CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La búsqueda de 36 personas desaparecidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en Nuevo Laredo se ha intensificado, debido a las órdenes emitidas por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las familias de los desaparecidos, auxiliadas por la Asesoría Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), han interpuesto amparos y recursos de queja en Tamaulipas y Guanajuato para exigir las búsquedas y diligencias a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Hace dos meses y medio, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciaron las desapariciones. Ambas instancias documentaron los casos que ocurrieron de febrero a mayo de 2018, por medio de sus visitadores y enlaces nacionales.
El 1 de junio, la PGR abrió 20 carpetas de investigación relacionadas con dichas desapariciones. Tras la primeras indagatorias y más denuncias el número de personas aumentó a 36, de acuerdo con el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez.
A partir del 21 de mayo los abogados de la CEAV comenzaron a atender a los familiares de las víctimas de desaparición. La directora general del área, Karla Irasema Quintana Osuna, encabeza la estrategia jurídica para impulsar se resuelvan los casos.
El primer resultado a favor fue que la jueza novena de Distrito en Guanajuato, Karla Macías, ordenó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR una inspección detallada en los puntos que fueron mapeados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP). Para ello, estableció un plazo de 20 días a partir de 3 de agosto.
“(La Fiscalía) deberá apoyarse de técnicas de fotografía y videograbación para documentar las condiciones del lugar; además, deberá utilizar todos los instrumentos científicos a su alcance a fin de localizar algún cuerpo enterrado o fosa, por ejemplo, un resistivímetro digital de alta precisión, georradar, penetrómetro normalizado o cualquier otro avance de la ciencia”, indicó la jueza.
La orden fue dictada en los expedientes promovidos por familiares de Marco Antonio Romero Sánchez, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Treviño Ochoa, Gabriel Gaspar Vásquez, José Daniel Trejo García y Julio César Viramontes Arredondo, quienes fueron desaparecidos cuando la Secretaría de Marina realizaba operativos en Nuevo Laredo.
Los sitios de búsqueda son rumbo a las garitas: brecha pasando el kilómetro 25 antes de llegar a Anáhuac (casas abandonadas a la orilla de la vía del tren); brecha detrás de Santa Cecilia; carretera aeropuerto sentido sur kilómetro 12; brecha del Indio; brecha del Papalote; y glorieta del Conejo. Los puntos se encuentran al sur de la zona metropolitana de Nuevo Laredo y al oeste, hacia el municipio de Anáhuac, Nuevo León.
En mayo ya fueron encontrados los cadáveres de Juan Carlos Rendón Vega y Humberto Coatzozon Zapot en la comunidad de Colombia, Anáhuac, quienes fueron ejecutados y cuyos familiares también promovieron amparos para denunciar su presunta desaparición forzada.
La misma juez ha impuesto 10 multas a la Marina y 5 a la PGR por no entregar informes que les ha solicitado sobre las presuntas desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cada multa es de 8 mil pesos, por lo que el monto total ronda los 120 mil pesos.
La juez Macías solicitó un informe con los nombres del personal desplegado en Nuevo Laredo, listas de armamento y vehículos, partes informativos y geolocalización de los teléfonos de las víctimas, entre otras cosas. Igualmente, emitió un apercibimiento al presidente Enrique Peña Nieto para que, como superior jerárquico del titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón, y del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ordene que cumplan las órdenes judiciales.
Igualmente, el juez Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Oscar Zúñiga, ha emitido exhortos desde mayo sobre el caso de Juan Rendón García y Humberto Coatzozon Zapot. De los dos hombres aparecieron sus cadáveres en Anáhuac, Nuevo León. Empero, el juez Zúñiga resolvió que la muerte no impide investigar la desaparición presuntamente forzada.
El último logro de la estrategia jurídica ocurrió el sábado en un juzgado de control en Reynosa. El juez ordenó a la PGR y a la Semar suspender las diligencias hasta que no incluyera a las familiares en las diligencias. La Fiscalía cambió su posición y permitió que las víctimas indirectas acompañaran a los trabajos.
Una veintena de familiares asistieron a diligencias en bases de operaciones de la Semar en Nuevo Laredo y Nuevo León durante el lunes, martes y miércoles. Sin embargo, apuntó Quintana Osuna, las labores no eran búsquedas sino diligencias para revisar el armamento, vehículos y equipos de radio comunicación.
“Las diligencias que se realizaron no son para buscar, eso es lo más complejo y delicado, porque ahí existe un rompimiento o una falta de coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda. En las diligencias no les permiten revisar la zona de operaciones. Si la Fiscalía y la Comisión estuvieran en coordinación se haría una sola diligencia para revisar y buscar”, enfatizó la abogada.
Hasta ahora, los familiares y la CEAV han interpuesto quejas en el área de derechos humanos de la Secretaría de Marina para que procedan en materia de disciplina militar.. Asimismo, presentaron quejas ante el Órgano de Control Interno de la PGR, por el actuar “lento” en las primeras horas de las desapariciones de la subdelegación en Nuevo Laredo. Además, interpusieron quejas en contra de jueces del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, debido a que consideran que sus criterios ano se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos.
