El problema con la estrategia de seguridad pública del gobierno lopezobradorista radica en la instrumentación de los dos objetivos: lograr la rendición de delincuentes y realizar la Conferencia para la Construcción de la Paz. Mientras se operan esas decisiones hasta el próximo año, las fuerzas de seguridad están sufriendo ataques de grupos criminales.
De ahí la importancia de mantener la estrategia, pero al mismo tiempo abrir tácticas de emergencia para desarmar grupos sin control y encarar ataques contra las fuerzas de seguridad con el uso de la fuerza legítima del Estado. El asesinato del coronel Víctor Manuel Maldonado Celis podría ser el punto de partida para fijar la capacidad de respuesta institucional contra agresiones criminales: el ejercicio de la acción contra agresores que sería apoyada por la sociedad. Es decir, no perseguir ni buscar el choque, pero tampoco permitir agresiones sociales contra las fuerzas de seguridad.
El otro punto que debe evitarse para no confundir sería la centralización de las acciones en la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana; todo indica que las negociaciones con grupos armados vía Gobernación fueron autorizadas por el presidente de la república, pero fue reventada por la impericia política de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aún no ha sabido administrar a los gobernadores.
La gestión de la estrategia de seguridad estaba siendo llevada con habilidad y buenos resultados por el secretario Alfonso Durazo Montaño, pero los tropiezos de la secretaria Sánchez Cordero y el asesinato del coronel Maldonado le sacudieron los escenarios. Parece que hasta ahora no se ha querido entender que el trabajo de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana tiene bastante de político y social y que Durazo ha sabido establecer relaciones de confianza con militares y marinos para salvaguardar la fuerza y credibilidad del sector castrense.
En este sentido, las fuerzas armadas no están enojadas ni molestas con la estrategia y, en efecto, resienten las bajas, pero al final saben que su función de cuerpo de guerra lleva en sí misma la posibilidad de sacrificios por bajas en combate. La condición de fuerza armada le ha conferido al sector castrense la madurez para entender la lógica de la lucha contra el crimen organizado. El profesionalismo y lealtad de las fuerzas armadas se fortalece ante la adversidad.
Las agresiones contra fuerzas de seguridad y sobre todo contra militares en apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de seguridad interior plantean el desafío de mantener la estrategia de pacificación, pero sin cederles plazas ni victorias agresivas a los grupos armados y sus aliados sociales que permiten el asentamiento criminal en zonas territoriales de la soberanía del Estado.
En este sentido, mientras termina de tomar su ritmo la estrategia de pacificación, las fuerzas de seguridad dependerán más de las labores de inteligencia sobre grupos armados y grupos sociales aliados para operaciones quirúrgicas basadas en órdenes de aprehensión. La actividad presencial debe hacerse en función de inteligencia sobre las plazas conflictivas para evitar choques físicos. Y, en efecto, las agresiones tienen tinte de provocación criminal para incendiar zonas en poder de bandas criminales.
La otra parte de la estrategia está en marcha: las actividades del secretario Durazo Montaño para comprometer a gobernadores y alcaldes a asumir programas locales de emergencia para profesionalizar sus policías, toda vez que más del 90% de los delitos son de orden común o locales. Los desplantes histriónicos del gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo contrastan con los nulos resultados de la estrategia estatal de seguridad, aún bajo sospecha de influencia de las bandas criminales.
Lo que ha quedado claro es que no habrá resultados en la estrategia nacional si no hay un involucramiento local y los gobernadores y alcaldes tampoco deben depender de la Guardia Nacional. Nadie conoce mejor a la delincuencia local que gobernadores y alcaldes, porque ninguna banda criminal organizada o de delincuencia al menudeo se puede instalar en plazas locales sin el conocimiento, el aval, la complicidad o sólo la apatía de las fuerzas estatales de seguridad y de los gobernadores y alcaldes.
Por tanto, el compromiso de gobernadores y alcaldes debe ser mayor y no sentarse a esperar que la Guardia Nacional haga el trabajo que corresponde a las fuerzas locales de seguridad. De ahí la corresponsabilidad estatal y municipal en el aumento de las cifras de delincuencia y homicidios. El gobernador michoacano Aureoles Conejo pronto cumplirá cuatro años en el cargo y los delitos, inseguridad y criminalidad de orden común –es decir: local– es mayor a la que había cuando tomó el cargo en octubre del 2015.
El asesinato del coronel Maldonado Celis debe ser el punto de inflexión para evitar agresiones criminales y sociales contra las fuerzas de seguridad del Estado.
Política para dummies: La política es la habilidad para llegar al mismo objetivo a través de caminos diversos y a veces hasta inexplicables.
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