Ganar la lucha a la delincuencia y restablecer la paz, oferta de FJGCV
Omisión, complicidad y corrupción marcaron a exgobernadores priistas
En manos de la Coparmex y Egidio Torre Cantú, equipo anticorrupción
Almaraz Smer se mete de lleno a la reparación de baches en la ciudad
Guajardo traicionó a campesinos en el movimiento de libertad y justicia
Cuando asumió la gubernatura, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se comprometió acabar, de una vez por todas, con las viejas prácticas de la simulación, el abuso y la discrecionalidad –él mismo lo reconoce en su mensaje del primer año de labores–, a fin de recuperar la confianza de la sociedad y con ella, unidos, trabajar para restablecer la paz, el orden y el estado de derecho, porque “es una realidad que las prácticas autoritarias del pasado afectaron todos los ámbitos de
la vida estatal, perjudicando a los sectores público, privado y social”, expuso.
Y así sustenta su acusación:
a) Encontramos instituciones públicas alejadas de los intereses de la sociedad y dirigidas a privilegiar intereses particulares y de grupo;
b) Descubrimos una presencia gubernamental débil, por no decir inexistente, en las calles, los barrios, en varias de nuestras comunidades o municipios;
c) El desmantelamiento institucional afectó su funcionamiento y se generaron abusos, omisiones y actos de corrupción que afectan la confianza y credibilidad en el Gobierno;
d) La ausencia de autoridad provocó vacíos, que fueron ocupados por intereses particulares asociados a grupos criminales;
e) Se identificó un manejo discrecional de los recursos públicos y una administración irresponsable de las finanzas estatales, lo que ha generado un incremento considerable en la deuda pública heredada, que asciende a 17 mil millones de pesos. Pero más allá del endeudamiento lo cuestionable es saber dónde fueron aplicados esos recursos, porque no se reflejan con la realidad que hoy tiene Tamaulipas en materia de rezago. Este manejo abusivo de los recursos públicos afectó la implementación de programas sociales y la realización de proyectos de infraestructura pública y urbana, generando mayor pobreza y condenando a miles de tamaulipecos a vivir en la marginación;
f) El diagnóstico en materia social heredado no es favorable. Más del 30% de la población se encuentra en pobreza extrema. Esto equivale a 1 millón 150 mil tamaulipecos que viven en esa condición. La exclusión y marginación se traduce en que más de 2 millones de tamaulipecos, al inicio de la administración, padecían al menos una carencia social;
g) La cobertura en materia de seguridad social no ha sido suficiente. Se estima que 1 millón 500 mil personas no tenían acceso a la seguridad social, de las cuales, al menos 500 mil tamaulipecos, no tenían la posibilidad de acceder a los servicios de salud;
h) No existía una política pública de atención a los jóvenes, a quienes se dejó a su suerte y, lo que es peor, se les orilló a tomar caminos sin rumbo;
i) El antiguo régimen no fue capaz de generar los empleos que se necesitaban;
j) Hubo gobiernos que durante muchos años se alejaron de las causas comunes para conducirse con discrecionalidad y manejar electoralmente la política social. Gobiernos ausentes de los problemas que diariamente vive la gente y que contribuyeron al espiral de violencia que padecemos;
k) En materia de seguridad, Tamaulipas se encontraba en un estado de emergencia, que puso en evidencia la omisión, complacencia y la complicidad de gobernantes que toleraron todo de las organizaciones criminales que actuaban con impunidad, lo mismo en las zonas urbanas que en la rural;
l) Se recibieron instituciones de seguridad debilitadas y de un universo de 9 mil elementos de policías estatales que requería Tamaulipas, recibimos esta corporación con sólo 2 mil 700 elementos y sospechosamente nunca se llevó a cabo de manera permanente el reclutamiento para fortalecer estas instituciones;
m) Se dejó de invertir en el recurso humano y en el equipamiento para las corporaciones encargadas de la seguridad pública y dejaron también de atender factores estructurales como la pobreza, la marginación, la carencia alimentaria, la insuficiencia en la cobertura de los servicios de salud, el rezago educativo, entre otros;
n) También identificamos que una gran cantidad de desplazados por razones de inseguridad y violencia eran de Tamaulipas. El 22 por ciento de los desplazados a nivel nacional eran de nuestro estado; y
o) Se estima que el 90% de los delitos no se denuncian, debido a la falta de credibilidad y confianza en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Esta confianza tiene y debe ser recuperada y estoy seguro que lo vamos a lograr.
Recuento
El contenido del primer informe de Gobierno que ya obra en poder de los diputados locales (para su análisis) plasma un recuento puntual de todas las acciones emprendidas a lo largo de doce meses. Y como esencia del ejercicio aparecen los tres ejes (estratégicos) en que está dividido el Plan Estatal de Desarrollo: 1) Seguridad ciudadana, 2) Bienestar social, y 3) Desarrollo económico sostenible.
De su contenido me ocuparé en colaboraciones posteriores, pues al momento no cuento con elementos de análisis.
Empero, hay que recordar que durante este su primer año –al frente del Poder Ejecutivo de Tamaulipas–, el mandatario tuvo que superar las numerosas dificultades heredadas de su antecesor; el descontento generalizado a causa de las medidas draconianas impuestas dizque para restablecer los equilibrios y sanear los vicios que padecía la administración pública.
Sin embargo, los avances programáticos en torno a la construcción de un nuevo Tamaulipas y los alivios sustantivos a favor de los sectores sociales más vulnerables, han permitido paliar en parte los efectos de tal crisis, aunque hay sectores aún desatendidos por la incapacidad de algunos funcionarios públicos que no han logrado aterrizar los programas gubernamentales.
Como fuere, considero que el primer informe de gobierno incluye las medidas correctivas que tuvieron que tomarse para caminar por el sendero correcto en los asuntos políticos, económicos y sociales.
De ahí que el panorama general del estado hoy ofrezca la impresión de que se ha modificado en forma importante, pues una cantidad de asignaturas que permanecían estancadas o metidas en círculos viciosos se han destrabado, fluyendo e indicando el inicio de un nuevo ciclo.
El balance de este primer año de Gobierno, por tanto, asoma etapas de retos y dificultades, que se han ido traduciendo en signos alentadores de recuperación, y permite prever un mejor futuro.
Así, después de los primeros meses plagados de obstáculos por lo que a los emisarios del pasado se refiere, su uso de tácticas de chantaje y/o contestatarias, principalmente, se nota que hay la voluntad oficial para avanzar, por fin, en el terreno del buen entendimiento; y se ha restaurado la legalidad que así sepulta el clima de desacuerdo e inconformidad que privó entre los principales actores políticos a lo largo de muchos años.
Por otra parte, después de varios meses en que se hizo necesario dialogar para restaurar la unidad, el divisionismo no sólo ha disminuido en su nivel de virulencia e intensidad, sino que se ha sabido encauzarlo y conducirlo por el terreno de la legalidad, con sus altas y bajas.
Con ello también se ha evitado caer en el clima de anarquía y caos generado por la insurrección de algunos nostálgicos del poder, restaurando la confianza de los tamaulipecos en la vigencia del orden institucional y en la estabilidad estatal.
Lo que viene
Una vez demostrada su experiencia en la administración pública, el Gobernador podría avocarse a la consolidación de su proyecto político-administrativo con el enroque o cambios en su equipo de trabajo.
Y más porque ya transitamos en un interesante proceso electoral, para designar Presidente de la República, senadores, diputados federales y ayuntamientos, en cuanto al estado se refiere.
De los funcionarios que se irán, habrá quienes dejen la administración pública por cuestiones políticos-partidistas, pero otros merced a su ineficiencia, ineficacia, ineptitud e incapacidad, que son cuatro males que no comulgan con el régimen de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
¿Anti-corruptos, corruptos?
La Iglesia, en el futuro inmediato, estaría en manos de Lutero.
Lo advierto porque el Sistema Estatal Anticorrupción, que iniciará su período primario con 9 ciudadanos, de entrada, hoy es harto cuestionado por haberse impuesto su majestad, ‘el dedo’, a la voluntad ciudadana.
Y así lo confirma el hecho de que el comité selectivo de aspirantes a formar parte del primer grupo anticorrupción se haya canteado por lo que en el Casino Victorense le plantearon, en la mesa, integrantes de un clan oscurantista (como es ‘Claroscuro’), alentado por la Coparmex y la gente más cercana al ex gobernador Egidio Torre Cantú.
A la mano conservo el currículo de cada uno de ellos. Y sé, bien que sé, que algunos (en su momento y circunstancia) estuvieron ligados a los ex mandatarios que hoy tanto desprecia el gobernador tamaulipeco.
O sea, fueron copartícipes de la corrupción –aunque indirectamente, podría pensarse, pero la sentencia popular dicta que: ‘tanta culpa tiene el mata a la vaca como el que le agarra la pata’–, y aun así se les concedió la responsabilidad de seleccionar a cinco integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (entre 32 aspirantes), soslayando títulos académicos en la mayoría de los casos, experiencia en su desarrollo profesional –ajena al servicio público y político–, conducta ciudadana, patrimonio (logrado con esfuerzo propio), propuestas y honorabilidad.
En fin, la decisión toca avalarla al Congreso estatal.
¡Ah!, pero como éste se conduce, lo más seguro es que solape que, al menos por ahora, sean la Coparmex (léase Jorge Pensado Robles) y la familia Torre quienes asuman el control del nuevo cuerpo colegiado.
Guajardo, el traidor
En la gesta revolucionaria, cuando los campesinos de México lucharon al lado de Emiliano Zapata en busca de libertad y la repartición de tierras (a que siempre han tenido derecho, por su trabajo mismo), surgió el coronel Jesús María Guajardo Martínez (oriundo de Candela, Coahuila), como un mediador entre los alzados y el Gobierno de Venustiano Carranza, quien le diera golpe de Estado al usurpador Victoriano Huerta.
Sin embargo, Guajardo traicionó a Emiliano, ‘El Caudillo del Sur’.
Y lo hizo en la hacienda de Chinameca (Morelos), donde le tendió la emboscada ordenada por Pablo González
Esto lo tienen presente los millones de campesinos que todavía hay en México.
Y más en corto los campesinos tamaulipecos, que poco le creen a la dinastía Guajardo.
Acudo al comentario porque (en la víspera) otro Guajardo, encabezó el aniversario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), sin haber hecho nada por los hombres del campo, pese a otrora haber presidido tal membrete en lo doméstico.
Algunos analistas refieren que el todavía dirigente, Florentino Sáenz Cobos, hasta el momento ha evidenciado su falta de oficio político por no haber atendido adecuadamente a los campesinos tamaulipecos.
Igual que su jefe nacional.
Y los mismo que el presidente Enrique Peña Nieto.
Cito lo anterior por creer que el nuevo dirigente priista adolece de un liderazgo en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos., que, también, nada significan para quienes hacen producir la tierra.
De cualquier forma no se puede soslayar que los membretes campesinos, durante décadas, también han causado serios estragos al sector.
Y cabe recordar que hasta 1970 el tipo de organización social, política y económica que manipulaba a los hombres del campo se ajustaba al corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bajo este esquema, precisamente, operaban las confederaciones Nacional Campesina (CNC), Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), y la Nacional Ganadera (CNG), que para el priismo cumplían métodos de control político y autoritario sobre los ejidatarios y propietarios rurales.
Pero todo por servir se acaba, reza un refrán popular, y a fin de no perder control por el descrédito en el que habían caído esos membretes, el mismo PRI –cuando estaba enquistado en el poder–, financió el surgimiento de otros grupos dizque defensores del agrarismo, como la unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos (UGOCM), la Confederación Campesina Independiente (CCI), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Con tres metas bien marcadas:
1) La regulación del acceso a los recursos naturales;
2) La legitimación de la representación social en las comunidades, los municipios y los estados; y
3) La planeación de la producción agropecuaria mediante el control de precios, la comercialización y la asesoría técnica.
Es obvio que el esquema resultó un fiasco, porque fuera de teorías y palabrería barata, en la práctica los campesinos resultaron mayormente explotados y se les utilizó, de entonces a la fecha, como carne de cañón en los procesos electorales.
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Caminante no hay camino
