El drama de Venezuela ha pasado de ser un asunto interno, a convertirse en un eventual conflicto entre Estados. Cuando Donald Trump espetó, en su estilo bravucón: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, y no voy a descartar una opción militar”, la comunidad internacional reaccionó frente al alcance de la amenaza proferida, muy distante de los métodos turbios de Kissinger para derrocar regímenes no deseados por Washington y una grotesca caricatura de la crisis de los misiles en el contexto de la Guerra Fría.
El portavoz del Pentágono acotaría más tarde que sólo eran “insinuaciones de invasión” y el asesor de seguridad nacional descartaría la intervención militar. Ello no exime de responsabilidad al jefe del Ejecutivo, conductor de la política exterior de su país. Su intimidación vulnera el Artículo 2, numeral 4 de la Carta de San Francisco: “los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Según los artículos 24, 33 y 34 de la Carta, el Consejo de Seguridad deberá ocuparse del asunto y convocar a los actores involucrados, esto es, al gobierno amenazante y al amenazado. Según el artículo 39, el Consejo determinará el peligro para el quebrantamiento de la paz y decidirá qué medidas serán tomadas, de conformidad con los artículos 41 y 42, que podrían llegar a la utilización de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas.
Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre la situación de Venezuela –hay quienes afirman que “si cae Maduro, cae la humanidad”, y quienes lo comparan con el coronel Gadafi- parece evidente que es indispensable evitar la guerra civil abierta, tanto como una intervención militar extranjera. La intrusión inadecuada de la OEA condujo a un callejón sin salida. Mientras que el Secretario General Almagro asumió el papel de Torquemada, el Consejo de la Organización no pudo llegar siquiera a una recomendación al gobierno venezolano. Por razones de dependencia energética, afinidad ideológica o férreo apego al principio de no intervención, la mayoría de los Estados de la región rechazaron las medidas que pretendían imponer los Estados Unidos, en compañía de otros países como México. De poco valió la invocación de la Carta Democrática frente al principio universal (Resolución 38/10) de la Asamblea General de la ONU, que establece el derecho de todos los Estados a determinar su propia forma de gobierno sin intervención extranjera, coerción o limitación alguna.
En ocasión semejante la diplomacia mexicana bregó intensamente porque el conflicto derivado de la Revolución Nicaragüense saliera del ámbito regional y entrara al del Consejo de Seguridad -primera vez en la historia en que esto ocurría tratándose de la agresión a un país Latinoamericano-. La Resolución 562 del Consejo en 1985, a efecto de evitar el veto norteamericano, transfirió la cuestión a la Corte Internacional de Justicia en la que se probaron actos violatorios del derecho internacional, como el apoyo a grupos subversivos y bandas armadas y el minado de puertos por la potencia agresora, que fue condenada por ese Tribunal. México también promovió junto con los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela, el Grupo de Contadora y más tarde el grupo de Amigos de Contadora para coadyuvar en los procesos de pacificación de Centroamérica, que finalmente condujeron al Acuerdo de Paz de Esquipulas, y en el caso salvadoreño, al fin de la guerra que fue suscrito por los bandos contendientes en el Castillo de Chapultepec.
Recordemos que en estos empeños diplomáticos contamos con el apoyo expreso de todos los grupos regionales. La ONU tiene hoy la responsabilidad de abocarse al restablecimiento de la paz. Por una parte el Consejo de Seguridad recibió la solicitud venezolana para decretar el embargo de armas a dicho país, sobre el que debe pronunciarse para reducir los riesgos de una confrontación aún más sangrienta. Por otra parte el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha recomendado al gobierno venezolano respetar el resultado del referéndum, lo que equivaldría a decretar un estado de beligerancia. Al final del día el conflicto sólo podrá resolverse a través de la mediación y el respeto al derecho internacional.
