CIUDAD DE MÉXICO.-A petición de las familias de las víctimas de San Fernando, donde fueron asesinados 72 centroamericanos en el 2010, se acordó solicitar a los gobiernos de Guatemala y Brasil la exhumación de los cuerpos toda vez que no hay certeza de que estos sean sus parientes. También se ordenó la reparación del daño, el acceso a la verdad y a garantizar de que no se vuelva a repetir.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó este martes de las reunión con familiares de las víctimas, con una treintena de organizaciones civiles, funcionarios federales y personal del gobierno de Tamaulipas en el que se acordó también la creación de la Unidad Mixta de Investigación dentro de la Fiscalía General de la República para tener acceso a la verdad y la jusiticia y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lleve acabo las medidas de reaparición integral de los daños, conforme con la ley.
Esta reunión se dio en el marco de la Recomendación de la CNDH 80/2013 y que fue encabezada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que encabeza la directora Ana Lorena Delgadillo.
Entre los acuerdos mas sobresalientes de la reunión se solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país para que se utilice la vía diplomática y se pida a los gobiernos de Guatemala y Brasil autoricen la exhumación y reconocimiento de víctimas, porque la mayoría de los familiares no tiene la certeza de que el cuerpo que se les entregaron sea verdaderamente de su pariente.
Luis González Pérez, titular de la CNDH, reconoció el compromiso de autoridades federales y estatales ahí presentes para dar cumplimiento a los puntos de la Recomendación 80/2013, y recogió las peticiones y planteamientos para canalizarlos a las instancias adecuadas y encontrar solución a cada problema expuesto.
En este acto estuvieron presentes el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; un representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña; la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez; la Encargada de Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra, y la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.
Por la CNDH, estuvieron el Secretario Técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Narro Lobo, y el Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, Rubén Pérez Sánchez, así como integrantes del Consejo Consultivo de este Organismo Nacional.
