CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Trescientos treinta y cinco servidores públicos del gobierno de Tamaulipas han sido sancionados por cometer irregularidades en procesos administrativos o incumplir con las obligaciones que establecen las leyes, en el periodo de octubre de 2016 a diciembre de 2018.
De acuerdo con la Contraloría Gubernamental, solamente una persona ha sido destituida. En el segundo semestre de 2017, el director general de la Secretaría de Administración (SA), Pedro González Hernández, fue despedido por “mala prestación del servicio brindado, derivado de la revisión que efectuara la CG, en la auditoria no DAP-0020-15”.
González Hernández se desempeñó como el titular del área encargada de Innovación y Administración de la Plataforma Única de la SA. La Controlaría comprobó que el
entonces funcionario avaló la compra de equipo sin las necesidades requeridas al proveedor Turance Consulting. La destitución de cargo se concretó 14 meses después de iniciado el proceso.
La revisión de los informes trimestrales de los años 2016, 2017 y 2018 arrojan 63 sanciones de inhabilitación temporal.
El motivo de la más de la mitad de las inhabilitaciones es la no presentación de las declaraciones patrimoniales finales.
Asimismo, hay casos de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) que evitaron sancionar retrasos o malos trabajos de las contratistas.
La sanción más extensa de este tipo fue dictada contra el agente del ministerio publico auxiliar, adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas, Jorge Federico Jaramillo Islas. El hombre fue denunciado por una mujer que lo acusó de no integrar información a la denuncia por la desaparición de su hijo ocurrida en abril de 2014.
Jaramillo Islas fue omiso en el cumplimiento de su función por no ingresar los datos del vehículo automotor en la página del Registro Pública Vehicular (Repuve), no desahogó pruebas por medio de recabar testimoniales de las personas cuyos nombres y direcciones proporcionó la denunciante.
El agente fue despedido de la Procuraduría General de Justicia y, posteriormente, se concluyó inhabilitarlo para ocupar cualquier otro cargo público durante 6 meses.
Otros casos de inhabilitaciones ocurrieron en el Instituto Tamaulipeco para el Migrante. Dos directores fueron sancionados por no atender a las personas. Juan Jose Rodríguez Alvarado, quien era el director general; y Benjamín Javier Tamez Cárdenas, director de asistencia social, fueron separados por 30 días, respectivamente.
En los primeros 27 meses del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca se ejecutaron 21 suspensiones, 188 amonestaciones, privadas, 8 amonestaciones públicas
56 apercibimientos privados, 2 apercibimientos públicos y
3 administrativos contra funcionarios públicos.
El artículo 75 de la Ley de Responsabilidad Admisnitrativas del Estado de Tamaulipas establece que el Tribunal, la Contraloría o los órganos internos de control impondrán
amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión, o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
“La Contraloría y los órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo…La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales…En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de
tres meses ni podrá exceder de un año”, indica la ley.
El pasado miércoles, el contralor Mario Soria Landero, dijo que este lunes presentará un informe de los funcionarios de la actual administración sancionados, donde revelará los casos que han sido llevados ante la Fiscalía Anticorrupción.
