NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- Nuevo Laredo ha sido escenario de duros enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado desde hace 16 años. En 2018 los choques armados trascendieron los fusiles y, de acuerdo con indagatorias federales, los criminales financian un plan de manifestaciones contra la Marina, aprovechando acusaciones formales por presuntas violaciones a los derechos humanos, cometidas por marinos.
A raíz de las denuncias por la desaparición forzada de 36 personas, las autoridades federales presumen que hay una campaña de desprestigio contra las corporaciones más fuertes, que vigilan el territorio tamaulipeco, orquestada por la delincuencia organizada.
En los últimos seis años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 3 recomendaciones por casos en Nuevo Laredo. La primera sobre la muerte de una persona y, la tortura de otra, por la Sedena en 2012. Ese mismo año, notificó a la Semar por la desaparición forzada de 6 personas y el cateo ilegal y tratos crueles contra 21 personas. Cuatro años después, visitadores comprobaron que marinos abusaron sexualmente de mujeres, dentro de la instalación militar norestense.
Una historia larga
Los habitantes del municipio más importante del comercio exterior mexicano, sufren de la violencia a partir de 2002. Los delincuentes sometieron a la sociedad y a las autoridades en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En la actual administración de Enrique Peña Nieto, la violencia osciló, pero en el presente año ocurrieron varios hechos graves, que agravaron la situación.
Las protestas contra los elementos de las secretarías de la Marina Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) comenzaron, por lo menos, hace una década en territorio tamaulipeco. Nuevo Laredo es una de las localidades con más reclamos, posiblemente inducidos, aunque también han ocurrido en Tampico y Matamoros.
El primer hecho ocurrió la noche del sábado 24 y madrugada del domingo 25 de marzo, cuando civiles armados emboscaron de forma escalonada en tres ocasiones a marinos. En esos hechos, un marino murió, doce marinos quedaron heridos y cuatro presuntos delincuentes muertos, informó en un comunicado la Semar. En los eventos se dispararon más de 3 mil balas de los calibres 2.23, 7.62×39, 7.62×51, 45 calibre y 50 también conocido como “Barret”.
El primer ataque sucedió cuando civiles armados en vehículos, dispararon contra marinos que patrullaban. Tres elementos fueron heridos de gravedad y un presunto delincuente murió. Seiscientos metros adelante del primer punto, otras personas armadas atacaron a los marinos que salieron de la Base de Operaciones, en auxilio de sus compañeros heridos. Los presuntos integrantes de la delincuencia organizada, mataron a un marino e hirieron a seis más.
Un tercer grupo de Semar, que acudió en rescate de los heridos y fallecidos, salió de otro cuartel itinerante. Al dirigirse a los lugares anteriores, un tercer grupo de pistoleros los atacó. Tras enfrentarse durante varios minutos, cuatro navales quedaron lesionados y fallecieron en el lugar, tres posibles delincuentes. Con fin de disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas de civiles y de personal naval, refirió la Semar, se realizaron acciones con apoyo aéreo de un helicóptero.
Al siguiente día, la familia Rojas Ruiz denunció que en el último enfrentamiento, la Marina disparó desde un helicóptero al carro de una familia. La señora Nellely Aidé Ruiz Martínez, de 28 años y sus hijas Chelsea Abril y Kenia Azul, de 5 y 3 años, fueron heridas de muerte. El 6 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) informó los resultados periciales de la investigación, dando como responsables a los elementos navales. Horas después, la Semar aceptó la culpabilidad “a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales, que actúan desde el anonimato”.
En el ínterin, después de que la Semar admitió su responsabilidad, la Sedena reforzó su presencia en el municipio. El 27 de abril, soldados decomisaron el segundo arsenal más grande en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los militares incautaron 68 armas largas de diferentes calibres, 1 lanzacohetes ruso PNR- 7B, 1 fusil Barret, 142 cargadores, 1 granada de mano defensiva y 1 granada de aditamento calibre 40 en dos casas.
El 9 de mayo, familiares de personas desaparecidas protestaron en el palacio municipal. El alcalde Enrique Rivas diálogo con las mujeres que se identificaron, nombraron a las víctimas y responsabilizaron a la Marina.
Doce días después, el 21 de mayo, un grupo de mujeres y hombres con los rostros cubiertos bloquearon el puente internacional III de Nuevo Laredo a Laredo, Texas. Las personas impidieron el tráfico y exigieron a la Semar entregara a desaparecidos. Además, pidieron a la PGR esclarecer presuntas ejecuciones extrajudiciales. En un video difundido en redes sociales de la misma manifestación, un hombre encapuchado amenaza con incendiar el aeropuerto nuevolaredense.
El 30 de mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó de la documentación de 23 desapariciones, supuestamente cometidas por miembros de “una fuerza de seguridad federal”, por la anoche o al amanecer en Nuevo Laredo. El mismo día, horas después, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), comunicó que había recibido 21 quejas por la desaparición de 31 personas sucedidas de febrero a mayo de 2018.
El 1 de junio la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 20 carpetas de investigación por las denuncias documentadas por la ONU. Tras la primeras indagatorias, las denuncias aumentaron a 26 carpetas con 36 víctimas. Del total de personas, 9 fueron encontradas sin vida y una más regresó con vida.
Ya con las investigaciones en curso, la Semar ordenó la suspensión y concentración de los elementos de las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, acusados de desapariciones forzadas. Esta acción fue parte de las 7 medidas cautelares implementadas por exigencia de la CNDH.
A la par de las investigaciones, fuentes federales detectaron información falsa sobre operativos navales publicada en redes sociales. Entre las publicaciones está un video donde aparecen hombres armados uniformados como marinos arriba de camionetas particulares sin la imagen oficial. El 6 de julio, la Semar negó su participación en las acciones del material audiovisual.
El 10 de julio, en otro hecho vinculado a la indagatoria contra la Marina, hombres armados atacaron a elementos de la Fiscalía especializada de la PGR. Tres ministerios
públicos federales y siete peritos fueron rafagueados después de terminar una diligencia en instalaciones Semar ubicadas en Nuevo Laredo.
Cuatro civiles y un soldado resultaron heridos por la balacera y persecución. La gravedad del hecho provocó que la PGR hiciera público que era la segunda agresión. La primera ocurrió el 12 de junio contra cuatro ministerios públicos, ocho policías ministeriales y ocho peritos en el bulevar Colosio y carretera nacional.
Al día siguiente del ataque, el fiscal Abel Galván informó que una hipótesis de investigación por las 35 desapariciones es que el crimen organizado utilizó uniformes falsos de la Secretaría de Marina para raptar y desaparecer a las personas.
Hasta la fecha, la PGR ha realizado aproximadamente 150 diligencias en cada uno de los expedientes. Los agentes tomaron declaraciones y entrevistas a las víctimas y testigos; solicitaron videos de vigilancia a C-3, C-4, C-5; inspeccionaron los lugares donde acaeció la privación; y solicitaron a la Semar los datos sobre el personal adscrito a Nuevo Laredo.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada mantiene como línea principal de investigación, el uso de uniformes navales por la delincuencia organizada. Un hecho que se sumó a la indagatoria, es el hallazgo de pancartas con leyendas y fotografías de víctimas de desaparición y armamento en una casa en Nuevo Laredo, por parte de la Sedena el pasado sábado 28 de julio. Las pancartas son similares a las usadas en manifestaciones.
las cifras
129 soldados han caído en cumplimiento de su deber, en el combate al narcotráfico en Tamaulipas, en 11 años y 6 meses
23 soldados han sido asesinados en Nuevo Laredo, del 1 de diciembre de 2006 al 1 de julio de 2018
18 por agresión con arma de fuego
05 por accidente automovilístico