Con los ojos puestos en Bolivia, en las manifestaciones de policías, alcaldes, campesinos y legisladores, y en la polarización de la humanidad, casi pasa de noche la actualización de cifras que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los asesinatos de mujeres en México, 10.5 cada día, suman 2 mil 833 desglosados como feminicidios y como homicidios dolosos, en el corte de enero a septiembre de 2019.
Ante la gravedad de este flagelo que no engloba la cifras de desapariciones, agresiones sexuales, torturas, acoso y otras prácticas que atentan contra la dignidad y libertades de las mujeres en México, la CNDH emite la Recomendación General 40/2019 “sobre violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, el anunció lo hizo Luis Raúl González Pérez que ya esta por terminar su periodo, pero mientras, en el Senado se decide la suerte de Rosario Piedra Ibarra, el ombudsman alertó sobre los diferentes tipos de violencia de género y su vínculos con la violencia institucional, que se puede constatar por los altos niveles de impunidad e injusticia que priva en estos casos.
Sobre las alertas de género decretadas para que la autoridad tome medidas extremas ante hechos de violencia y asesinatos de mujeres, se informa que en este año se han decretado 20 en 18 estados, 4 más están en proceso, sin embargo colectivos feministas en los mismos estados donde se ha determinado esta acción, denuncian que poco se hace con este instrumento que además estigmatiza a las localidades y sociedades, y no salen del circulo de violencia que sufren las mujeres. Y es que algunas regiones solo reconocen que son territorios inmersos en contexto de violencia feminicida, pero no cambian agendas ni estrategias de combate a la impunidad.
La recomendación general que emite la CNDH va para todas las dependencias del ejecutivo federal y estatal, de igual forma para el legislativo y toda autoridad que tenga que ver con la aplicación de recursos públicos, acciones, programas y políticas públicas que interinstitucionalmente deben hacer sinergias para frenar las cifras, que como sabemos son mínimas las registradas, comparadas con las que no se denuncian o se quedan impunes guardadas en el cajón de cualquier dependencia.
González Pérez que esta por concluir el cargo que inició en 2014, ha criticado la austeridad del nuevo gobierno, que ha afectado la estrategia integral de seguridad pública y no se han adoptado medidas para mejorar la situación; reconoce que los sectores públicos de salud y seguridad es donde se presentan más fallas y omisiones en la salvaguarda de los derechos humanos, en sus últimas entrevistas ha señalado que la violencia feminicida, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, son sólo algunos elementos que reiteran la necesidad de abordar la crisis de seguridad que México enfrenta, bajo un enfoque que priorice la prevención y no sólo sea una estrategia reactiva, como se pretende con la Guardia Nacional y aumento de delitos con prisión preventiva oficiosa.
Por cierto y en breve, con el cambio de la presidencia de la CNDH se actualizará el titulo a ombudsperson.