CI8UDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Ante la cercanía del cambio de administración federal, miles de familiares de desaparecidos en Tamaulipas renuevan la esperanza de que las autoridades hagan lo que les corresponde para encontrar a sus seres queridos.
La experiencia de la última década les ha demostrado que a la par de sus labores de búsqueda, deben plantear exigencias concretas para quienes están a punto de llegar al poder.
Así lo hicieron en la reunión que celebró Andrés Manuel López Obrador y su futuro gabinete de seguridad y derechos humanos junto a representantes de colectivos y organizaciones de todo el país.
Ahí estuvieron los tamaulipecos que sobre el tema tienen mucho que exponer.
No es para menos, Tamaulipas sigue siendo la entidad con más casos denunciados de desapariciones: 6 mil 131, la mayoría en los municipios fronterizos, pero con una alta incidencia también en la zona centro.
Por esa razón, a pesar del temor que significó por muchos años, Tamaulipas fue punta de lanza en la organización de colectivos ciudadanos que surgieron con una misión primordial: buscar a los suyos ante la inoperancia o la desidia de las autoridades.
Actualmente en la entidad existen por lo menos una decena de agrupaciones que a su modo y con sus particularidades, mueven cielo, mar y tierra para conocer el paradero de sus hijos, hermanos, esposos, padres, amigos.
La búsqueda sin fin los ha llevado a capacitarse, tejiendo una red internacional aprendieron técnicas de investigación que les permite localizar territorios donde pudieran estar enterrados sus familiares.
En el campo, saben distinguir el suelo donde vale la pena cavar ante la posibilidad de encontrar ahí otra fosa.
Sobresale la labor de las mujeres, acaso las más entregadas a la causa.
“¿Cómo llamarnos madres sin nuestros hijos?”, repiten constantemente.
“Seguimos encontrando lo que nadie quiere buscar: a nuestros desaparecidos en tierras tamaulipecas; donde se ha querido ocultar que existen estos sitios de exterminio, no los vamos abandonar ahí, porque ellos quieren ser encontrados!!”, escribió en su cuenta de Facebook Graciela Pérez, una de las activistas más persistentes.
Graciela y Edith Pérez Rodríguez buscan sin descanso lo más preciado que tenían.
En San Fernando estuvo uno de los colectivos pioneros en esta tarea y que era dirigido por Miriam Rodríguez, asesinada en el 2017. En este grupo había 600 casos de personas desaparecidas.
Graciela, de 49 años, busca a su hija Milynali y Edith busca a sus hijos José Arturo y Alexis. Además, ambas buscan a su sobrino Aldo de Jesús y su hermano Ignacio.
Los integrantes de la familia Pérez fueron raptados por el crimen el 14 de agosto de 2012. La familia viajaba en una camioneta de Texas a Tamuín, San Luis Potosí. Al pasar por El Mante, los “desaparecieron”.
Graciela Pérez fue una de las personas que hizo peticiones concretas a Andrés Manuel López Obrador, la más importante: crear un Instituto Nacional Forense que tenga autonomía de las fiscalías.
“Ya que los colectivos que buscamos encontramos restos y se acumulan en las Procuradurías estatales y federales sin poder obtener identificación en dichos indicios recuperados, es decir, los recuperados los siguen desapareciendo ahora en las Procuradurías”, dijo.
También pidió que “los casos de desaparición de personas sean llevados y revisados ante la Corte Penal Internacional con el fin de luchar con la impunidad y garantizar la no repetición”.
En la frontera también se tejen cientos de historias de dolor, muchas de ellas agrupadas en torno al nuevo panteón forense “Unidos por el recuerdo”, en Miguel Alemán.
Como la de otras dos mujeres incansables en su tarea: Hace 8 años que Carmen no sabe de su hijo y Antonia de su esposo. Sin embargo no son sus únicos familiares desaparecidos. También hay cuatro sobrinos, una sobrina, una cuñada y familiares políticos.
Daniela, otra mujer que se unió a su grupo busca a su hijo, un tío y un primo.
Casos de desapariciones masivas como esas, se repiten por toda la entidad.
Y la queja es similar en todo el territorio. Las anteriores administraciones estatales escondieron por años la grave crisis de las desapariciones, y con ello, condenaron a sus familiares a una búsqueda cada vez más compleja, con cientos de cuerpos enterrados en fosas comunes sin haber seguido los protocolos de documentación que después permitieran identificarlos.
Al mismo tiempo lamentan que el gobierno federal no ha hecho lo necesario para ayudarlos; por el contrario, la Comisión de Búsqueda que se creó ha servido para muy poco.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene inscritas a 2 mil 795 personas por el delito de desaparición y mil 394 por el de desaparición forzada. La mayor parte se encuentra en Guerrero, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato. Para estos delitos y otros más ejercen 976 millones 329 mil 241 pesos.
Del presupuesto de casi mil millones de pesos, apenas en febrero de 2018 la Comisión federal abrió una delegación en la entidad. Anteriormente las víctimas tenían que viajar a Nuevo León, la Ciudad de México o Sonora para tramitar sus casos o recibir atención psicológica y jurídica.
En Tamaulipas hay 6 mil 131 casos denunciados. El 58 por ciento de los desaparecidos en el estado se concentra en Matamoros (mil 452 casos), Reynosa (mil 51) y Nuevo Laredo (mil 65). En 494 reportes no se especifica la localidad de la desaparición. En los primeros lugares de la estadística también se encuentran Victoria, con 519 casos; Tampico, con 502; y Valle Hermoso, con 206.
Homologan marco legal
Ante la falta de apoyo del gobierno federal actual, los colectivos de desaparecidos enfocan sus esfuerzos en que la futura administración de Andrés Manuel López Obrador tome en serio su problemática.
Mientras, a nivel estatal se busca estructurar la ley para facilitar la búsqueda de los más de 6 mil desaparecidos en territorio tamaulipeco. Esta semana el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca envió al Congreso de Tamaulipas un paquete de reformas que lograran la homologación del marco legal nacional para la desaparición forzada y por particulares y de la investigación de la tortura.
El lunes ingresó el documento de 52 páginas, donde se propone la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Unidad para la Investigación de la Tortura y la Transformación de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad.
De aprobarse el planteamiento del Ejecutivo estatal, el nuevo nombre será Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas.
Además, se crearía la Comisión de Búsqueda que dependerá de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) durante dos años y posteriormente será un organismo público
descentralizado. La o el comisionado será aprobado por los diputados a propuesta de las familias y colectivos con personas desaparecidas, indica la propuesta.
Igualmente en la PGJ se fundará la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, que será dependiente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La búsqueda de Rosa…
Rosa recuerda lo trabajadora que era su hija. Se la llevaron hace más de seis años. Era una tarde de mediados de 2012, cuando dos hombres entraron al negocio que atendían madre e hija. Golpearon con una pistola a la joven. Rosa forcejeó, le encajó el tacón de una zapatilla a uno de ellos, en respuesta la hirieron con un pica hielo en el brazo y pierna. Otro hombre le apuntó con una metralleta, jaló el gatillo varias veces y no salieron balas. Elena corrió e intentó retener al agresor herido, pero fracasó.
Siete horas después hablaron con el esposo de Rosa. Le pidieron 2 millones de pesos, cifra que no podían pagar. Negociaron y acordaron pagar un millón de pesos a cambio de la hija sana y salva. La familia vendió sus propiedades para pagar el dinero en dos entregas. En la segunda, cuando se supone le entregarían a la muchacha, el esposo recibió un papel con un camaleón adentro, cuenta Elena. Volvieron a llamarles para pedirles 300 mil pesos, pidieron un préstamo. Elena decidió llevar el dinero. Los criminales aparecieron en el lugar pactado pero no bajaron del automóvil. La madre los persiguió y metros adelante escaparon. Nunca más volvieron a comunicarse.
Rosa y su marido denunciaron el secuestro y estaban al pendiente de los avances. Abandonaron los comercios que sostenían para buscar a su hija de 23 años y también para que la madre se recuperara físicamente. No obstante, un día se dieron cuenta que el expediente había desaparecido. Volvieron a denunciar en 2013, pero las denuncias fueron destruidas, refiere, en una ocasión que grupos armados allanaron las oficinas estatales. La tercera denuncia quedó asentada en 2015, es la que mantiene activa y con la que busca a su hija.
La primera salida tras el rastro de la menor de la familia fue en una bodega. Un hombre le dijo a Rosa que había visto a su hija. Después una sobrina le aseguró que había visto a la joven comprando en una farmacia en la frontera. Posteriormente, otro hombre le comentó que su hija había sido asesinada y le enumeró los posibles lugares donde estaría. Su esposo murió sin saber el paradero de la hija.
Rosa ha ido a por lo menos a 60 búsquedas desde el Valle de San Fernando a Altamira, sin éxito.
‘Prometió bailar con sus hijas’
Marcial Velázquez Trujillo, de 37 años, desapareció el 2 de diciembre de 2012 cuando conducía una camioneta sobre la carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina, en Tamaulipas.
“Trabajaba en un ejido que se llama Ricardo Magaña, era comisario ejidal de esa zona que se dedica a la producción de madera rústica y carbón. Fue un domingo en la noche, el lunes familiares pasaron por la carretera y vieron que su camioneta estaba quemada, yo estaba en Abasolo y me avisaron para irlo a buscar a su casa, pero no estaba”, recordó su hermana Elizabeth.
Marcial desapareció junto con su amigo Alejandro, quien también ya era buscado por su madre.
“En la camioneta no había restos, sólo sus documentos que manejaba en su trabajo, yo puse la denuncia inmediatamente el lunes, fui a buscarlo en un destacamento de soldados, los llevé al lugar de los hechos, nunca se hizo una investigación real.
“Desde entonces vivimos con este dolor, es muy difícil, la salud de mi mamá se ha minado, sufrió un infarto a raíz de todo esto, Marcial dejó tres hijos, el día 10 de diciembre cuando desapareció, la niña cumplió un año”, lamentó.
El hijo de Marcial cumple años el 4 de julio, un día después que su padre, por lo que el recuerdo agobia a la familia.
“Su otra hija, la mayor, ya tiene 18 años. Trabajaba para sostener a su familia, le gustaba jugar futbol con su hijo, le hace falta a todos.
“Planeamos los XV años de mi hija y después los de sus hijas, prometió bailar con todas sus sobrinas e hijas, con las quinceañeras, lamentablemente nos lo arrebataron y no sabemos nada de él”.
Identifican a guatemaltecos en Güémez
Más de cuatro años y medio después de su desaparición, los restos de nueve migrantes guatemaltecos que cruzaban México para llegar a Estados Unidos fueron identificados de una fosa clandestina hallada en Güémez.
El 10 de febrero de 2014, las nueve personas, entre ellas tres menores de edad, dejaron su país natal, en busca del sueño americano, sin embargo, lo último que sus familiares supieron de ellos fue que el 17 del mismo mes ya se encontraban en Tamaulipas.
Ante la falta de información sobre la situación de sus parientes, en mayo de ese año los familiares levantaron una denuncia ante autoridades estatales y federales.
Según la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el 17 de febrero de 2015 se encontró una fosa clandestina en el ejido de Plan de Ayala, en el municipio de Güémez, Tamaulipas.
“El 23 de julio de 2018, los familiares fueron notificados de la identificación positiva de sus familiares en la Embajada de México en la Ciudad de Guatemala, Guatemala”, informó la oficina de la ONU.
“Esta identificación es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto entre las autoridades, familiares de las víctimas, organizaciones que las acompañan y expertos forenses independientes propuestos por las familias”, destacó Jan Jarab, representante de la ONU-DH.
