Siempre he pensado que la única moral pública es la ley, pero, aprovechándome de la expresión del propio López Obrador, me pregunto si es legal, legítimo y/o moral usar el megáfono presidencial para decir, literalmente, “lo que sea”.
Por las conferencias matutinas han desfilado, en boca del Presidente, literalmente, miles de afirmaciones falsas (ver spin.com), además de descalificaciones a personas, empresas e instituciones, la mayoría de las veces sin ofrecer fundamento alguno. Cuando se ha pedido por vía de solicitudes de transparencia sustento de los dichos del Presidente, la respuesta ha sido, de manera sistemática, que: “Es necesario precisar que el hecho de que el Presidente de la República comunique a la sociedad a través de conferencias de prensa, comunicados de prensa o mensajes públicos, temas de diferentes materias de interés público, no conlleva a establecer la obligación por parte de la Oficina de la Presidencia de la República a poseer el soporte documental respectivo”.
Una cosa es que un ciudadano difunda una noticia sin sustento y falsa, que descalifique a un igual, difunda un rumor, denueste a las instituciones o incluso que atente contra la honorabilidad de las personas, y otra que lo haga una autoridad. Ciudadanos y autoridades no tienen los mismos derechos y obligaciones, aunque ambos estén obligados a comportarse de acuerdo a las leyes.
El Presidente ha dicho, una y otra vez, que él tiene derecho a expresarse libremente e incluso que tiene el derecho de réplica. Lo que no ha dicho es que, según diversas opiniones y sentencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte IDH, “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan”.
Dice el Presidente que jamás recurriría a la censura de nadie, ni siquiera de los neoliberales y conservadores. Cierto. No conozco orden presidencial de esa naturaleza. Pero, ejercer la censura no se limita a la petición desde las altas esferas del poder a que se despida a alguien por la información que difunde o por la opinión que vierte, a ordenar el cierre de un diario, a retirar publicidad o a suspender una concesión.
Existen formas más sutiles y quizá más efectivas de hacerlo. Cuando se estigmatiza públicamente a un medio se está practicando la censura (Reforma, WSJ, FT). Lo mismo ocurre cuando se retira el carácter de donataria a una asociación; cuando se denuesta públicamente a las instituciones (INAI, INE, CNDH). Ya no digamos cuando se le pone nombre y apellido a los titulares o extitulares de dependencias públicas u órganos de autonomía estatal (Lorenzo Córdova, Luis Raúl González Pérez, Guillermo García Alcocer, Jesús Reyes Heroles), a comunicadores (Carlos Loret, Pablo Hiriart, Raymundo Riva Palacio, Jorge Ramos), a dirigentes de instituciones (Claudio X. González), de organismos empresariales (Gustavo de Hoyos) o multilaterales (José Ángel Gurría).
La palabra de un Presidente tiene consecuencias. Una de ellas es la inhibición de la libertad de expresión. Otra, la inhibición de la libertad de acción.
Cuando a ciertos personajes se les califica de corruptos, deshonestos, saboteadores legales o conservadores obnubilados y fuera de juicio se inhibe la libertad de expresión. Cuando a ciertas instituciones se las estigmatiza o califica de inservibles, al servicio de la oposición o en favor de intereses económicos ocultos, las instituciones se ven impedidas para llevar a cabo sus funciones dentro de la normalidad democrática.
Citando de nuevo a la Corte IDH, cuyas opiniones y criterios son vinculantes para México: “no sólo es legítimo sino … un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público … al hacerlo están sometidas a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable … los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.
No sé si lo que hace el Presidente en sus conferencias matutinas es legal. Quizá el único camino es el de la autocontención. ¿Será mucho pedir?
