CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Contralmirante Augusto Cruz Morales fue autocrítico en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad que finalmente sesionó en el pleno del Congreso.
“Todos hemos fallado por la inseguridad que se vive”, admitió.
En reciprocidad, los legisladores le abrieron ‘la puerta’ al Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, para exigir mayores recursos públicos que se apliquen en la prevención y la reacción mediata a los delitos del fuero común.
A todos los legisladores les respondió y admitió que si bien la frontera de Tamaulipas es una zona compleja, de esa región, la ciudad de Reynosa es la más difícil.
Aquí anunció que después de haber instalado cinco filtros de seguridad desde el mes de marzo y que generó “un campo de batalla”, el siguiente paso en Reynosa, particularmente, será realizar un barrido en las principales colonias donde existan los mayores índices de inseguridad.
“Hay que renovar la estrategia. Vamos a realizar un barrido interno en colonias en unos días”.
Ante la peligrosidad que se vive en Reynosa, dijo, habrá cuatro grupos de fuerzas especiales y se consideran al menos 500 hombres pero se necesitan “mil doscientos policías. La mitad de los egresados (de la Universidad) se va para Reynosa”.
Añadió: “Vamos a barrer las zonas más conflictivas”.
El Secretario de Seguridad Pública compareció ante los legisladores para ampliar la información sobre los dos años de acciones en materia de seguridad.
Sobre la capital del Estado, dijo que el 52% de los homicidios que se han cometido en Tamaulipas (509) están concentrados en ciudad Victoria y el 84% de las víctimas son hombres.
Augusto Cruz Morales, responsable de la Seguridad en Tamaulipas, al responder preguntas de legisladores, sostuvo que si bien, se requieren 6 mil 750 policías para lograr una meta en los indicadores, al final del sexenio se contarán con 8 mil 400 policías.
Para ello, es necesario aumentar los procesos de reclutamiento pero reconoció que “elevar la fuerza del estado no es la solución para frenar la inseguridad”, se requieren de otras acciones ya señaladas.
Una de las adversidades con las que se encontró, dijo, es el proceso de la depuración. Si bien ha dado de baja a 90 elementos por conductas que están fuera de la Ley, sólo entre 6 o 7 se han podido consignar a la Procuraduría de Justicia.
“Cuando llegué me encontré que tenía que pagar cuatro millones de pesos por una indemnización, ya ordenada”.
“Sabemos que andan mal, pero no podemos comprobarlo, no podemos despedir injustificadamente y depurar nada más así”.
