Como Andrés Manuel López Obrador parece obstinado en no dar marcha atrás a su idea de que algunas dependencias del gobierno federal se vayan de la capital, conviene revisar cuánto duró, qué implicó, cómo ocurrió la salida del entonces llamado Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi para los cuates.
Me topé con una memoria de ese proceso. Es del año 1992. Sólo adelanto una cosa: si esa relatoría está datada en 1992 es que el proceso del cambio duró al menos seis años, SEIS, e implicó desde otorgamiento de créditos a la mitad de costo financiero, cesión de tierras estatales, construcción de escuelas, habilitación de guarderías, renta de oficinas provisionales, y un mundo de trámites y facilidades para los trabajadores. Va resumen:
“El impacto del (cambio) en la ciudad receptora debería ser muy favorable para la misma y, a la vez, no detener el desarrollo normal de la institución, ni convertirse en un problema para su funcionamiento.
“Como consecuencia de este análisis, se descartaron ciudades como Monterrey y Guadalajara, debido a que ya constituyen vastos polos concentradores de población. También se excluyó un círculo alrededor de la Ciudad de México, porque no se consideró apropiado aumentar las presiones a la marcada tendencia a la conurbación que prevalece en la zona.
“Una encuesta aplicada a los más de cuatro mil empleados que laboraban en el Instituto permitió, luego de haber seleccionado la ciudad (Aguascalientes), conocer la disponibilidad del personal para el cambio de residencia, el perfil laboral del mismo, la composición del hogar, los niveles educativos, las necesidades de vivienda y el tipo de apoyos que requería para optar por el cambio.
“Se estipuló que los compromisos del Inegi consistirían en cubrir los gastos de traslado, tanto de personal como del mobiliario; promover ante Fovissste, Fovi, Fonhapo y otras instituciones de vivienda, un programa especial para atender las necesidades de sus trabajadores; gestionar ante Teléfonos de México y la Comisión Federal de Electricidad las demandas para esos servicios, y solicitar al ISSSTE la ampliación de sus servicios para cubrir los requerimientos de la población reubicada”.
El proyecto arquitectónico de la nueva sede fue concluido en agosto de 1986 y la construcción se inició en marzo de 1987.
Se rentaron oficinas provisionales desde diciembre de 1985, con operación de las primeras oficinas en enero de 1986. El traslado al edificio definitivo fue a finales de 1989 (cuatro años después, cuatro).
Los créditos para vivienda fueron a “costos inferiores a los vigentes en el mercado financiero”, lo que incluyó, por ejemplo, que en 1989 se dieran créditos ‘puente’ que “permitieron reducir en 50 por ciento las mensualidades durante tres años”, y ‘créditos a la palabra’ del Fovissste para el mejoramiento de las viviendas en 1991.
A partir de la encuesta a los trabajadores, entre septiembre de 1986 y julio siguiente año se proyectaron la construcción de mil viviendas y 648 departamentos en el fraccionamiento Ojocaliente. Otros 352 departamentos en el fraccionamiento Primo de Verdad. Se urbanizaron otros mil 14 lotes en Ojocaliente, entregados en 1989. “Y se otorgaron 40 créditos para la compra de vivienda a mandos medios y superiores”.
Se invirtió en infraestructura: “destaca la construcción, por parte de las autoridades competentes y a instancias del Inegi, de seis escuelas de diversos niveles educativos: jardines de niños, tres primarias y un plantel de enseñanza secundaria”. Y “se puso en funcionamiento el servicio de guarderías para los hijos de los trabajadores, en instalaciones del ISSSTE y en diversos centros educativos particulares”. Además, se habilitó “servicio de transporte público en rutas directas del edificio sede del Inegi al fraccionamiento Ojocaliente”.
Se dio un permiso de 15 días para que el personal efectuara su cambio y ubicación en la nueva ciudad sede. Primera etapa (agosto de 1986): traslado de 200 trabajadores. Segunda etapa (a partir de julio de 1987): mil 345 trabajadores. Tercera (agosto y septiembre de 1988): 661 trabajadores y sus familias. Otras 650 familias se mudaron en 1989, con lo que “se llegó a un total de cerca de dos mil 900 trabajadores reubicados, los que sumados a sus familiares hicieron un total de casi 15 mil personas reubicadas”.
¿De verdad quiere hacer todo esto el nuevo gobierno? ¿Invertir tanta energía, tiempo y dinero en ello? Si las respuestas son afirmativas, ojalá aprendan del Inegi. Para que no hagan los cambios, dicho en buen náhuatl, al chilazo. Y aquí no están contadas las broncas que trajo consigo el cambio. Qué digo broncas, broncones. Pero de eso otro día les platico.
