia de Luis Fredy y las 72 víctimas de esta barbarie…
SAN FERNANDO, Tamaulipas.- “Fue una masacre…los mataron a todos, fue horrible”, dijo con voz apenas audible Luis Fredy Lala Pomavilla, un joven de 18 años que formaba parte de un grupo de 76 indocumentados que fueron capturados, torturados, fusilados por los Zetas en una casa de seguridad de San Fernando, Tamaulipas.
El sobreviviente permanece en la sala de terapia intensiva del Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, custodiado por agentes de la Policía Federal
Preventiva, pero fueron elementos del Sector Naval los que lo llevaron al nosocomio a bordo de una ambulancia desde aquella ciudad.
Presenta un impacto de bala en las cervicales que le salió por el pómulo derecho.
También sufrió fractura de la clavícula izquierda.
“Creyeron que yo estaba muerto, escuché muchos gritos y yo ni me quejé para que se fueran y no me remataran”, expresó.
Eso fue lo que le salvó la vida.
Aprovechando que los sicarios se retiraron, él reunió fuerzas de flaqueza, caminó hasta llegar a un ranchito, pero a pesar de que les suplicó a los moradores, éstos se negaron a ayudarlo por temor a represalias.
Siguió su marcha hasta encontrarse con una patrulla de marinos.
Les pidió ayuda y éstos en una ambulancia lo trasladaron al hospital en donde permanece en estado crítico.
Narra que en un afán por encontrar una mejor vida decidió emigrar de Ecuador y su destino era Nueva York.
Desgraciadamente cayó en manos de esa organización criminal que lo despojó del escaso dinero que traía.
Junto con 75 personas más los mantuvieron en cautiverio y los presionaban para que aceptaran formar parte de los Zetas.
EL CONTRATO
Luis Fredy revela que él era parte de los 76 indocumentados de Centroamérica, Brasil y Ecuador que pretendían cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.
Después de 15 días llegaron a San Fernando y en una brecha fueron interceptados por tres camioneta de reciente modelo.
Los obligaron a detener su marcha.
Los interrogaron y los ilegales comentaron que únicamente iban de paso, que su intención era llegar a Estados Unidos.
“Nos ofrecieron trabajo como sicarios.
Querían pagarnos mil dólares a la quincena, pero como nosotros no nos dedicamos a eso, nos dio miedo”, dijo.
“Nos tuvieron toda la noche atados de las manos con cables y nos cubrieron los ojos con papel de baño.
Ya en la mañana nos volvieron a hacer la misma pregunta, pero como les respondimos lo mismo, uno de los que parecía era un jefe, ordenó que nos mataran.
Escuché muchos disparos y perdí el conocimiento, cuando desperté me dolía la cabeza y el cuerpo, pero no quise hacer ruido porque tenía miedo que me remataran.
Abrí los ojos y vi a todos mis compañeros que estaban muertos y había mucha sangre.
Caminé hasta llegar a un ranchito pero no me quisieron ayudar, la gente decía que no quería meterse en problemas.
Gracias a Dios me encontré con los marinos y ellos me trajeron aquí”, explicó el ecuatoriano.
Ahora lo único que desea es retornar a su país de origen para reponerse de la amarga pesadilla que vivió.
ENFRENTAMIENTO
Al recibir la denuncia del sobreviviente, elementos de la Armada de México se trasladaron a las inmediaciones de un rancho de San Fernando, Tamaulipas para investigar el dicho del ecuatoriano.
Fueron recibidos por una lluvia de balas, fallecieron un marino y tres sicarios.
Atraparon a un presunto delincuente, menor de edad que fue puesto disposición de la Procuraduría General de la República.
Otros hombres armados huyeron en varios vehículos. En el lugar fueron aseguradas 21 armas largas tipo carabinas M-4 calibre 5.56, más 3 fusiles AK-47 calibre 7.62, más siete escopetas calibre 12, cinco rifles calibre 22 y 101 cargadores para arma de fuego de diferentes calibres, además dos cintas de munición, 1649 cartuchos de diferentes calibres, cuatro chalecos antibalas, uniformes camuflados, fornituras y un casco.
También cuatro camionetas entre las que destacaban una de características clonadas con matrícula apócrifa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A 22 kms. al Este Noreste de San Fernando fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas entre ellos 58 hombres y 14 mujeres. El agente del Ministerio
Público Federal tomó conocimiento de los hechos e inició una averiguación previa PGR/TAMPS/MAT-III/2294/2010 por los delitos de homicidio y lo que resulte.
Con dudas y sin justicia ya suman siete años
AGENCIAS
A siete años de distancia, todavía hay muchas dudas en la investigación de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes centro y sudamericanos.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han logrado dar claridad a la indagatoria.
Y de los ocho detenidos ligados a estos hechos ninguno se encuentra sentenciado.
Por el contrario, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), denunció que las familias de las víctimas de la masacre ocurrida en el rancho El Huizachal, en 2010, siguen sin tener acceso a los expedientes a la fecha.
Además, no está claro aún quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales, y, por si fuera poco, hay 10 restos sin identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos.
En conferencia de prensa en el Museo Memoria y Tolerancia, Delgadillo, quien representa legalmente a algunas familias, comentó que antes de emprender una nueva acción legal para transparentar la investigación sobre la muerte de 58 hombres y 14 mujeres, esperarán a que se venza el plazo que tiene el Comité de Información de la CNDH para entregar los expedientes, el cual termina a fin de este mes.
A la FJEDD le interesa de sobremanera tener en la mano el expediente del caso, pues con ello esperan conocer la línea de investigación que siguió –y sigue– la PGR, amén de que podrán conocer los nombres de autoridades federales, estatales y municipales involucradas en la violación a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
Lorena Delgadillo también señaló que hace 15 días se detuvo a otro sospechoso de la masacre, sin que la PGR notificara a la defensa, como se había comprometido.
“Requerimos un poder judicial fuerte, sólido e independiente para que sea contrapeso de las violaciones que sufren las familias”, manifestó. En el encuentro participaron también Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Ana Cristina Ruelas, y Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional y familiares de las víctimas.
En la rueda de prensa, Carmen Solórzano denunció que después de siete años siguen sin ser identificados 10 de los 72 cadáveres y, que no existe certeza jurídica de que los cuerpos hayan sido entregados a sus verdaderas familias.
A la fecha, el caso sigue abierto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Por todo ello, los familiares de las víctimas no han podido recibir la reparación del daño correspondiente.
Fue el caso San Fernando un parteaguas
Por Rosy Pereda Rangel
Para la iglesia católica, la masacre de los 72 migrantes centroamericanos fue un parteaguas, pues se hizo visible una problemática que estaba presente y que persiste en el maltrato a quienes tratan de llegar a los Estados Unidos de manera indocumentada.
“La muerte de los 72 migrantes en San Fernando que fue en el 2010 trajo para todos nosotros una explosión de información de todo lo que estaban viviendo los migrantes, pero que ya se sabía y que ya se había dicho”, declara el padre Francisco Gallardo López, responsable de la Pastoral Social de la Diócesis de Matamoros. Para él la problemática de secuestro, violencia y muerte en contra de los migrantes era un tema que ya estaba presente pero “la muerte de tantísima gente, 72 son muchos, eso fue lo grave”. A siete años de esa tragedia que enlutó no solo a los hogares de los muertos, si no a toda la sociedad, considero que el caso San Fernando fue un parteaguas pues a partir de ahí comenzaron a surgir otros temas.
“La persecución de los migrantes, el aspecto de callar voces, que no se dijera nada, el aspecto de los familiares de los y las migrantes masacrados, esa situación sí es gravísima para todos los migrantes”, señaló.
Expresó que para quienes ya murieron, para sus familias que no han curado la herida y que siguen todavía en situaciones graves, aún falta mucho para que llegue la justicia, sin embargo, precisó hay instituciones y colectivos de derechos humanos que están trabajando fuertemente en ese aspecto para los migrantes masacrados.
“Creo que sí es el antes y después, pero es una situación que sigue siendo grave, fue un parteaguas pero la situación sigue siendo muy difícil para los migrantes”, finalizó.
Se reunieron sacerdotes con familias
Por Reyes Vázquez
“La tierra que ayer fue maldita, hoy es bendita al ser cubierta por la sangre de nuestros hermanos que hace siete años fueron masacrados en este lugar”, señalaron los padres católicos y a la vez activistas de derechos humanos, al visitar este jueves por la tarde, la bodega donde la noche del 23 de agosto del 2010, fueron asesinadas 72 personas originarias de Centroamérica, que llevaban la intención de cruzar al vecino país en busca de una mejor oportunidad de vida.
Los padres Pedro Pantoja, encargado de la Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila; Luis Eduardo Zavala, representante de la parroquia ubicada en Santa Catarina, Nuevo León; Tomás González, representante del albergue 72, ubicado en Tenosique, Tabasco; Hernán Astudillo, originario de Ecuador, pero radicado en Toronto, Canadá; así como el vicario José Carmen Flores Torres, de la Diócesis de Matamoros, acompañados de los Visitadores Adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alfredo Hoyos Aguilar y Guillermo Esparza Guevara, arribaron al filo de las 15:00 horas a la Parroquia de Guadalupe, donde fueron recibidos por el padre Mario Márquez, para oficiar una oración y posteriormente trasladarse al sitio donde ocurrieron los hechos.
Antes de partir al lugar donde hace siete años el padre Pedro Pantoja, dijo lo siguiente, “las familias de las víctimas no han encontrado consuelo, demandan la aplicación de la justicia, no han perdonado aun y no lo harán hasta que les respondan a su pregunta, ¿el porqué los mataron?”.
Aparte de exigir la aplicación de todo el peso de la ley para los responsables, el párroco Pantoja, dijo que a la vez se exige castigo para los funcionarios, que no solo cometieron omisiones graves en las investigaciones que se realizan sobre estos hechos, sino se convirtieron en cómplices al no hacer en una forma eficiente el trabajo que les correspondía.
Los familiares de las víctimas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, entre otras nacionalidades, no están conformes con el avance de las investigaciones y reclaman la aplicación de la justicia para quienes participaron en esta matanza.
Posteriormente y escoltados por tres unidades de la Policía Ministerial del Estado y Unidad General Investigadora, se trasladaron al rancho denominado “El
Mezquite”, ubicado a diez kilómetros del libramiento de tráfico pesado, donde se ubica la bodega que fue utilizada para asesinar con disparos de arma de grueso calibre a los 72 indocumentados, logrando salvarse uno más que fue el que dio aviso a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, que tenían un retén y demandar atención médica.
En el lugar donde se cometió la masacre, los sacerdotes hicieron una oración, bendijeron la tierra, la besaron, posteriormente recogieron pequeñas porciones para llevarla ya bendecida, toda vez que el viernes se reunirán con familiares de las víctimas, en Tenosique Tabasco.
En ese lugar el Fray Tomás González, dijo que en el 2012, cuando vinieron acompañados de los familiares de las migrantes con cemento taparon los orificios que dejaron las balas disparadas por las armas de grueso calibre que asesinaron a los indocumentados que su único delito fue buscar un nivel de vida en el vecino país.
