CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los tres primeros trimestres del 2018, la inflación devoró las aportaciones federales de los ramos 33 y 35, que son Educación, Salud, infraestructura social y apoyo a municipios, las cuales pese a tener un crecimiento nominal positivo cayeron en términos reales (-) 4 por ciento, mientras las aportaciones fiscales o Ramo 28, apenas crecieron 1.6 por ciento.
Hasta el 30 de septiembre pasado el dinero federal pagado a Tamaulipas por concepto de aportaciones y participaciones ascendía a 34 mil 863 millones de pesos, mientras que el año anterior de enero a septiembre se había trasferido un total de 33 mil 633 millones, lo que representó un aumento nominal en 2018 mil 230 millones 0 un 3.65 por ciento, pero con un acumulado de inflación de 5.02 por ciento, las aportaciones resultaron inferiores.
Además, dependencias como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, retardan la entrega de ministraciones lo que repercute en el gasto de seguridad pública que llega a contar como subejercicios.
El llamado gasto federalizado para las entidades, en este caso Tamaulipas, comprende el Ramo 28 llamado Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
En la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las Participaciones para los Estados y Municipios establecen fórmulas y procedimientos de distribución de recursos entre las entidades federativas para cada fondo de este Ramo 28 no parte del Gasto Programable, y los ingresos dependen de la Recaudación Federal Participable efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera.
“Su carácter principal es resarcitorio, debido a que al asignar los recursos considera la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. Al carecer de un destino específico en el gasto de las entidades federativas, los recursos no se encuentran etiquetados”, explica el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, por lo que el monto establecido en el PEF o Presupuesto de Egresos de la Federación, “se entregará a las entidades federativas sin considerar su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter compensatorio tiene como propósito asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros”, anota el CEFP.
La nueva Legislación de transparencia votada en diciembre de 2015, obliga a estados, ayuntamientos y demás sujetos obligados a mantener personal especializado responsable de cumplir con la publicación de información pública y no hacerlo puede dar lugar a inhabilitaciones de los funcionarios responsables y en su caso, de sus superiores.
Llama la atención de que la aportación que concentra el 60 por ciento del Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) aunque tienen un ligero incremento nominal, de 210 millones de pesos, de 8,589 millones de enero a septiembre de 2017, contra 8 mil 799 millones en el mismo periodo de este año, medio punto porcentual menos que lo presupuestado
El monto del FONE determina por los recursos que se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de las atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.
Uno de los fondos que llama la atención que signan bajando, es del de Aportaciones a la Seguridad Pública o FASP que llego de enero a septiembre de 2012 a 254 millones de pesos y para el 30 de septiembre pasado solamente suma 222 millones, 32 millones menos en saldo nominal, y más de un 20 por ciento en tperminos reales.
El monto del FASP se determina con los recursos vayan a destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.