Desde que se anunciaron los foros de seguridad de López Obrador en su campaña, la inseguridad ha sumado más de diez mil muertos adicionales y algunas decenas de víctimas colaterales. Es decir, la estructura del crimen organizado en los hechos ha ignorado la propuesta del nuevo gobierno en formación para pacificar el país.
Si el objetivo es pacificar, entonces se presupone en la dialéctica del poder que existe una guerra violenta: primero, por el dominio de bandas sobre otras; segundo, por territorios de operación y de consumo; y tercero, por efecto del fracaso y corrupción de la estrategia contra la inseguridad.
En el tema de la inseguridad existen tres conflagraciones: de bandas contra bandas, de bandas contra las fuerzas de seguridad y de las bandas y las fuerzas de seguridad contra la sociedad. Cada una de ellas requiere de una estrategia particular de pacificación. Hasta ahora, la propuesta de López Obrador y de su fragmentado equipo de políticas y seguridad sólo ha buscado atender la tercera.
La crisis de seguridad es expresión clara de la crisis del Estado nacional por tres cambios estructurales sin transiciones ni controles:
1.- En 1983-1985 Carlos Salinas de Gortari fue el diseñador de la separación del Estado de la realidad social para poder introducir sin oposiciones la doctrina neoliberal de mercado salvaje.
2.- El relevo en las élites en 1983 –tecnócratas del área hacendaria por políticos del área de Gobernación– rompió las relaciones de complicidad de la política con las policías. Las estructuras de seguridad se articularon al crimen organizado.
3.- La consolidación del Estado de derechos humanos se hizo sin ninguna propuesta de control sobre las estructuras de seguridad y justicia de ese Estado que ya estaban corrompidas por el crimen organizado.
El control de la seguridad funcionó en el pasado anterior a 1983 por el hecho de que la Secretaría de Gobernación centralizaba política y seguridad. El PAN en la presidencia separó seguridad de política interior y con ello creó áreas de poder autónomas. Peña Nieto regresó la seguridad a Gobernación cuando el proceso de criminalización de la sociedad y el Estado ya iba muy avanzado y dio pasos muy tibios hacia el diseño de una nueva doctrina de seguridad.
Y ahí es donde se encuentra estancado el país: estrategias de seguridad sin cuerpo doctrinario, retrasos en la profesionalización de los cuerpos de seguridad e incapacidad para definir y diseñar una política de seguridad interior.
Los foros del gobierno electo de López Obrador repiten los errores del pasado: tratar de subordinar las metas de seguridad a los objetivos de derechos humanos. Y no porque sean contrarios, sino porque sin seguridad no habrá bienestar social; se violan más los derechos humanos por las bandas criminales que luchan por el poder que por la respuesta de autoridad del Estado.
La pacificación del país no se logrará priorizando los derechos humanos, sino aniquilando la estructura de poder armado, político y de corrupción de los cárteles. En todo caso, el Estado ha sido incapaz de desarrollar una estrategia de seguridad que no viole los derechos humanos.
Las víctimas exigen justicia y atención a sus dramas particulares; la sociedad requiere de un Estado capaz de usar la fuerza sin daños colaterales. Es cuestión de entrenamiento, no de entregarles las plazas a los delincuentes. Los derechos humanos con un componente del Estado de seguridad interior, no al revés.
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@carlosramirezh
