CIUDAD VICTORIA, Tamauliaps.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera temporal parcial a la empresa Industria de Motores Eléctricos, S.A. de C.V., en Altamira, Tamaulipas, por el manejo inadecuado de residuos peligrosos en sus instalaciones.
Durante la visita de inspección se encontró un manejo inadecuado de los residuos peligrosos generados en su proceso de fabricación de motores eléctricos, lo cual contraviene las disposiciones previstas en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de su Reglamento.
Entre otros hechos, se pudo observar que las aguas y lodos residuales generados en el área de galvanoplastia donde se realiza el proceso de lavado de las piezas metálicas empleando sustancias químicas como sosa caustica y ácido nítrico, son vertidos en fosas de captación y no como indican la normatividad ambiental aplicable.
De igual forma se constató que la empresa no caracteriza sus residuos de acuerdo con lo que establece la NOM-052-SEMARNAT-2005 para su manejo adecuado disponiéndolos en las fosas de captación.
Debido a que excedió la capacidad de almacenamiento de estas fosas, los residuos acumulados se derramaron, provocando la afectación de una superficie de 600 m2 de suelo natural. La empresa no ha efectuado la caracterización del daño ni la remediación del sitio.
Además se constaron irregularidades como no contar con almacén temporal de residuos peligrosos, carecer del registro como empresa generadora de residuos peligrosos y no haber presentado la Cedula de Operación Anual (COA) ante la SEMARNAT.
Por ello, además de la clausura, la PROFEPA dictó medidas correctivas para controlar y prevenir la contaminación ambiental originada por el manejo inadecuado de los residuos peligrosos.
La PROFEPA dará seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas para que se realicen en los plazos establecidos y que la empresa subsane las irregularidades en que incurrió en materia ambiental y al final del procedimiento administrativo iniciado, se le impondrán las sanciones económicas correspondientes.