El incidente con el periodista Humberto Padgett en instalaciones militares de Santa Lucía se añadió
a videos de agresiones, insultos y falta de respeto a la autoridad castrense, pero al mismo tiempo ha servido para que las fuerzas armadas clarifiquen su papel
en actividades públicas de seguridad interior.
En todos esos casos, los militares se han ajustado
a los mandatos legales de respeto a la libertad de expresión y de protesta social, pero han dejado muy en claro que el ciudadano también
tiene obligaciones jurídicas que respetar. Una cosa es la investigación periodística a fondo y otra invadir
instalaciones militares que caen dentro de las restricciones de la seguridad
nacional.
La información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional el mismo jueves fue muy clara: tres personas fueros detenidas
por policías militares en el interior
del campo militar 37-D en Santa Lucia, Estado de México, al ser sorprendidas grabando
un video sin la autorización correspondiente. Lo grave
del asunto fue que dos de ellas, presuntamente escoltas, se habían identificado
como militares, estaban armadas y mintieron a los guardias internos en el campo.
El problema
del caso será de implicaciones legales más allá de la irrupción a una zona militar protegida por razones de seguridad nacional: el periodista Padgett llevaba dos escoltas
proporcionadas por la autoridad federal por razones del mecanismo de protección a periodistas amenazados de muerte. Lo malo no
fue ese hecho, sino el que el periodista haya usado
a esas escoltas en actividades no permitidas. El incidente pudo haber terminado en tragedia
si los escoltas hubieran disparado a militares.
De acuerdo con la información de Sedena, en el campo 37-D “se albergan instalaciones que tienen carácter
estratégico, cuya afectación pondría en riesgo la vida de personas que ahí laboran, así como a la población civil aledaña,
razón por la cual todo individuo que intente ingresar a las áreas no autorizadas debe ser plenamente identificado”. Las leyes señalan la absoluta libertad de prensa, con la restricción
de la que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, militares y de protección de las altas autoridades.
En los hechos, los militares no
agredieron a un reportero y dos escoltas armados dentro
de instalaciones de seguridad estratégicas, sino que detuvieron
a tres personas sin permisos correspondientes que estaban haciendo filmaciones de infraestructura
militar. El tema no es menor por las razones de aumento
de las medidas de seguridad en instalaciones de las fuerzas armadas por las agresiones
de bandas del crimen organizado.
Las tres personas atrapadas sin permisos dentro
de instalaciones de seguridad nacional militar fueron entregadas a elementos de la fiscalía del Estado de México y llevados a oficinas periciales, donde fueron liberados.
En un tuit
nocturno Ciro Gómez Leyva afirmó lo siguiente: “he estado en comunicación con Humberto Padgett. No hay
nada que reclamar a la policía militar ni a la @SEDENAmx. Esperamos que él y sus compañeros salgan en los próximos minutos”.
Este último dato es muy importante: la Policía Militar es la autoridad única de seguridad dentro
de instalaciones militares y hasta ahora, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la que registra el menor
volumen de acusaciones de abusos. Y es la Policía Militar el eje
central de la nueva Guardia Nacional.
Las aclaraciones inmediatas de Sedena ayudaron a desdramatizar
la tensión del momento, toda vez que se acumulan acusaciones de agresiones
contra periodistas por parte de políticos, funcionarios, gobernantes y sobre todo agrupaciones del crimen
organizado, ante la pasividad
no sólo de los diferentes niveles de gobierno, sino sobre todo de la burocratizada
CNDH que se conforma con emitir boletines sin
seguimiento procesal, a pesar de contar con facultades, elementos e informaciones de los casos denunciados. De todas las acusaciones hay que depurar aquéllas que nada
tienen que ver con actividades periodísticas, pero debida y fehacientemente deslindadas
en investigaciones periciales minuciosas.
El periodismo tiene la obligación
de mostrar el lado oscuro de la realidad, pero debe tener el cuidado
de respetar las restricciones establecidas en las leyes. Y los temas de seguridad nacional
referidas a oficinas civiles y a espacios de las fuerzas armadas son los más importantes, toda vez que el país atraviesa por una ofensiva
criminal de bandas y cárteles
de la delincuencia organizada contra las organizaciones de seguridad del Estado.
El Carrete.
La captura de Santiago El
Carrete Mazari,
jefe del grupo Los Rojos
que operaba en Guerrero y Morelos, podrá desenredar dos expedientes clave: la desaparición criminal de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014 y la protección recibida por el delincuente en los tiempos del gobierno perredista de Graco
Ramírez Garrido Abreu.
Política para dummies:
La política comienza cuando la araña le dice a la mosca: ¿quieres pasar a mi sala?
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