CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los elementos de las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, acusados de desaparecer a 31 personas en Nuevo Laredo, fueron suspendidos y concentrados en la Ciudad de México.
La Secretaría de Marina Armanda de México (Semar) informó de las 7 medidas cautelares implementadas por exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionadas con el probable rapto y desaparición forzada en el municipio fronterizo tamaulipeco.
El 30 de mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo pública la documentación de 23 desapariciones supuestamente cometidas por miembros de “una fuerza de seguridad federal” por la anoche o al amanecer en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al gobierno mexicano a indagar los casos y detener las desapariciones. Además, apuntó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investigaba cada una de las desapariciones.
El mismo día horas después, la CNDH comunicó que había recibido 21 quejas por la desaparición de 31 personas sucedidas de febrero a mayo de 2018. De la treintena de personas desaparecidas, 29 son hombres y 2 mujeres, entre ellos hay 7 menores de edad, una mujer, detalló el organismo.
La Comisión refirió que el 10 de mayo había dictado medidas cautelares que la Semar ignoró y, ante la denuncia de 6 nuevas desapariciones, decidió hacer público el caso.
Catorce casos llegaron a través del organismo civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; seis fueron turnados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas y uno fue recabado por visitadores de la CNDH, explicó vía comunicado.
La oficina del Ombudsman solicitó informes a la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas y el presidente Municipal de Nuevo Laredo. Aunado a los reportes oficiales, dirigió medidas cautelares a la Marina y la PGR.
El 1 de junio la PGR atrajo 20 carpetas de investigación relacionadas con dichas desapariciones. En primera instancia, precisó que había 28 personas desaparecidas por los casos referidos por la ONU y la CNDH. Por tanto elementos judiciales comenzaron a investigar y la buscar a las víctimas con vida.
De las acciones de la PGR se desprende la decisión de la Semar para separar y concentrar a los elementos. La dependencia federal asegura que el acuartelamiento garantiza una investigación efectiva de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas sin poner en riesgo a las familias de las víctimas, testigos o defensores de las víctimas”.
Agregó que la separación del personal permite que “esté disponible ante aquellas autoridades que así lo requieran; con el fin de que éstas realicen las diligencias conducentes y resuelvan lo que a derecho corresponda”. Junto a esta medida la Semar especificó las 6 acciones restantes para colaborar con la indagatoria federal y la atención de los familiares de las víctimas.
A 18 días de que las instancias federales y estatales trabajan en los casos se encontraron sin vida a 13 personas desaparecidas, una más regreso con vida a su hogar, por lo que aún buscan a 17 hombres y mujeres que son parte de las 20 carpetas integradas por la PGR.
Las 7 medidas implementadas
Primera: Se ordenó de manera puntual al personal naval dar cabal cumplimiento al respecto de abstenerse de violar los derechos humanos, así como cumplir irrestrictamente las medidas cautelares dictadas por la CNDH.
Segunda: Se realiza una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de las y los familiares de dichas personas, así como del personal de la CNDH principalmente para inspeccionar las Bases de Operaciones del Estado de Tamaulipas y Nuevo León.
Tercera: Se efectúa una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente. En los casos en los que las personas desaparecidas hayan sido localizadas sin vida, se llevará a cabo una investigación acorde a los estándares internacionales.
Cuarta y quinta: Se garantizan condiciones adecuadas de protección a los testigos y a sus familias que han estado denunciando los hechos referidos, así como a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente asisten.
Sexta: Se brinda ayuda inmediata y asistencia a las y los familiares de las personas desaparecidas.
Séptima: Se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos sean suspendidos o apartados temporalmente de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas o que pudieran poner en riesgo a las familias de las víctimas, testigos o defensores de las víctimas.
Sobre este último punto la Semar puntualiza que desde el 1 de junio de 2018 el personal que se encontraba en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León fue concentrado a la Ciudad de México “para que esté disponible ante aquellas autoridades que así lo requieran”.
