MÉXICO. En 10 días entrará en operación en los 20 Centros Federales de Readaptación Social del país, una tarjeta de débito para que los internos puedan adquirir productos básicos con precios similares a los de centros comerciales, y de esa manera las autoridades mantendrán la gobernabilidad dentro de estas instalaciones, pues ya no se manejaría dinero en efectivo.
Rogelio Cerda Pérez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, informaron lo anterior y expusieron que con esta acción se verán beneficiados cerca de 19 mil internos.
Durante la ceremonia de la firma de convenio “Profeco-Prevención y Readaptación Social-CNDH”, que se llevó a cabo en el salón “Salvador Pliego Montes, expusieron que esa medida es plausible, al eliminar los grupos de poder que se dan al interior de estas instalaciones y que abusan de los internos.
Los derechos humanos y las personas internas en un Cefereso “no están reñidos con la privación de la libertad”, indicaron, por lo que el consumo que se da en esas instalaciones debe ser en el marco de la ley y garantizar este derecho, pues es una parte importante para su reinserción dentro de la sociedad.
El respeto de la dignidad y sus prerrogativas está enmarcado en la Constitución y este sistema que entrará en vigor dentro de 10 días busca garantizar el respeto a los derechos humanos, plantearon al destacar que con ello se busca mantener la gobernabilidad de los Ceferesos e impedir que grupos de poder controlen el consumo de productos básicos.
Establecieron que la reinserción social debe ir acompañada de la prevención del delito y por eso es importante que se respete el precio de los artículos que necesitan los internos, lo cual será a través de una tarjeta de débito, para lo cual un familiar podrá depositarles hasta dos mil 100 pesos.
Explicaron que “sólo el recluso podrá utilizar este mecanismo y ya no se podrán hacer transacciones en efectivo”, y que la instrumentación de este sistema se debió a una denuncia que presentó un interno donde señalaba los precios de los productos que se vendían en los reclusorios, lo que llevó a la Profeco y autoridades a investigar el problema y tomar medidas preventivas.
A su vez, Ruth Villanueva Castillejo, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, planteó que los internos perdieron su derecho a la libertad por haber cometido un ilícito, pero no la dignidad y por eso sus demás derechos siguen vigentes y se les debe respetar.
CON INFORMACION DE EXCELSIOR.
