Un cambio importante que llega a las 32 entidades del país, es la aplicación de la modalidad de “centralismo” en la forma de operar fiscal y políticamente, a nivel nacional.
El Gobierno entrante ha decidido manejar ahora las partidas monetarias, la gestión del gasto público y los próximos programas sociales mediante el esquema de “superdelegados”.
Con esta nueva figura se buscaría una simplificación administrativa y conservar solo las delegaciones que sean necesarias en los estados, pues actualmente existen 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de diversas dependencias que sirven de enlace entre las dependencias federales y los gobiernos estatales.
En pocas palabras, se eliminarían así los intermediarios en la entrega de los programas sociales y se buscaría así menos oportunidades y tentaciones para desviar fondos a destinos diferentes (léase: bolsillos personales). De entrada este nuevo esquema viene a cuestionar el derecho al que tenemos todos los mexicanos de contar con un federalismo auténtico que nos rija aquí en Tamaulipas o cualquiera de los 31 estados restantes. Representa sin duda una nueva forma de centralismo en donde los recursos pueden ser manipulados políticamente, es decir, caer en un sistema de “favoritismos” basados en sumisiones, premios y castigos según “se porte el Gobernador” de cada estado.
En una reciente reunión del nuevo Presidente con los gobernadores de todo el país el tema salió a relucir, ni más ni menos. Los mandatarios lograron dejar fuera de este modelo de “superdelegados” por lo pronto el tema de seguridad, aunque ello no debería ser tomado como un factor de negociación efectiva y de primera victoria a simple vista.
Queda aún mucho por definir en cuanto a la forma ya práctica en que operarán estos representantes y mensajeros del Centro, tema que sin duda convocará a más reuniones del Presidente con los gobernadores. Algo importante a considerar es que estos delegados no tendrán contrapesos importantes. Se teme que se actúe con autoridad, arbitrariedad y disecrecionalidad a la hora de los repartos de fondos para los programas. Con ello, de podría caer en el viejo esquema de estructura partidista que se vivió años atrás y que resultó muy dañino para nuestra democracia.
México ha progresado mucho, en lo social y en lo económico. A nivel estatal se ha logrado un importante nivel de autonomía que incluso se ha manifestado con interesantes sorpresas.
Recordarán meses el abierto desafío del gobernador Javier Corral de Chihuahua al anterior Presidente de la República por la retención de fondos federales.
También a nivel de manejo de la política pública estatal, hemos avanzado mucho. La política pública representa hoy esa posibilidad real de gestionar y ejecutar obras y programas públicos para beneficio directo de la comunidad, tales como servicios básicos, seguridad y salud. Esto, complementado con un federalismo sano y funcional (encargado de temas mayores como la construcción de carreteras), resulta una fórmula eficaz. Por supuesto que encara riesgos y fallas, pero al final del camino resulta viable y justo.
Se pensó que atrás quedaron los tiempos de paternalismo y centralismo. El fenómeno de globalización vino a romper el paradigma del México, sumiso y rezagado, ante un poder absoluto y se abrieron nuevas oportunidades, en los diferentes estratos sociales.
Los resultados en el corto plazo expondrán —sin duda— que este nuevo esquema centralista solamente provocará más burocracia, discrecionalidad y terminará como lo que en el fondo, es en realidad: un sistema de control partidista y político.
