CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tamaulipas, la entidad con más desaparecidos en México, es el segundo estado donde se han encontrado mayor cantidad de fosas clandestinas entre el 2006 y 2016. Las autoridades estatales reportaron 189 hallazgos de 280 fosas que contenían 336 cadáveres, de acuerdo a solicitudes de información respondidas por la Procuraduría General de Justicia.
De todos los hallazgos solamente han sido identificados 18 cuerpos
La investigación #MéxicoPaísdeFosas localizó los municipios tamaulipecos con más entierros clandestinos encontrados. San Fernando encabeza la lista, con 139 fosas y 175 cuerpos, seguido de Güémez con 21 entierros y misma cantidad de cuerpos, Victoria con 14 hoyos y once cadáveres, Ciudad Mier con 13 fosas y 6 cuerpos descubiertos, Matamoros con 11 fosas y 6 cuerpos.
Dentro del mapeo publicado en Adondevanlosdesaparecidos.org destaca Xicoténcatl por el hallazgo de 49 cuerpos en 7 fosas. Además en la misma localidad se descubrieron 266 restos óseos calcinados en sitios de destrucción de cuerpos, que comúnmente son llamados ‘cocinas’. Otros municipios con sitios de estas características son: Llera de Canales, Victoria, San Carlos y Aldama.
El país de las 2 mil fosas
El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano,
fue sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres maniatados, semi desnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre de 2006.
El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos. Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.
Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado mil 978 entierros clandestinos entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos
días, en uno de cada siete municipios de México. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.
Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.
Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
Este es el mapa, al menos parcial, de la dimensión de la barbarie.
El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.
En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día. A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.
Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos. En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.
Esta cifra inédita de casi 2 mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que realizamos. Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.
Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán. Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie -ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa- había registrado hasta
esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.
Esta investigación, que intenta dotar de ubicación y número a las fosas y a los restos hallados, arroja también pistas sobre sitios en disputa, métodos de desaparición por regiones o cambios de patrones.
Con la información obtenida que sirvió de sustento para el mapa es posible detectar sitios donde se acumulan capas de fosas. Entre estos destacan cinco en permanente disputa entre grupos criminales, y a veces Fuerzas Armadas, todos ellos de frontera, sea con el mar o con Estados Unidos.
Los cinco puntos concentradores de fosas son: Ciudad Juárez, así como los puertos o corredores cercanos al mar: Ahome, Sinaloa; San Fernando, Tamaulipas; y los puertos de Acapulco y Veracruz. También es posible distinguir que en el noroeste y la parte norte del Golfo de México se ha extendido la incineración como un método para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas. Acaso quedan fragmentos. Esto ocurre en lugares como Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León.
En esos sitios tanto familias buscadoras como autoridades siguen descubriendo terrenos con miles de fragmentos óseos, lo que dota de mayor dificultad las labores para su identificación.
Torre de Babel Forense
Esta investigación también se topó con información fragmentada, muchas veces contradictoria, otras maquillada, así como la falta de homologación de registro entre fiscalías estatales, incluso para clasificar cuerpos, osamentas, restos, fragmentos y fosas.
Para llegar a los números alcanzados hubo que desentrañar la variedad de nombres que cada fiscalía da a cada sitio de levantamiento de cuerpos, según la complejidad que enfrenta.
Para la fiscalía de Veracruz, por ejemplo, un pozo con restos óseos calcinados es una fosa, pero también lo nombra como “centro de destrucción de cuerpos”. Mientras que Coahuila llama “sitios de inhumación clandestina” a los lugares donde se encontraron tambos usados para calcinar personas.
A los 19 lugares donde fueron calcinados cadáveres, la fiscalía de Nuevo León las mencionó como “cocinas”, utilizando el argot de los grupos del crimen organizado.
Aguascalientes, en tanto, respondió que desconoce el significado de la palabra fosa clandestina.
El investigador del Colegio de México y maestro de la Universidad Iberoamericana, Jacobo Dayán, experto en crímenes de lesa humanidad, opina que investigaciones como esta “encuera la falta de Estado”.
“No hay información oficial de fosas en el país como no hay claridad de la ubicación de los cuerpos, o si estos fueron donados a escuelas de medicina o están dando vueltas en tráilers o perdidos en Semefos o quién sabe dónde. Es urgente un registro claro sobre desaparecidos, y por otro lado de fragmentos, restos y fosas para empezar a hacer las políticas de búsqueda, exhumación e identificación”.
Para Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en México, investigaciones como esta muestran la necesidad de crear un protocolo homologado en todo el país para registrar fosas y restos encontrados.
“Que expliquen (cada fiscalía) qué quieren decir cuando dicen fosa, osamenta, cuerpo o resto; cómo llaman a alguien que fue identificado pero no encuentran a su familia: ¿no identificado o no reclamado?, ¿cómo lo cuentan?; ¿cómo catalogan las que llaman ‘cocinas, o cuando los cuerpos están enterrados o en ríos, presas, a la intemperie o dentro de una maleta?. Sin esas definiciones es muy difícil hacer estadísticas. Eso hay que resolverlo.”
Registros dispersos, incompletos, contradictorios o fragmentados de los gobiernos estatales y del federal obligan a las familias a vivir en la incertidumbre sobre el paradero de su seres queridos. La suma de negligencias y omisiones condenan a las personas desaparecidas a desaparecer por segunda vez.
La salvadoreña Bertila Parada tuvo que rescatar a su hijo Carlos Alberto Osorio Parada de los laberintos de la burocracia mexicana, donde su cuerpo, rescatado de una fosa, estuvo perdido por esa falta de protocolos que a las personas recuperar el cuerpo de su ser querido y darle un entierro digno, y dejarlo al lado de su gente.
El joven migrante fue asesinado en marzo de 2011 por un grupo criminal en complicidad con la policía municipal de San Fernando. Su cuerpo fue el tercero en ser localizado en la fosa 3 de la brecha El Arenal, junto con otras 12 personas asesinadas, cuando comenzaron las exhumaciones en abril. En total serían 189 cuerpos los recuperados en una cuarentena de fosas.
El cadáver de Carlos Alberto Osorio fue trasladado a la morgue de Matamoros el 17 de abril, donde, al día siguiente, le practicaron la autopsia; otros 122 cuerpos exhumados tomaron otro rumbo: fueron trasladados por la PGR a la Ciudad de México.
El cuerpo de Carlos Alberto fue sepultado con registro de persona no identificada junto a 67 cuerpos.
Cuando su familia se enteró del hallazgo de las fosas, y como Carlos Alberto había dejado de reportarse, se hicieron los análisis genéticos para que la PGR los cotejara con la genética de los restos exhumados. Pero la PGR inicialmente sólo realizó las pruebas a los cuerpos enviados a la ciudad de México. El joven, por ello, permaneció tres años y 10 meses en la fosa común tamaulipeca, y una vez estuvo a punto de ser incinerado por las autoridades.
“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dijo su madre, doña Bertila Parada, vendedora de pupusas, al ser entrevistada en 2016, mientras mostraba la carpeta que recibió el 28 de enero de 2015 y que contiene las fotos del cráneo destrozado de su hijo y del panteón donde reposaba bajo una cruz oxidada que marcaba su tumba. Cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3 Fosa 3”.
Ella tuvo que protestar muchas veces ante las autoridades de su país, hasta que encontró una organización mexicana (Fundación para la Justicia) y a un grupo de antropólogos forenses (el EAAF), que la ayudaron a rescatar a su hijo del abandono y del anonimato, hasta darle descanso en su casa.
Ya recobrado el cuerpo de su hijo, Bertila pudo sentir un poco de alivio de la tortura que vivió penando por encontrar dónde estaba y recuperarlo.
“Siento dolor y al mismo tiempo siento que hay algo que sí logramos. Porque mucha gente no lo ha logrado, muchos que no saben dónde están sus hijos. Cuando lo enterré tuve un poco de descanso”, dijo.
En México 37 mil 485 personas estaban reportadas como desaparecidas entre diciembre de 2006 y octubre pasado, según los registros oficiales. Se desconoce cuántas de ellas están en fosas.
NOTA: Por Alejandra Guillén, Mago Torres, Marcela Turati
*Este reportaje es parte del proyecto Adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de Quinto Elemento Lab.
Fosas encontradas
139 en San Fernando con 175 cuerpos
21 en Güemez con 21 cuerpos
14 en Victoria con 11 cuerpos
13 en Mier con 6 cuerpos
11 en Matamoros con 6 cuerpos
10 en Hidalgo con 12 cuerpos
10 en Llera con 8 cuerpos
8 en Padilla con 5 cuerpos
7 en Xicoténcatl con 49 cuerpos
6 en Nuevo Laredo con 1 cuerpo
6 en Altamira con 6 cuerpos
18 cadaveres han sido reconocidos
