CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Ni el SNTE, ni ninguno de los sindicatos que reciben dinero público del gobierno estatal y los municipios cumplen con los requisitos que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
Aunque los artículos 22, 67 y 80 de la citada ley incluyen a los sindicatos como sujetos obligados y les exigen tener un sitio de Internet y transparentar y mantener al día informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad, entre otros deberes, ninguno los cumple.
El que más se acerca a la rendición de cuentas es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas (Sutspet), aunque en realidad el portal está vacío, no tiene el padrón de miembros, el salario que detenta la dirigencia y la aplicación de ingresos y egresos.
De hecho varios de los documentos fueron “rasurados” digitalmente y no contienen las letras que señalan qué tipo de formato es el archivo, por lo cual la mayor parte de la gente no podrá abrirlo, pues una computadora en forma automática no señalará que tipo de programa es el que lee el archivo.
Al ponerles la sintaxis de Excel (xls) para abrir los archivos estos resultan estar vacíos y en el caso del que debería contener la información programática y presupuestal se asegura que “este organismo sindical no está obligado a llevar un sistema contable de conformidad con el Conac.
“Sin embargo, en atención al principio de transparencia cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de nuestro estatuto interno, anualmente se presenta un informe en el cual se detallan las actividades de este organismo así como su estado financiero”, señalan.
La declaración es falsa pues la Conac o Consejo Nacional de Armonización Contable, ya emitió la normatividad desde 2014 y la Cacet, o Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas, mantiene los formatos que deben cumplirse en la página del Gobierno del Estado.
Cabe aclarar que el informe anual tampoco se encuentra disponible en la Internet, donde tampoco se podrán ubicar una página de transparencia de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni ninguno de los sindicatos municipales.
Los sindicatos que reciben dinero del Estado pueden seguir mermando los fondos para pensiones, realizando sin control préstamos personales, adquisiciones, gastos, evitar publicar las cuotas pagadas por los agremiados, y los subsidios otorgados por los gobiernos estatal o federal.
Al Sartet, no le salen las cuentas
El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas rinde pocas cuentas y no le salen bien.
Mientras asegura que la mayor parte de sus trabajadores son personal con “perfil profesional” que cobran en la nómina del Fondo Nacional de Educación, la nómina de dicho Afore o Administradora de Ahorro para el Retiro, se ha más que triplicado desde 2012.
Dicha nómina pasó de 3.7 millones en 2012 a 12.5 millones de pesos en 2012, mientras que el Fondo de Reserva Apenas se duplicó y mientras los ingresos se triplicaron, el interés ganados apenas crecieron 98 por ciento.
El Sartet asegura tener rendimiento de más del 13 por ciento, pero a esa tasa de interés el monto ganado habría sobrepasado el 200 por ciento en el mismo periodo.
Además el Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (Sartet) ha evadido su deber de presentar cuenta pública, pues se trata de una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) que recibe y maneja fondos públicos de trabajadores del Estado.
La legislación federal y la local en materia de fiscalización obliga a todos los organismos públicos, descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos o instituciones que administren fondos o valores públicos, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, a rendir una cuenta pública anual y estar sujetos a la fiscalización.
Los generales, que son los gastos o asignaciones destinados a cubrir todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones, servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades propias del organismo.
En 2012 el Sartet pagó 578 mil pesos por servicios generales, para 2015 ese gasto de servicios generales aumentó a tres millones 641 mil pesos, es decir seis veces.
Precisamente por ser una entidad pública, el Sartet no está regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que regula solamente a las Afore privadas y no existe legislación en Tamaulipas, excepto la Ley que Regula la Integración y Operatividad de las Sociedades Mutualistas para el Estado de Tamaulipas, sin reformas desde 2004.
Tampoco recibe el Sartet supervisión de la Secretaría de Hacienda, pero debería ser vigilada por el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
Un Fondo de Previsión son los recursos de los que se dispone para pagar pensiones o jubilaciones de personal, primas de antigüedad fondos de ahorro establecidos como una prestación laboral a favor de los trabajadores.
Temor a sanciones
Por temor a sanciones económicas, funcionarios de ayuntamientos, organismos públicos autónomos y secretarías de gobierno se han volcado al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas para capacitarse.
En la primera semana del mes de febrero se realizaron capacitaciones sobre funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia donde acudieron 643 funcionarios relacionados al tema de transparencia.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia los funcionarios públicos que no cumplen con entregar la información solicitada por un usuario o por no cumplir con subir información a la plataforma que la ley marca, podrían recibir una sanción de 70 hasta 100 mil pesos.
En cuanto a las denuncias por no subir la información pública a las páginas de internet a la plataforma nacional de transparencia, el Itait recibió cuatro de estos casos, de los cuales dos fueron desechados por no cumplir con los lineamientos marcados por la ley.
Las dos denuncias que actualmente están en investigación son un ayuntamiento y un organismo público autónomo, los cuales de acuerdo a la ley de transparencia no se pueden revelar su nombre hasta que se declare si son o no culpables.
Lo que incumplen
Desde 2014, las obligaciones de transparencia se extendieron a fideicomisos, organismos autónomos, partidos políticos y a sindicatos que reciban recursos públicos. La nueva ley, que entró en vigor en 2015, estableció como obligación revelar toda la información que marca la ley con parámetro homologados a más tardar en mayo de 2017.
Los sindicatos deber transparentar una relación detallada de los recursos públicos que reciban, incluyendo el nombre de quien los otorga, la forma en cómo se ejercen.
Además, deben informar públicamente el nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo, fecha de vigencia de sus cargos, número de socios, y central obrera a la que pertenezcan, en su caso.
También las copias de las asamblea constitutiva y el texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos de los sindicatos.
“Los reglamentos interiores de trabajo, la relación de los contratos colectivos o las condiciones generales de trabajo que tengan registrados, así como los propios contratos colectivos o condiciones generales de trabajo”.
