Ciudad de México .-Debido a lo laxo de las leyes en México –que son aprobadas por la clase política–, autoridades federales han sido incapaces de incautar en definitiva bienes millonarios a políticos acusados de corrupción.
Durante los últimos tres sexenios, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) ha tenido que devolver casas, autos, ranchos, cuentas bancarias y hasta una panadería a políticos a los que acusó de desvío de recursos públicos y otros delitos.
Otras de las fallas que aprovechan los políticos son que, en ocasiones, el Ministerio Público omite notificar en tiempo y forma el aseguramiento o no hace su trabajo correctamente para acreditar que los bienes fueron producto del hecho delictivo.
En la mayoría de los casos los bienes no fueron objeto de la aplicación de la ley de extinción de dominio, que establece un procedimiento administrativo expedito para el desapoderamiento de los bienes, sino que quedaron sujetos al proceso penal o bien a un litigio en materia de amparo.
La última en conseguir que le devolvieran sus bienes –ya en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador– es la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, a quien la Fiscalía le regresó siete cuentas bancarias, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre ellos uno de colección.
Antes de ella, en el Gobierno de Enrique Peña, el actual senador morenista Napoleón Gómez Urrutia logró en noviembre del año pasado el descongelamiento de tres cuentas bancarias del sindicato minero que habían permanecido inmovilizadas desde 2006.
En ese año inició una investigación en su contra por un presunto fraude de 55 millones de dólares a los trabajadores mineros.
El ex Gobernador de Tabasco Andrés Granier logró en 2015 –también en la Administración de Peña– recuperar 9 de los 13 inmuebles que le fueron asegurados dos años antes, tras haber sido acusado de un presunto desvío de 2 mil 605 millones de pesos del erario.
A la lista de políticos que han recuperado bienes se suman personajes como el ex Gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, quien, aunque cumple una pena de 22 años de cárcel por delitos contra la salud y lavado de dinero, consiguió en febrero de 2012 –en el sexenio de Felipe Calderón– que le devolvieran dos ranchos, una casa, una parcela y una panadería.
Otro caso es el de Raúl Salinas de Gortari, quien durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue acusado de enriquecimiento ilícito y homicidio.
En 2009, durante el Gobierno de Calderón, logró que la PGR descongelara cuentas bancarias que estaban implicadas con fondos por 73 millones de dólares que se encontraban en Suiza y que le devolvieran la mayoría de los 49 inmuebles incautados.
