CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La participación del Ejército y la Marina en combate a la delincuencia organizada, no durará más de un año, por lo que el gobierno Estatal tendrá que exponer las razones por las cuales pide su intervención.
Así lo establece la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior enviada al Senado de la República, donde detalla que los gobernadores tienen que explicar el lugar, el motivo y razones por las cuales se requiere la intervención de las fuerazas armadas.
“Esas peticiones se podrán hacer a través de los congresos de los estados o directamente del Ejecutivo, donde detallen las consideraciones que las motivan. En ellas tienen que describir los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior”, detalla el artículo 13 del proyecto de ley enviado al Senado.
La solicitud podrá ser emitida por el gobernador del Estado o por el Congreso de cada entidad federativa, el cual será turnado a la Comisión Nacional de Seguridad, el cual decidirá si se autoriza o no, el apoyo con las fuerzas armadas.
“El Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, decidirá la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, establece el artículo 12.
Dentro de la solicitud de intervención, se tendrá que explicar por parte de la autoridad estatal, la amenaza de seguridad interior, el área geográfica, sector de población, así como instituciones vulneradas, además incluir las estadísticas de delitos que amenazan a la entidad.
Las obligaciones a las que estarán sujetos los ayuntamientos y gobiernos de los estados, tras realizar la solicitud de intervención del Ejército y la Marina, son; prestar auxilio a las solicitudes realizadas por autoridades federales, además mantener la inversión en equipo e infraestructura en seguridad pública.
Entre las acciones que las fuerzas federales pueden realizar sin una declaratoria de Protección a la Seguridad Interior son; identificar y prevenir riesgos a la seguridad, sólo con la presunción de un hecho ilícito.
“Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, realizarán las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran”, detalla el artículo 26 del proyecto de ley.
