* El columnista es autor de las novelas: “Erase un periodista” y “Rinconada, la historia prohibida del maestro Ricardo”, además Premio Nacional de Periodismo 2016.
No extraña que la clase empresarial esté furiosa por la decisión popular de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, por la sencilla razón de que les pega en el mero centro de sus intereses.
De ahí que sus representativos invoquen violaciones legales a las que no recurrieron cuando así convino.
No lo hicieron ante la corrupción que ahoga al actual régimen, ni en los escándalos que desde hace tiempo tienen colocado a México como referente mundial de inmoralidad.
Y es que ellos son parte del sistema. Esto incluye las enormes ganancias obtenidas a la sombra del poder en un país hecho a su modo y satisfacción.
Privilegio que difícilmente conservarán en el futuro inmediato porque las reglas del juego han cambiado.
Y esto es lo que parecen no entender, como no comprenden que la política, cual defensora de las causas mayoritarias, debe estar desligada del interés capitalista.
Máxima elemental en cualquier sociedad democrática.
Los dueños del capital están furiosos, insisto, porque el manjar de los grandes negocios ya no estará a su disposición. México no les importa, solo el dinero. Y ni modo que sea invento.
Ya dijo AMLO: “no tienen llenadera”. Y estaremos de acuerdo si recordamos las incontables evidencias que motivaron la inconformidad convertida en votos el primero de julio.
La clase empresarial actúa como avestruz que esconde la cabeza para evitar responsabilidad social.
Ni cómo negar que la cuantiosa riqueza de unos cuantos es directamente proporcional a la pobreza de setenta millones que confían mejorar sus condiciones de vida el próximo sexenio.
Dirán que promueven el empleo, aunque lo cierto es que practican la explotación salvaje y desmedida de sus trabajadores, sin que autoridad alguna les obligue a cumplir con la ley.
Y menos cuando el sindicalismo oficial navega por las malolientes aguas de las cañerías.
FURIA EMPRESARIAL CONTRA AMLO
Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, uno de los más rabiosos, advierte que la consulta popular “echa a perder la obra más importante del sexenio”, cuando en realidad significa el gran negocio del régimen tricolor y sus aliados.
Si era el más importante proyecto, ¿por qué el gobierno no consultó a quienes lo costearían, es decir a los contribuyentes?.
Esto sí es un acto dictatorial de EPN que no midió las consecuencias de construir un aeropuerto de lujo en un país pobre.
Los dueños del dinero señalan que suspender la construcción en Texcoco conlleva la pérdida de confianza del capital internacional.
¿Por qué no dijeron lo mismo cuando EPN canceló el proyecto del tren México-Querétaro, a realizar por una empresa china a la que el gobierno debió indemnizar con 600 millones de dólares?.
De manera que la decisión sobre Texcoco está tomada y avalada por la legitimidad de un presidente electo que obtuvo treinta millones de votos.
Así que los empresarios, “o jalan, o se ahorcan”, como diría el ranchero, porque ahora les toca a los pobres.
Y ello debiera ser considerado por los medios de comunicación y sus “analistas”, los cuales por obvias y sobradas razones, participan de la furiosa campaña contra AMLO y sus colaboradores.
Sobre todo la televisión cuyo poder de manipulación no tiene límites, la cual es aprovechada para difundir la opinión empresarial, como es el caso de Juan Pablo Castañón, el presidente de Consejo Coordinador Empresarial a quien le falta tiempo para conceder entrevistas amañadas, “todo el santo día”.
SUCEDE QUE
Ahora resulta que Peña Nieto y algunos de sus colaboradores fueron amparados contra la posibilidad de ser detenidos, como resultado de la presunta desviación de 250
millones de pesos pertenecientes al erario público, hacia campañas del PRI.
Como recordareis el penoso asunto al parecer, fue operado por el ex dirigente tricolor de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, quien permaneció algunos meses en la cárcel hasta que un juez determinó su libertad “por falta de elementos”.
Lo interesante del caso es que en el expediente respectivo aparece el PRI tamaulipeco como beneficiario en los tiempos de un tal Egidio Torre Cantú, según se publicó en su momento.
El amparo en cuestión, más bien es “por si las moscas”, considerando que EPN solo puede ser enjuiciado por traición a la patria, digo, si es que todavía funciona la inmunidad o impunidad, que no es lo mismo, pero es igual.
Y hasta la próxima.