CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los exfuncionarios del puerto de Matamoros, oficialmente llamado Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, continúan apilando expedientes por desvíos de dinero, pagos irregulares y obras mal contratadas.
La Auditoría Superior del Estado detectó 24 irregularidades en la Cuenta Pública 2016 durante el mando del arquitecto Vicente Saint Martín Ochoa.
El daño al erario alcanzó los 17 millones 83 mil 143 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría Gubernamental han encontrado más malos manejos en la construcción, promoción y operación de la terminal marítima.
El impacto financiero suman, por lo menos, 56 millones 225 mil 608 pesos.
De las 24 observaciones no solventadas la sexta es la más grave. La ASE revisó y halló que la administración no presentó evidencia documental de un movimiento bancario por 4 millones 821 mil 13 pesos. La transferencia, presume la autoridad, tiene las características de un desvío de fondos.
La segunda irregularidad más cuantiosa trata del subejercicio de 3 millones 989 mil 85 pesos que fueron destinado a “servicios personales” de plazas no ocupadas y que no fueron contratadas durante el ejercicio 2016, refiere la ASE. “Los empleos no existieron dado que el puerto no entró en operación”.
Aparte de los malos manejos contables y bancarios, el entonces titular Saint Martín Ochoa y su equipo son señalados de violar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
Este presunto ilícito se cometió al adjudicar el contratar la elaboración de programas y estudios ambientales de forma incorrecta.
Otras de las irregularidades más importantes son las contrataciones ilegales de un mosaico digital para los proyectos del recinto por 348 mil pesos, la elaboración del proyecto ejecutivo de la Unidad Naval de Protección Portuaria por 644 mil 960 pesos, el proyecto ejecutivo de dragado por 315 mil 520 pesos y el monitoreo de las tasas de erosión por 288 mil 492 pesos.
El auditor Jorge Espino Ascanio notificó del daño al erario público al nuevo director de la API Tamaulipas, Ricardo Correa Chairez. De las cuatro empresas paraestatales tamaulipecas, el puerto es la que tiene más señalamientos de corrupción y malas prácticas.
SCT, mano negra
En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que funcionarios de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y contratistas cometieron irregularidades en la rehabilitación del puerto de Matamoros.
La revisión a inversiones físicas número 16-0-09100-04-0330 arrojó 8 observaciones en la planeación y los trabajos contratados a las empresas Inmobiliarios Mexicanos, Obras Marítimas HB y los servicios del arquitecto Arturo Escalante Ortiz. El monto asciende a más de un millón de pesos.
El proyecto para la rehabilitación del puerto de Matamoros comprendió obras de protección en las escolleras y el dragado en el canal de navegación, con el objetivo de prolongar las escolleras hacia el norte y al sur. La obra es el compromiso 182 del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
A grandes rasgos las labores se dividieron en lograr un calado de 8 metros y la construcción de las escollas. Este último trabajo se realizó con el suministro y acarreo de material pétreo explotado en Cruillas y la creación de las piezas especiales para rompe olas y material complementario.
La ASF comprobó que la Dirección General de Puertos, a cargo de Alejandro Hernández Cervantes, autorizó 4 pagos adicionales estimados en 50 mil pesos, sin registrarlos en los convenios de obra. Esto aunado a que los montos ejercidos fueron menores a los presupuestos asignados.
Igualmente los auditores constataron que el proyecto ejecutivo fue mal planeado y generó pagos altos no contemplados que no contaron con la autorización de los convenios modificatorios anexados al contrato inicial. El monto asciende a 51 mil 91 pesos con 50 centavos. El costo aumentó en los conceptos “Suministro y colocación de piedra de 10 a 500 kg en núcleo del cuerpo 2,” y “Suministro y colocación de piedra de 500 a 800 kg en la capa secundaria del cuerpo 2”.
Por ambas anomalías mayores el órgano interno de control de la SCT tuvo que iniciar las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria número 16-9-09112-04-0330-08-001 y 16-9-09112-04-0330-08-002. Hasta ahora se desconoce el castigo para los servidores públicos federales que coadyuvaron en las faltas.
Otras de las anomalías detectadas en el contrato 3-2-CC-A-055-W-0-3 corresponden a que la SCT no aplicó las estimaciones de precios y retenciones económicas. Otra irregularidad fue el cambio del nivel en el dragado de 8 metros a 5 metros con 50 centímetros; dicha modificación fue solventada argumentando que se requirió dragar para las estructuras de protección.
Los empleados de la Dirección General de Puertos omitieron aplicar retenciones económicas por los atrasos registrados en la realización de los trabajos respecto de los programas de ejecución, no planearon adecuadamente los recursos y no emitieron los oficios de resolución de pagos de los ajustes de costos.
Las irregularidades mencionadas representan incumplimientos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y los reglamentos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Malos manejos bancarios
Al dictamen de la ASF contra el puerto de Matamoros se le suman los malos manejos bancarios del exdirector de Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Vicente Saint Martin Ochoa. Dichos hallazgos fueron consignados por la Contraloría Gubernamental estatal.
Desde la API, ente creado para operar el puerto de Matamoros, se mal versaron 39 millones 142 mil 465 pesos con 46 centavos. La cantidad de dinero más grande corresponde al pagó de 31 millones 126 mil 667 pesos con 59 centavos. El dinero son contraprestaciones que Petróleos Mexicano Exploración y Producción no depositó en el periodo enero 2015 a noviembre 2016.
El puerto de Matamoros fue el proyecto insignia en el sector de desarrollo económico durante el gobierno anterior. La administración fue creada dentro de la estructura del gobierno tamaulipeco. Empero, eso no evitó el mal ejercicio de los miles de millones de pesos destinados al aumentar las capacidades con vías a la explotación de hidrocarburos en el norte de la entidad.
Un acción reiterada cometida por el entonces director Vicente Saint Martin Ochoa era el pago de servicios con presupuesto destinado para otros rubros. La primera anomalía de este tipo fue el pago de 212 mil 976 pesos a la empresa Seaprod para el muestreo de material de dragado. El dinero provino de la cuenta 046352127 con recursos de Pemex.
En 2015 y 2016 se detectaron 18 movimientos bancarios similares. En 11 casos el dinero fue devuelto a las cuentas pero en 7 no hubo reembolsos. El monto total pendiente asciende a 2 millones 887 mil 797 pesos con 7 centavos, que fueron pagados a las compañías Ing Civil y Arq Mex, Selome, Arq. Peña, AFH, Vain y Seaprod.
La Contraloría encontró una presunta deficiencia administrativa fiscal por 2 millones 105 mil 637 pesos, a causa de que API Tamaulipas no gestionó el reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 5 años al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El plazo para solicitar el gravamen ya finiquitó, por lo que es dinero perdido en las arcas públicas.
Los auditores determinan que esta falencia en el ejercicio tributario se repite en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. Por lo que la API Tamaulipas deberá requerir 782 mil 463 pesos por concepto de IVA comprobados mediante rendición de cuentas ante el SAT.
Las últimas irregularidades fueron la detección de 11 actas de entrega-recepción. En tres documentos no se presentó evidencia de los trabajos contratos recibidos y por lo que se pagaron 2 millones 26 mil 743 pesos con 39 centavos.
Asimismo, se presume 8 firmas presumiblemente falsas del ex director de API Tamaulipas, arquitecto Vicente Saint Martin Ochoa, por servicios especializados, de los cuales no se cuantificó el daño al erario.
Por cada irregularidad se levantó una investigación en el órgano de control interno de la Secretaría de Obras Públicas. La sanción disciplinaria será determinada por dicho departamento, aunque si el daño es mayor la Contraloría se hará cargo, indica el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
Anomalías
24 irregularidades detectadas
No presentó evidencia de movimientos bancarios
Subejercicio por plazas no ocupadas
Contratación ilegal de un mosaico ilegal