CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Se cumplen 8 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando. Ocho años sin sentenciados por los asesinatos y con la Procuraduría General de la República (PGR) incumpliendo las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenan abrir el expediente a las familias de las víctimas.
Familiares de las víctimas acompañadas de organizaciones de la sociedad civil, el sacerdote Pedro Pantoja y curas de Nuevo León realizarán una ceremonia en el lugar del multihomicidio hoy durante el día, como parte de una semana de actividades para exigir justicia y verdad.
El 21 de agosto de 2010 por la noche, aproximadamente 75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador, que viajaban en dos camiones por la carretera 101, rumbo a la frontera norte, con Estados Unidos de América, fueron secuestrados por hombres armados y vestidos con pantalones de mezclilla, de acuerdo con el testimonio de un sobreviviente.
Por la madrugada fueron trasladados al ejido “El Huizachal”, donde fueron asesinados con disparo de arma de fuego. A la mañana siguiente, un sobreviviente de la masacre caminó hasta un reten de la Secretaría de Marina (Semar) y denunció la matanza. Los marinos encontraron los 72 cadáveres dentro de una bodega en el ejido citado.
En los días siguientes, las autoridades estatal y federal entrevistaron al único testigo, recabaron datos y recogieron los cuerpos. La Dirección de Servicios Periciales, a cargo de Carlos Guillermo Morris Garza, primo del entonces gobernador tamaulipeco Egidio Torre Cantú, fue deficiente al resguardar los cadáveres, proteger la zona del hecho y resguardar las pruebas, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), quien asesora a las familias de las víctimas, ha sido la organización de la sociedad civil que ha dado seguimiento al caso de las masacres de agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando. Ana Lorena Delgadillo, abogada directora de la agrupación, aseguró que el Estado mexicano no ha condenado a ninguno de los detenidos presuntos responsables de los homicidios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha actuado lentamente en este caso, señalan activistas y víctimas. Tres años y cuatro meses después de la masacre, la CNDH emitió la recomendación 80, que centró las conclusiones en la falla de las investigaciones federal y estatal.
El 24 de mayo del año pasado, la Comisión, quien auxiliará el acto de hoy en San Fernando, admitió que la masacre de 72 migrantes era una grave violación de los derechos humanos. Ante ello, recomendó al gobierno mexicano atender a las víctimas directas e indirectas conforme a los lineamientos internacionales y nacionales, como el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La resolución de la CNDH es producto de la sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, representadas por la Fundación. El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa notificó la conclusión del caso el 20 de junio de 2017.
De acuerdo con la recomendación 80/2013, la CNDH señala que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, a cargo de Jaime Rodríguez Inurrigarro, no cumplió con la investigación, como la protección de la zona del crimen y la recolección de pruebas. Morris Garza, quien después fue nombrado director del hospital infantil de Victoria, tardó hasta 48 horas después del hallazgo de los cuerpos para ordenar las autopsias.
“La omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas (…) significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos, máxime que, a raíz de los acontecimientos, esta comisión nacional solicitó la adopción de medidas cautelares, a efecto de preservar los indicios”, establece el documento.
El personal pericial no resguardó correctamente las 51 evidencias de balística –como casquillos .223 y 9 mm., cartuchos y una ojiva–; los objetos quedaron en un lugar abierto “sin resguardar ni reservar”.
Los peritos tampoco establecieron la relación entre las cosas halladas y los cadáveres.
Las autoridades entregaron “un reporte liso y llano, con afirmaciones genéricas sobre las posibles causas de los hechos, en las que se omitió la realización de exploraciones significativas de indicios conducentes a determinar lo que en realidad sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando”, señala la CNDH.
La muestra fehaciente del mal trabajo desempeñado fue la confusión del cuerpo del brasileño Juliard Ares con el de un hondureño. A pesar de las fallas ningún funcionario público estatal ha sido sancionado por las fallas en la investigación de los homicidios.
El último hecho público sobre la masacre fue la detención de Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, alias “El Pata de Queso”, presunto responsable de coordinar los homicidios de los migrantes y de participar en el asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez. Tres días después de su captura murió por insuficiencia renal, informó la Policía Federal.
Una larga historia…
2010
21 de agosto en la noche
Hombres armados secuestran a 72 migrantes: 58 hombres y 14 mujeres cuando viajaban a bordo de dos camiones rumbo a la frontera norte de México
22 de agosto en la madrugada
El grupo armado traslada a los 72 migrantes al ejido El Huizachal y, posteriormente, los asesinan con disparos de arma de fuego.
23 de agosto
Un sobreviviente denuncia la masacre en el puesto de control carretero de la Secretaría de Marina (Semar) en Matamoros.
25 de agosto
Comienza resguardado de cuerpos en la base naval San Fernando. Los primeros 23 son enviados a la funeraria Valle de la Paz. El resto, 49 cadáveres, son dejados en una montaña sin protección en la instalación federal.
31 de agosto
En un camión sin las condiciones de enfriamiento, la PGJ envía 56 cuerpos que no pudo identificar a la Procuraduría General de la República (PGR).
2011
1 de abril
Se descubren fosas clandestinas. Al final del mes, la PGJ informa de 47 fosas con 193 cuerpos. 129 fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México y 73 se quedaron en Tamaulipas.
13 de abril
Detención de 16 policías municipales de San Fernando, que al parecer ofrecían protección al grupo delictivo responsable de cientos de asesinatos.
22 de julio
Trece cadáveres sin identificar son enterrados en la fosa común del panteón Dolores, en la Ciudad de México. Cuatro meses después, la PGR incineró un cuerpo, argumentando razones sanitarias.
2013
23 de diciembre
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 80/2013 dirigida al procurador general Jesús Murillo Karam y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Dicho documento señaló las violaciones a los derechos humanos cometidas en la investigación de la matanza.
2014
La PGR informó parcialmente que policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos por las masacres. Los uniformados recibían pagos del crimen organizado para realizar labores de vigilancia o interceptar migrantes en la zona.
2016
2 de marzo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorga el amparo a dos familias de migrantes de El Salvador; en el que se reconoce su derecho de víctimas a obtener copia del expediente de su caso y se hace un reconocimiento parcial de ellas como víctimas.
2017
24 de mayo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó la masacre como violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación.
14 de noviembre
La Policía Federal detiene a Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, alias “El Pata de Queso”, presunto responsable de coordinar los homicidios de los migrantes.
17 de noviembre
Martiniano de Jesús Jaramillo Silva muere en el hospital a causa de insuficiencia renal.
Fuente: “Mas de 72” e información pública oficial
