Aunque los forcejeos de la sucesión política de Tamaulipas del 2022 entre el PAN y MORENA, las principales fuerzas políticas del Estado, subirán gradualmente de intensidad a medida que se acerque la fecha de la contienda, la realidad es que la disputa de las preferencias ciudadanas igual que de los reflectores y los espacios públicos entre las dos agrupaciones se pelean a diario.
Ayer, por ejemplo, todo parecía favorable para que el acto del primer informe legislativo de los senadores del Movimiento Regeneración Nacional, Américo Villarreal Guerra y Lupita Covarrubias Cervantes, que tuvo lugar en Tampico, acapararía el cien por ciento de la atención de los electores, sin embargo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca evito que eso sucediera.
En una visita que hizo al puerto, el mandatario dio una nota igualmente importante. Exigió que, de los 950 mil millones de pesos que la entidad federativa que gobierna aporta por concepto de impuestos aduaneros a la federación, alrededor del 27 por ciento, unos 252 mil millones, le regresen al Estado los recursos económicos que se requieren para impulsar el desarrollo.
La respuesta en el tira a tira no se hizo esperar. El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aprovechó el evento para anunciar que en los comicios del 2021 le van a dar una fuerte sacudida a Tamaulipas, hay pendientes, dijo, de rendición de cuentas y enseguida vaticinó que habrá sorpresas y una nueva transición.
Como estaba anunciado, el informe legislativo congregó a los miembros de la crema y nata de la Cuarta Transformación.
Para dar fe y testimonio del acontecimiento hicieron acto de presencia en el acto, efectuado en el salón principal de conocido hotel de la Prolongación de la Avenida Hidalgo y el Bulevar Loma Real, además de Monreal y la dirigente nacional del partido de AMLO, Yedckol Polevnzky, los diez diputados tamaulipecos electos el 2 de junio, cerca de una veintena de senadores, el diputado federal Erasmo González Robledo y el ex candidato a alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.
También se vieron entre los asistentes a los ex alcaldes Álvaro Garza Cantú José Francisco Rábago Castillo y Magdalena Peraza Guerra, había una silla con el nombre de Fernando Azcárraga López, pero este no llegó o no lo vimos.
A la hora de las presentaciones, el aplausómetro se lo llevó la Polevnzky.
Monreal y Yedckol llegaron a la ciudad el lunes, el primero para asistir al informe del senador Primo Dothé en Tamazunchale, SLP, la segunda para entregar a los diputados electos nombramientos simbólicos y seguramente también para conminarlos a defender con todo la camiseta morenista a lo largo de la gestión legislativa y a que se conduzcan siempre como auténticos representantes del pueblo.
El ex gobernador de Zacatecas les pidió asimismo no entregarse a los intereses del poder estatal. Sobre las pugnas con la número uno del partido guinda, Monreal anunció que decidió dar por cerrado ese capítulo, en lo sucesivo, expresó, habrá respeto y se dedicarán a trabajar conjuntamente por los proyectos de la 4T.
Con ese mismo objeto, señaló, los integrantes del partido que gobierna el país han firmado un acuerdo de unidad.
En la conferencia de prensa que RMA ofreció una hora antes de los informes legislativos el zacatecano estuvo acompañado de los senadores Villarreal Anaya y Covarrubias Cervantes así como del alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion, al que, por cierto, le echó una florecita. Cuando se refirió al desempeño del edil en lo que lleva al frente del cargo le puso una calificación de 9.2
Pero en tanto así andan las cosas en estas tierras, la noticia que se llevó las ocho columnas a nivel nacional fue el acuerdo de los gasoductos que permitirá ahorrar, según AMLO, 4 mil 500 millones de dólares, garantizará el abasto de gas a la CFE en los próximos veinte años y ayudará a que no haya apagones en mucho tiempo.
El que, por otra parte, sufrió un fuerte revés fue el PAN. La suprema Corte de Justicia rechazó, por improcedente, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el blanquiazul contra la llamada Ley Bonilla que amplió de dos a cinco años la gestión del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. El argumento del máximo tribunal fue que la reforma constitucional del Estado del noroeste aun no es vigente, razón por la que el ordenamiento no puede impugnarse.
