CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Contraloría de Tamaulipas inició 47 investigaciones en contra de funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción luego que fueron denunciados por ciudadanos o por sus superiores.
Con información proporcionada por dependencia estatal, las 47 investigaciones iniciaron en los últimos años, en dependencias como el COBAT, CONALEP, DIF ITAVU, ITACE, ITEA, IPSSET o universidades como la Politécnica de Victoria, de Altamira y Matamoros entre otros.
La Universidad Tecnológica de Matamoros es el organismo de gobierno que tiene la mayor cantidad de funcionarios investigados, con ocho casos entre ellos, el de dos alumnos por consumo de sustancia desconocida, dos más por robo de información, uno más por robo simple y tres por demandas laborales.
Por la Universidad Politécnica de Altamira son seis las denuncias interpuestas ante la Contraloría, de los cuales cinco por abuso de autoridad, entre ellos del rector, el coordinador de la carrera de ingeniería industrial la secretaria académica, ademas de la secretaria académica, mientras que una mas por mal uso de autoridad.
En el Ipsset son dos denuncias investigadas; una, por peculado, otra mas, cohecho, en tanto que en el instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, son cuatro las denuncias interpuestas.
Los funcionarios del ITEA recibieron cuatro denuncias, del año 2017 al 2018, las cuales son por usar vehículos oficiales para transportar a familiares, por pagar cuentas en restaurantes; por prepotencia, por usar los vehículos oficiales fuera de horario, las cuales están en investigación.
Por Conalep se interpusieron dos denuncias en contra de ex funcionarios, por mal manejo de recursos públicos, las cuales se realizaron en línea, para lo cual se iniciaron carpetas de investigación que están en ese proceso.
En el área de salud, y seguridad pública se turnaron dos carpetas de investigación ante las Agencias del Ministerio Público, luego que se realizaran vales de medicamentos sin tomar en cuenta el llenado del formato.
Para el área de Seguridad Pública se turno al área legal un caso por disponer de dinero producto de un rescate que no fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, ello en el mes de octubre del 2016.
