En marzo pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tuvo que liberar a 50 migrantes en McAllen, Texas.
¿La causa? Ya no había espacio para retener a tantos indocumentados, en su mayoría procedentes de países centroamericanos a través de las famosas caravanas.
Por tanto, la solución más sencilla fue dejarlos en ‘libertad’. Fue la primera de varias ocasiones en que las autoridades gringas procedieron de esa forma (por demás sospechosa).
El trámite normal es que al detener a los ilegales, la Patrulla Fronteriza los conduce a un área denominada Inmigración y Control de Aduanas, donde cada caso es analizado. Después de eso, algunos son enviados a los Centros de Detención.
Para algunos, esa ‘liberación’ de indocumentados (atendidos posteriormente por organizaciones civiles que defienden los derechos humanos en suelo norteamericano) fue un estrategia política instrumentada por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de generar la idea de que el alto flujo migratorio podría desatar la crisis y el caos en la frontera.
La realidad es que semanas después el gobierno de México fue acorralado con la amenaza de la imposición e incremento de aranceles. Marcelo Ebrard viajó con urgencia a Estados Unidos a negociar, aunque prácticamente cedió en todo.
Uno de esos temas a discutir son los Centros de Detención o Estaciones de Custodia de Migrantes… los que deben instalarse ahora también en las principales ciudades fronterizas mexicanas.
Es decir, en esas áreas se albergará a los indocumentados mientras el gobierno estadounidense resuelve el procedimiento de cada caso.
El problema es que los gobiernos estatales no fueron notificados en su momento por la Federación. Ni un mensaje de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue un acuerdo unilateral.
De entrada, el principal detalle, como casi siempre, es el presupuesto. ¿Con qué recursos económicos van a operar esos Centros de Detención o Estaciones de Custodia de Migrantres en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros?
Ese es el gran problema. En especial porque el gobierno federal con su política de austeridad no quiere aportar dinero. Y los estados, con presupuestos que han sufrido recortes por doquier, no cuentan con recursos para atender una problemática que, ciertamente, se puede convertir en una crisis humanitaria.
En ese contexto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ayer puso el dedo en la llaga durante la reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se realizó en Palacio Nacional.
El mandatario estatal expresó: ‘Hemos sido enterados de la intención de que los gobiernos locales se hagan cargo de las estaciones en las que se albergarán a los migrantes mientras Estados Unidos resuelve el procedimiento respectivo’.
Fue todavía más directo: ‘No se ha clarificado con qué recursos se pretende que hagamos esa tarea’.
Añadió: ‘Ahora estamos expuestos a que el gobierno de Estados Unidos nos diga en qué condiciones migratorias van a estar los solicitantes que pidan asilo en aquél país’.
Lo que piden los gobernadores fronterizos, como Francisco García Cabeza de Vaca, es diálogo. Un diálogo oportuno, a tiempo, por supuesto, para estimular la colaboración entre los dos niveles de gobierno.
Por tanto, lo que quieren es dialogar con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que les explique de qué se trata el tema y, sobre todo, con qué recursos se va a atender.
INVERSIÓN MILLONARIA EN ALTAMIRA
El Grupo Edutecno Bioenergy invertirá, junto con un consorcio israelí, 250 millones de dólares en la construcción de una nueva planta termoeléctrica en Altamira.
La presidenta municipal altamirense Alma Laura Amparán recibió ayer a Jorge Hinojosa Martínez, Vicepresidente del Grupo Edutecno Bioenergy, y a Sergio Márquez Valenzuela, director de energía del consorcio, quienes expresaron su interés de concretar el proyecto en tiempo y forma.
La construcción de esta termoeléctrica va a generar mil 700 empleos indirectos y, ya en operación, 700 empleos directos. Esta generación de empleos beneficiará la derrama económica.
‘Si hay empleo, hay bienestar social’, dijo Alma Laura Amparán. La alcaldesa de Altamira agradeció la visita a los directivos de la compañía inversionista.
Los datos son fríos: Altamira crece por encima del promedio nacional.
