La obra de los nuevos mercados de Tampico fue una de las grandes apuestas en materia de infraestructura de la anterior administración estatal, y de la alcaldía de Gustavo Torres Salinas.
Polémica, pero necesaria, fue planteada como la culminación del viejo anhelo de buena parte de los sectores productivos del sur de Tamaulipas.
Sin embargo, para iniciarla fue necesario que la fuerza pública desalojara a los locatarios que se negaban a abandonar sus espacios, advirtiendo que se trataba de un proyecto faraónico que no los tomaba en cuenta, y que corría el riesgo de terminar como tantas otras obras anunciadas para aquella región de la entidad: paralizadas lo mismo por falta de recursos, que por ineficiencia de las autoridades o por protestas ciudadanas.
Exactamente tres años después de que comenzara el derrumbe de los viejos mercados -preciados tesoros arquitectónicos en algún momento, devenidos más tarde en una mole sin chiste que incluso se volvió riesgosa para las miles de personas que la visitaban a diario- la Secretaría de Obras Públicas anunció que le rescindió el contrato al consorcio que tenía la obra a su cargo.
Dos años después de la primer fecha de entrega, la construcción tenía apenas un 70% de avance.
La verdad es que la empresa Productos y Servicios MADA, ubicada en San Pedro Garza García, no contó nunca con la capacidad operativa para llevar a cabo una obra de tal calado, valuada en 265 millones de pesos.
Por donde se viera, el pronóstico de los locatarios parecía estarse cumpliendo.
La situación era insostenible y así lo evaluó la Secretaría de Obras Públicas que esta semana dio un golpe sobre la mesa y determinó la rescisión del contrato, una facultad legítima de la autoridad, que sin embargo era poco usada en el pasado, acaso como una muestra más del amasiato entre la autoridad y los contratistas, con todo los diezmos, cochupos, sobornos y compadrazgos que pudieran apreciarse en el medio.
Porque desde finales del 2016 que arrancó la nueva administración estatal, comenzó a escribirse una larga lista de contratos rescindidos a empresas que se ganaban contratos millonarios, y entregaban obras de mala calidad, a destiempo y en el peor de los casos, ni siquiera concluían los trabajos por los cuales cobraban con asombrosa puntualidad.
Una historia harto conocida en la política tamaulipeca, pero que por primera vez tiene consecuencias administrativas, y las penales todavía no pueden descartarse si el gobierno estatal mantiene su postura de hallar la basura que por tanto tiempo se escondió bajo las alfombras de las dependencias públicas.
Parece razonable exigir que se investigue si más allá de incapacidad, hubo dolo u omisiones en las autoridades que tuvieron a su cargo el proyecto.
La obra en cuestión volverá a ser licitada y ello significa una nueva oportunidad para que esa región y su pujante sector comercial tengan el complejo de mercados que se merecen.
