No hay de otra, cuando se quiere imponerun cambio profundo se tienenque afectar intereses.Intereses siempre hay: unos son legítimosy otros no; unos están por encimade la ley y otros no. El problema es quiény cómo los define.
Para AMLO, los intereses no legítimos son aquellos que, según su versión, han expoliado al pueblo. Los que han preservado la pobreza, la marginación y la desigualdad. Los que se han aprovechado de las instituciones en favor de la concentración de la riqueza. Los responsables de la tragedia nacional: la mafia en el poder, que incluye lo mismo a políticos que a empresarios. Los que han utilizado el sistema de justicia con fines políticos o con el propósito de mantener los privilegios de los ricos.
Muy bien, pero a un mes de gobierno no se han visto medidas que afecten estos “intereses perversos” que tanto daño han hecho al país. AMLO no ha abierto ninguno de estos frentes. A los señores de la política y del sector privado se les ha extendido un perdón por todo acto de corrupción. Se ha hablado de una amnistía fiscal, aunque está plenamente demostrado que a quienes más beneficiaría es a los grandes contribuyentes. A los inversionistas del aeropuerto de Texcoco se les cancelaron sus contratos, pero no sin antes prometerles la reposición de los mismos en Santa Lucía, a pesar de haberlos llamado corruptos. Al sector financiero se le espantó con la eliminación de comisiones “usureras” para dar reversa de inmediato por la caída del peso y la bolsa. Al Ejército y a la Secretaría de la Defensa los atacó por reprimir al pueblo y violar los derechos humanos, hoy les entrega la Guardia Nacional.
Lo que sí vamos presenciando es la apertura de muchos otros frentes que poco o nada tienen que ver con las tres principales promesas de campaña: la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. El embate no parece ir contra la mafia en el poder, sino contra otros sectores.
Primero: los gobernadores. En lugar de advertir a los gobernadores que usaran las transferencias y participaciones que reciben con gran probidad porque los recursos públicos serían rigurosamente fiscalizados, les puso a unas “niñeras” para vigilarlos y controlarlos: no a las instituciones que existen para esos propósitos como la ASF, la UIF o el SAT. No. A unas niñeras escogidas por él, que le responderán a él y que reportarán sus movimientos en todos los ámbitos: los superdelegados.
Segundo: el servicio público o la llamada burocracia permanente. El despido de 70% de los empleados gubernamentales de confianza, independientemente de si cumplen o no una función sustantiva o de si ganan mucho o poco, y la Ley de Remuneraciones, que corta progresivamente los salarios-prestaciones, están creando un gran descontento y caldo de cultivo de oposición.
Tercero: la policía y las organizaciones como Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia o Seguridad sin Guerra. El discurso de toma de posesión de AMLO fue muy claro: prolijo en halagos a las Fuerzas Armadas y denostación de los policías. No habló de su falta de capacidad, sino de su falta de profesionalismo. Los hizo a un lado y le entregó la seguridad a la Sedena. Extraña la decisión cuando se cansó de decir que una vez llegando al gobierno se irían a los cuarteles. Sigo pensando que a los militares que salieron a la calle no por gusto, sino por obediencia, se les debe, cuando menos, un respaldo jurídico que ampare sus acciones en materia de seguridad pública. Pero una cosa es respaldarlos y otra es hacerlos jefes de la seguridad interior y no plantear una estrategia de salida a través de la formación de los cuerpos policiacos.
Cuarto: las instituciones de educación superior que ya estaban castigadas presupuestalmente y cuyos profesores e investigadores no pertenecían a la burocracia dorada. Es cierto que la disminución presupuestal para algunas grandes universidades se echó para atrás, pero no para todas. Por si fuera poco, los fideicomisos que fueron creándose a través de organismos y fundaciones
internacionales y de recursos privados, y que son transparentes, serán transferidos al gobierno para el pago de la deuda.
Quinto: los órganos de autonomía constitucional. A unos más (el INE y el Inai) a otros menos, se les ha vapuleado con el argumento de que son muy caros y sirven de poco. A ellos se les recetó una reducción presupuestal que en promedio alcanza el 26 por ciento.
Sexto: el Poder Judicial. Con gran habilidad, AMLO fijó la litis en los sueldos de los ministros. El problema no está ahí, sino en el último mensaje del ministro Cossío, cuando advirtió sobre los sesgos de autoritarismo que han aparecido, especialmente los que hacen creer a quien gana el poder que “puede hacerse lo que le venga en gana porque, al final de cuentas, se tiene un gobierno legítimo y mayoritario”. La función de la justicia constitucional, precisó, es retener esos intentos.
Séptimo: la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. Lejos de encontrar señales de apertura para el pensamiento disidente y el debate público razonado, la práctica ha sido la de los insultos y descalificaciones.
Ninguna de estas medidas abona al combate de la desigualdad, la inseguridad o la corrupción. A lo que sí abonan es a la destrucción de los contrapesos.
