CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las constructoras que fueron contratadas durante la pasada administración para llevar a cabo las obras de los Centros Integrales de Justicia en diferentes municipios, perdieron sus contratos por retrasos e incumplimiento de los términos.
Por ello, inmuebles como el de Matamoros, Río Bravo y San Fernando no han sido entregados, cuando debieron haber sido concluidos desde mediados del 2017.
En total, los contratos cancelados ascienden a más de 140 millones de pesos.
De acuerdo a información de la Secretaría de Obras Públicas, en mayo de este año se confirmó la rescisión del contrato que se había firmado el 1 de junio con la empresa “Constructora Santa Marina, S.A. de C.V”, por un monto de 92 millones 243 mil pesos, y un anticipo de 27 millones 672 mil pesos.
La obra de la construcción del Centro integral de Justicia de Matamoros estaba pactada para ser entregada el 3 de junio de 2017.
Un año después de esa fecha, la Dirección Jurídica de la Secretaria de Obras Públicas confirmó la rescisión del contrato.
Hoy, en la zona de la obra se observa una construcción sin terminar, y sin que en la zona se esté realizando ningún trabajo.
Una situación muy similar ocurrió en el caso del Centro de Justicia de San Fernando.
La Secretaría de Obras Públicas canceló el contrato, luego de una serie de fallas y retrasos. “Construcciones KDH” era la obra responsable; obtuvo el contrato por 15 millones 885 mil pesos el 13 de noviembre de 2015, pero dejó a medias los trabajos.
El inmueble que alojaría diversas oficinas judiciales para atender a la población del Valle de San Fernando, debió haberse entregado el 19 de junio de 2016.
Actualmente, el edificio sin terminar se encuentra en el abandono, víctima de saqueo de todo tipo de materiales.
También fue cancelado el contrato para construir el Centro de Justicia Integral de Río Bravo.
La obra era responsabilidad de “Proveedora y Servicios MR, S.A. DE C.V.”, y recibiría por ella la cantidad de 35 millones 799 mil pesos.
Los trabajos tenían fecha de entrega para el 26 de marzo de 2017.
Sin embargo, de acuerdo a un oficio firmado por la Subsecretaría de Infraestructura Social, para el 18 de abril de ese año el avance físico de la obra era apenas del 19.1%, mientras que ya se había pagado más del 30% de lo presupuestado.
Pocos meses después, el contrato fue cancelado definitivamente.
Otra obra que destaca por sus fallas en la construcción es la del Centro Integral de Justicia de Tula, que incluso tuvo que ser evacuada el año pasado por evidentes fallas en
su estructura.
La sala de control del Nuevo Sistema de Justicia Penal construida en el 2015 presentaba grietas que ponían en riesgo al personal que ahí labora.
Buscan rescate
Las obras de los Centros de Justicia están programados para concluirse este año por el Gobierno de Tamaulipas.
Según la agenda de la Secretaría de Obras Públicas, se invertirán 90.5 millones de pesos para concluir el inmueble de Matamoros.
Y 34.7 millones de pesos para la construcción y equipamiento del Centro de Justicia de Río Bravo.
También está firme la inversión de 17.2 millones de pesos para las instalaciones de San Fernando.
En Soto La Marina también se está ampliando la Sala de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con una inversión de 1.4 millones de pesos.
