En nuestras negociaciones y pactos con los Estados Unidos, ellos generalmente plantean dos o tres temas para obtener el que más les importa; o bien un chantaje abierto para arrancarnos en otro campo una política lesiva a los intereses nacionales. En este caso, la amenaza de subir en 5% la tasa arancelaria a los productos mexicanos, lo que representaría un costo adicional para los consumidores norteamericanos y sólo a medio plazo una modesta reducción de nuestra competitividad en el mercado del norte. Sin embargo, las “cadenas de valor” –esto es las veces que los componentes de los bienes que exportamos cruzan la frontera- inciden también en el precio de los productos.
Por otra parte, la afirmación de Trump en el sentido de que nosotros necesitamos de ellos y ellos no nos necesitan, es una arrogancia y una tontería. Las relaciones económicas que mantenemos con EE.UU son extremamente intricadas e interdependientes, pero en su conjunto todavía nos benefician. Por ejemplo, la balanza comercial nos es favorable en 97 mil millones de dólares, aunque habría que descontar las transferencias en el interior de las empresas norteamericanas con sede en México. A propósito de vulnerabilidad está probado que si nuestros compatriotas residentes más allá de la frontera dejaran de trabajar un solo día, paralizarían todas las actividades en los Estados Unidos.
El T-MEC es la prolongación del TLCAN con variantes. La más importante es la obligación que nos impone para aumentar los salarios y evitar el dumping laboral, lo que finalmente contribuirá a la disminución de la desigualdad que padecemos. No obstante, nos obliga a establecer reglas de origen en la producción de automóviles a efecto de incrementar los componentes fabricados en toda norteamérica. Estas decisiones económicas que habrían de ser negociadas y pactadas entre los tres países, no representan, a priori, ninguna amenaza grave contra México. Una firma consultora del Congreso de los Estados Unidos “The Perryman Group”, señala que si se concretara la amenaza arancelaria en sólo seis meses podrían perderse más de 400 mil empleos norteamericanos. Por eso suelo llamarlas: “el petate del muerto”.
Carece de sentido plegarnos a sus exigencias migratorias que nos llevarían a un estatuto colonial. Ellos decidirían en última instancia el tránsito de personas en nuestro país y a través de las fronteras. Quisieran exhibir a todo nuestro país en una jaula frente al electorado norteamericano. La criminalización de los migrantes va a contra pelo de los avances internacionales en ese campo. Desata un “nativismo histérico” contrario a la globalización y promueve abiertamente un delito: el de xenofobia. México debiera insistir en la defensa irrestricta del derecho humano a migrar establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en el artículo 11 de nuestra Constitución que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
Por ello nos hemos empeñado en que se dé a conocer cualquier “pacto secreto” que se haya hecho en la materia. El gobierno debiera hacer transparentes todas las negociaciones al respecto. Como suele decir AMLO “Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”. No podemos olvidar que nuestra diplomacia promovió desde 1981 la Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, instrumento aprobado en 1990 por Naciones Unidas, tanto como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, signa en Marrakech en noviembre de 2018.
Los migrantes que llegan del sur pertenecen a la categoría de refugiados, protegidos por importantes instrumentos internacionales. Es contrario al derecho desplazar el muro de la frontera norte hasta Chiapas y utilizar la Guardia Nacional como “Border Patrol”. Están ya circulando en las redes sociales machotes de amparo para que los utilicen nuestros hermanos centroamericanos y los propios mexicanos. Quedará en la competencia del Poder Judicial y de los propios agraviados la primera barrera contra un atropello constitucional. Es cierto que la solución de fondo es el desarrollo económico del triangulo del sur, pero ello puede tardar muchos años e incluso no realizarse. Si Trump decide venir a México, es porque considera que políticamente ya ganó.
