CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El 13 de mayo de 2014 se lanzó la segunda estrategia del Gobierno de Enrique Peña Nieto, para apoyar a Tamaulipas en el combate a la inseguridad.
Cuatro años después, a escasos meses de que concluya la administración federal, se ignora qué pasó con los mandos regionales y cuántos elementos de las fuerzas federales permanecen en Tamaulipas.
Lo único claro en 14 años de estrategias, es que los delitos de alto impacto se han sostenido y los recursos federales para la entidad han ido a la baja.
Hoy, el mismo gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca ha denunciado la falta de apoyo del gobierno federal para el combate a la inseguridad en Tamaulipas.
“A partir del trabajo coordinado se han logrado avances en el debilitamiento de las dos principales organizaciones delictivas con presencia en la entidad, la reducción de la incidencia de homicidios dolosos”, aseguró en Reynosa el 13 de mayo de 2014, el entonces Secretario de Gobernación y jefe del Gabinete de Seguridad Pública, Miguel Osorio Chong.
Pese a las estrategias de seguridad diseñadas en la federación y supuestamente efectivas, en los últimos 10 años han muerto siete mil 80 personas víctima de homicidio doloso y han sido reportadas unas mil 500 personas secuestradas y delitos como el robo de autos y la extorsión nuevamente van a la alza.
Ese día, hace cuatro años, se afirmó que había una estrategia ganadora, que era la nueva que reforzaba a la anterior y para el efecto, el estado se dividirá en cuatro zonas, la PGR instalaría cuatro fiscalías regionales, y se reforzaría la vigilancia en puertos, aeropuertos, aduanas y cruces fronterizos, para desarticular bandas criminales, sellar rutas de tráfico y depurar los cuerpos policiacos y también se reforzaría la seguridad en estados vecinos.
La regiones para el plan de seguridad pública fueron, Frontera: integrada por los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros; Costa: que agrupa Altamira, Tampico y Madero; Centro: Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Villagrán, Padilla, que incluyó la región comprendida entre Llera, Mainero, San Fernando y Victoria y la Sur, compuesta por Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y El Mante.
El 16 de mayo se presentó a los generales, el brigadier Diplomado de Estado Mayor, y de brigada, Norberto Cortés Rodríguez y Raúl Gámez Segovia, como coordinadores de la Zona Centro y de la Zona Sur y posteriormente se presentó al general de brigada, Miguel Amado Giménez González, para la zona sur.
Un día después se presentó al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, para los municipios de la zona conurbada a Tampico al Almirante Pedro García Valerio para coordinar la región norte.
Pero apenas el 12 de enero de 2015 se despidieron el vicealmirante Castañón Zamacona y el Almirante García Valerio se despidieron como comandante de la Primera Región Naval y comandante de la Primera Zona Naval, respectivamente y con ellos la llamada segunda fase de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas.
Para julio de 2016 ya se ubicaba Cortés Rodríguez como comandantes de la Cuarta Zona Militar en Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora y al general Gámez Segovia en la 25 Zona Militar, en Puebla, sin que haya habido anuncio de hasta cuándo fungieron como coordinadores en Tamaulipas.
Efectos pasajeros
La estrategia de 2014 que fue la segunda en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo algunos efectos pasajeros, pero para 2016, cuando ya los altos mandos coordinadores regionales se habían ido de la entidad, comenzó el repunte de los delitos de alto impacto y la fecha el homicidio doloso está en su nivel más alto desde 2012.
Además de que el Gobierno de Tamaulipas ha gastado unos mil 200 millones de pesos por año de recursos propios, además de los fondos federales de seguridad, que han sido recortados año con año, el delito todavía tienen graves impactos en Tamaulipas.
A finales de 2016 uno de cada tres hogares de Tamaulipas tenía un familiar que había sido víctima de secuestro o de homicidio dolosos y según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) sólo se denuncia el 9.7 por ciento de las fechorías.
Además, independientemente de los presupuestos para seguridad pública, cada tamaulipeco ha perdido o dejado de ganar, más de 12 mil pesos debido a que los delitos cuestan o promueven circunstancias que afectan al mercado laboral y al proceso económico.
La inseguridad le cuesta a la entidad más del tres por ciento del Producto Interno Bruto, la inversión federal, estatal y municipal en seguridad pública no llega al a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, estimado para 2016 en 440 mil millones de pesos.
Se estima que desde que comenzó el brote de mayor violencia en 2010 a la fecha, poco más de 152 mil personas que vivían en Tamaulipas en 2009 han emigrado hacia otras entidades del País y un tercio de estos, 59 mil, debido a la inseguridad, además de unas 18 mil personas que emigraron a otro país,
Desde enero de este año entre las 68 ciudades en las que el Inegi levanta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Reynosa es la ciudad del país con mayor precepción de inseguridad.
Y aunque al sacar las cifras de homicidio doloso y secuestro, la ciudad más violenta de Tamaulipas es Victoria, el porcentaje de Reynosenses que consideran a su ciudad para vivir se elevó del 96 por ciento en enero al 98 por ciento en junio.
Prácticamente la totalidad los habitantes de Reynosa (95.6 por ciento) piensan que viven en una ciudad insegura, su confianza en las autoridades ha disminuido, y la mayoría confiesa haber cambiado sus hábitos, revela durante la primera quincena del mes de diciembre de 2017.
CIFRAS
1,200
millones de pesos ha invertido Tamaulipas en combate a la inseguridad
3%
del PIB le cuesta la inseguridad al estado
12 mil
pesos pierden los tamaulipecos a causa de diversos delitos
Nada nuevo
Nada nuevo
En mayor de 2004 se aseguró que la Federación y el Estado emprenderían acciones contundentes para mejorar la inseguridad que en ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros, había explotado.
Para ese entonces, febrero de 2004, Nuevo Laredo concentraba el 33 por ciento de los homicidios con el 15 por ciento de la población de Tamaulipas. En 2005 un nuevo Gobierno estatal llamó a la federación a cumplir los acuerdos de vigilar penales, e incrementar la presencia federal en las plazas fronterizas.
En 2016 se reveló que el Gobierno de Tamaulipas había puesto desde 2011 dos veces más fondos para seguridad pública, un 27 por ciento de su presupuesto total, y había duplicado con recursos fiscales propios el dinero enviado por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y otros más, como el de mando único y el Subsemun.