No es novedosa la importancia que han cobrado las redes sociales en la actual contienda electoral.
Desde hace ya algunos años se han convertido en mucho más que un simple canal de comunicación, son en realidad un escenario donde se desarrolla una campaña paralela a la del territorio.
Lo que los candidatos no pueden cubrir físicamente, lo hacen a través de Facebook o Twitter, donde con un manejo adecuado de sus mensajes, pueden alcanzar a miles de personas con un presupuesto mínimo.
Al mismo tiempo, las redes sociales son la válvula de escape de una ciudadanía cada vez más desencantada del sistema político.
Ahí donde no hay cortapisas y muy pocas posibilidades de censura, los votantes encuentran una buena manera de recriminar -sin intermediario alguno- los yerros de los gobernantes y en este caso, de quienes aspiran a serlo.
Es el caso del estado, donde al mismo tiempo presenciamos el recrudecimiento de una guerra de lodo, que no tendría porque espantar a nadie si no fuera porque está basada más en la calumnia que en los cuestionamientos legítimos.
Desde la Organización de las Naciones Unidas, hasta Facebook, han reconocido que la situación empieza a salirse de control.
La ONU advierte que las “fake news” ponen en riesgo el sano desarrollo de las elecciones, y el gigante de la tecnología y las redes sociales, reconoce que no han encontrado la manera de proteger a sus usuarios de la información falsa, y lo que es peor, del mal uso de sus datos personales.
El ciudadano ofendido porque el camión de la basura no ha pasado por su calle, es remplazado por el bot que difunde información falsa sobre tal o cual candidato. Miente que algo queda, el viejo adagio cobra más fuerza que nunca.
La lucha en las redes sociales hoy está lejos de buscar el posicionamiento de los candidatos, lo que está en juego en el fondo es quién tiene más capacidad para descalificar al enemigo.
Y en ese contexto, ni el INE ni el IETAM parecen tener la capacidad -ni el interés- en sumergirse en ese mar de ataques.
Inhabilitan a tamaulipeco
Acaso por la presión generada por el ambiente electoral, la Secretaría de la Función Pública tiene la lupa puesta sobre las obras y los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Y en esa cacería de transas, salió a relucir el nombre de una empresa tamaulipeca. Tracotamsa, propiedad de Rolando Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa, el famoso contratista de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
A la constructora originaria de Reynosa, que ha recibido en los últimos años 4 mil millones de pesos del erario, se le acusa de dejar incompletas una serie de obras por las que sí le pagaron, por lo que desde abril está inhabilitada para trabajar con el gobierno.
Lo más grave para Cantú Barragán es que ahora tiene encima los reflectores en un tema que cada vez cobrará más importancia. Se lo puede agradecer a López Obrador.