En alrededor de cuatro semanas, el gobierno federal usó a la Procuraduría General de la República como instrumento de campaña a favor del candidato priísta-no priísta José Antonio Meade Kuribreña, pero ni así logró modificar las tendencias electorales.
Lo grave no fue el hecho de priízar a la PGR justo cuando se debate su autonomía, sino en que ese desgaste de la institución no sirvió. Y ahora la PGR estaría obligada a congelar los expedientes de Ricardo Anaya Cortés, Napoleón Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo porque observadores internacionales están tomando nota de los mecanismos no democráticos del PRI para salir del hoyo del tercer lugar electoral en encuestas.
Ante la pasividad cómplice del Instituto Nacional Electoral, la estrategia electoral del PRI y del gobierno con opositores incómodos o con ahora aliados de López Obrador se ha quedado en meros periodicazos o filtraciones en medios que han carecido de operación política para obtener beneficios. Lo negativo para la PGR es que en medios ya no se discute la veracidad de las acusaciones contra los tres adversarios de Meade, sino que se critica el uso de instituciones como parte de la campaña priísta.
El caso más interesante es el de Napoleón Gómez Urrutia porque sus alianzas con López Obrador se tejieron desde 2009. Perseguido por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, su expediente entró en litigio procesal judicial y laboral que fue perdiendo el gobierno. Y a pesar de ciertos indicios de negociaciones con el PRI, al final se abandonaron los contactos.
El problema ha sido de estrategia fallida de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, pero sin entender que los procedimientos judiciales tienen múltiples pasadizos secretos para ampliar el tiempo de los litigios. En la batalla judicial, otra de las deficiencias gubernamentales, Gómez Urrutia ha logrado someter a los abogados del gobierno a debatir procedimientos y no contenidos. Y en materia de contenidos, los abogados del líder sindical minero les han ganado la batalla a los oficiales gubernamentales.
Los abogados gubernamentales de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto han actuado basados en mecanismos de presión del antiguo sistema judicial, en tanto que los abogados de Napoleón y de Gordillo han centrado el procedimiento en los nuevos espacios de las reformas penales. El método de los periodicazos ha perdido su efectividad ante la dinámica opositora de las redes cibernéticas. El gobierno federal cayó en la trampa del litigio en medios del caso de Napoleón, porque ahí López Obrador ha ganado la partida porque el candidato presidencial de Morena logró imponer la idea de que se trata de un perseguido político. Un sondeo de grupos de enfoque ha arrojado el resultado de que Anaya, Napoleón y Gordillo son víctimas del aparato de gobierno para beneficiar al PRI.
Y aunque no se tiene claridad sobre los votos mineros y magisteriales que Napoleón y Gordillo puedan darle a la candidatura de López Obrador, en sectores de expertos electorales del PRI –que en el pasado usaron estos mecanismos– han señalado que la persecución contra ellos fue un error de diseño y operación que al final benefició a los dos perseguidos, al candidato panista y a López Obrador. Al final, la gran pregunta es otra: ¿cómo levantar la candidatura de Meade?.
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@carlosramirezh
