CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La fundación de la Guardia Nacional, la operación de las coordinaciones regionales y el tipo de vinculación del gabinete federal con los gobiernos estatales y los ayuntamientos, son parte de los temas del plan de paz y seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que han causado incertidumbre.
Representantes de la sociedad civil de Tamaulipas consideran que el futuro secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño, ha dado ideas generales del proyecto, pero falta saber cómo concretarán cada uno de los ocho ejes expuestos a mitad de la semana pasada en la Ciudad de México. Los especialistas Lilian Chapa Koloffón y Ernesto López Portillo coinciden en que por ahora no hay una política pública visible y detallada.
También aseguran que la creación de la Guardia no debe frenar el crecimiento de la Policía Estatal ni el desarrollo de otras corporaciones civiles preventivas.
El nuevo cuerpo de seguridad, con mandos operativos del Ejército Mexicano y de la Armada de México, entrará en 150 regiones con problemas graves de delincuencia en 2019. Al siguiente año intervendrán en 200 regiones. A mitad del sexenio el país quedará sectorizado en 266 regiones que serán atendidas por los elementos de la corporación obradorista.
En las entidades la discusión se centró en la regionalización y el modelo de vinculación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. El viernes por la tarde, el equipo de seguridad informó la conformación de las 266 coordinaciones regionales del plan de paz y seguridad.
El ojo en los estados
Para los expertos en seguridad y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la creación de la Guardia prolonga y da sostén a la militarización de la seguridad pública en México. Empero, los integrantes de las mesas de seguridad de Tamaulipas respaldaron la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas e incluir a los soldados y marinos dentro del nuevo cuerpo.
“La formación de esta Guardia es necesaria, lo que nos gustaría ver es el programa que se sigue para que crezca y se vuelva una policía nacional que tenga un mando civil y que se vuelva una institución civil”, expresó el doctor Juan José Villarreal, integrante mesa de seguridad y justicia de Reynosa.
A su vez, el presidente del mismo grupo en Reynosa, César Amílcar López González, afirmó que por el momento es necesaria la participación de marinos y soldados. No obstante, ahondó en que se requieren mejoras en las corporaciones estatales para poder retirar a las Fuerzas Armadas a “hacer su función de salvaguardar la seguridad nacional”.
En el mismo sentido, la doctora Bertha Salinas se pronunció a favor de que la seguridad se refuerce con elementos federales “para poder suplir todavía la falta de policía que sirve de contención, de reacción y de proximidad, que es la Secretaría de Seguridad del estado”.
Para Julio Almanza Armas, representante de comerciantes del estado, la integración de la Guardia Nacional debe tomar en cuenta a los “buenos elementos de la Policía Federal y aprovechar la infraestructura para compensarlos con la experiencia y juventud de los nuevos elementos de la Guardia Nacional”.
Los representantes de los grupos ciudadanos cuestionaron la falta de claridad en el modelo de participación de la sociedad civil en las coordinaciones regionales dentro de las decisiones en seguridad pública.
“Creo que las mesas nos hemos ganado un lugar. No nos puso ningún funcionario público. Sería un error que el gobierno designara ciudadanos porque se perdería el espíritu que tenemos de ir porque queremos tener nuestra ciudad en paz”, dijo la presidente de la mesa de seguridad y justicia de Tampico, Bertha Salinas Ruiz.
En contraparte, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, puntualizó que el trabajo de los militares en Tamaulipas es una muestra de que la pacificación de los territorios no se logra con las Fuerzas Armadas.
“Lo que hacen los militares no lo explican. Su concepción de la seguridad y de la operatividad no pasa por una rendición de cuentas públicas. Tamaulipas es un buen ejemplo, primero, de que no hay evidencia empírica de que la intervención militar reduce la violencia y construye comunidades seguras; y segundo, Tamaulipas es un ejemplo de la ausencia de rendición de cuentas y del uso de una política con estándares de transparencia que es lo que se hace en modelos democráticos de seguridad”,
afirmó.
Para Lilian Chapa Koloffon, integrante de The World Justice Project en México, el concepto que tiene el gobierno entrante de la Guardia Nacional es que hará frente a los delitos de ambos fueros. “Si tu Guardia Nacional va a tener 50 mil elementos cómo van a atender 40 millones de delitos”. Dicha hipótesis es compartida por López Portillo. “Mi hipótesis es que es un impulso de absorción progresiva de todos los cuerpos policiales de país, eso no lo dijeron, estoy especulando”, advirtió.
Al respecto, el coordinador estatal de las mesas de seguridad y justicia de Tamaulipas, Luis Apperti Llovet, llamó a esperar que se definan los cambios legales para analizar el plan. “Hay ocho puntos que son grandes rubros pero no están aterrizados al día con día. Se habla de una Guardia Nacional pero para crearla habrá que modificar la ley”.
En el trabajo de apoyo institucional entre Federación y el gobierno estatal, Juan José Villarreal planteó la urgencia de que la propuesta federal “tiene que bajar a los estados y se tiene que coordinar con los presidentes municipales. Las policías locales deberán ser más policía de barrio y preventiva y cercana a la gente”.
Ante los puntos al aire a nivel nacional y estatal, Chapa Koloffon señaló que aunque no hay una “receta mágica” Tamaulipas requiere de una policía local y de una estrategia para sacar a los jóvenes del crimen organizado.
Asimismo, el académico de la Universidad Iberoamericana fue tajante al evaluar el plan completo. “Este documento que yo tengo en la mano no es un plan, porque los planes tienen rutas, y este plan no tiene ninguna rutas, este plan tiene objetivos, principios, algunos que podemos compartir, pero en estricto sentido lo que es la política pública que incluye un diagnóstico, teoría de cambio, objetivos, metas, formatos de evaluación, rendición de cuentas, no ha sido publicado, ni informado. Lo que vienen son reformas legales, no van a parar. Mi hipótesis es que es un impulso de absorción progresiva de todos los cuerpos policiales de país, eso no lo dijeron, estoy especulando”.
Estrategia de AMLO
El miércoles 14 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador presidió la presentación del plan de paz y seguridad. El planteamiento principal fue la creación de la Guardia Nacional. Para la creación de la nueva corporación se solicitará la reforma constitucional a una parte del artículo 76 y otras disposiciones legales. En el mismo evento, el coordinador de la bancada de diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, anticipó que legislarían la iniciativa.
“Los efectivos de ese cuerpo provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, de acuerdo a un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana”, dijo el sonorense.
Por medio de un documento quedó establecido que Tamaulipas se dividirá en ocho coordinaciones regionales, de las cuales seis son de alto índice delictivo y dos de nivel medio. Nuevo Laredo será la primera coordinación regional, considerada con alto índice delictivo. Matamoros, Reynosa y Río Bravo, son las coordinaciones 2, 3 y 4, las dos finales de alto peligro. Ciudad Madero es la coordinación 5 y El Mante la 6, ambas referidas con alto nivel delincuencial. Soto la Marina y Victoria son las coordinaciones 7 y 8, respectivamente.
“A cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país, se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley”, refiere la publicación hecha en la página del presidente electo. Cada una de las coordinaciones generales de las regiones recaerá en el coordinador del gobierno federal, es decir, la autoridad civil de más alto rango en la entidad a excepción del gobernador.