Por decisión abrumadora del pueblo mexicano se ha iniciado el proceso para la instauración de una nueva República -la Cuarta Transformación del país, como la ha llamado el virtual Presidente-. Los legisladores electos tenemos la más alta responsabilidad en el corto plazo ya que, desde la perspectiva democrática, el Congreso de la Unión es el creador y el reformador del Estado. Se ha precipitado un escenario político inédito desde la elección de Francisco I. Madero y su relación con la XXVI Legislatura, narrada espléndidamente por Félix F. Palavicini. No existe limitante política ni formal para que se introduzcan cambios profundos en la legislación mexicana, correspondientes a un panorama político radicalmente distinto de los precedentes. Lo más urgente es definir las prioridades nacionales de los próximos años para que se conviertan en disposiciones constitucionales y legislativas.
El procedimiento no podría ser el mayoriteo, ni menos la imposición dogmática que prevaleció en el antiguo régimen, sino el diálogo, el convencimiento y la búsqueda del consenso. La agenda de las reformas debe ser elaborada conjuntamente. La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, como lo confirmé hace unos días, no sólo tiene un alto nivel académico sino un gran talante democrático, lo que resulta promisorio. Diputados entrantes hemos elaborado un documento que contiene nuestra visión sobre las prioridades del quehacer inmediato.
Consideramos que antes de comenzar el período de sesiones debemos proponer una nueva Ley Orgánica del Congreso que optimice su funcionamiento y acabe con los privilegios y derroches que según cálculos ascienden a más de 4 mil millones de pesos anuales -casi la mitad de su presupuesto-. Cancelar los impunes abusos de la partidocracia y recrear la matriz de un sistema republicano. Es indispensable restaurar las relaciones armónicas entre los Poderes de la Unión, interrumpidas desde 1988 por el descarado fraude electoral y que sólo tuvieron respiro en 1997 cuando una mayoría combinada de la oposición terminó con el oprobio de una Cámara sometida a la Secretaría de Gobernación y obligó a la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. De ese episodio se recuerda la frase dirigida al presidente Zedillo, recogida de la edad media española: “Cada uno de nosotros vale tanto como vos y todos juntos valemos más que vos”.
Se me ha preguntado si invitaríamos al Presidente Peña Nieto a rendir su último Informe de Gobierno en el recinto de la Cámara y he respondido afirmativamente. La corrupción de la vida política del país indujo al poder constituyente permanente a eliminar la obligación del Ejecutivo para la rendición de cuentas frente al Congreso y lo autorizó para enviar exclusivamente un informe por escrito de su labor administrativa, así como lo exentó de solicitar permiso congresional para ausentarse del país. Se abolieron principios constitucionales permitiendo a los titulares del Ejecutivo que presentaran sus informes en escenarios artificiales a los que asistían más empresarios que legisladores. Es mandatorio restaurar un sistema republicano de gobierno. No existe país democrático que exima la presencia del Jefe del Estado en la apertura de sesiones del parlamento. Lo contrario se entendería como una ruptura del sistema constitucional.
El programa de reformas es muy amplio. Comprende desde la “reversión” de las llamadas reformas estructurales que afectan tanto los derechos de la nación sobre los recursos naturales, como la orientación de las reformas educativa y electoral que el país requiere. Es indispensable impedir que la crisis económica, determinada por una deuda pública del 46% del PIB, pervierta el avance democrático alcanzado. También evitar que los vicios electorales sigan reproduciéndose, ya que no han sido de modo alguno extirpados, sino invisibilizados por efecto colateral de una abrumadora mayoría en las urnas.
En un amenazante panorama internacional el país debiera establecer una política exterior de Estado, con supervisión legislativa y aprobación ciudadana que permitiera denunciar acuerdos lesivos a los intereses del país y definiera métodos democráticos para la suscripción de compromisos internacionales; que insertara genuinamente a México en la globalidad con voz propia y sin detrimento de nuestros principios constitucionales. La lista de urgencias nacionales es inagotable. Invitamos a nuestros lectores para que envíen propuestas y sugerencias a fin de abrir un nuevo espacio de participación democrática.
