Buena parte de los hechos violentos que cimbraron a Nuevo Laredo, arreciaron después del traslado masivo de reos del Penal de esa ciudad a otros centros penitenciarios del país.
Por eso, ayer generó tanta expectativa la “mudanza” de casi un centenar de convictos federales que cumplían su condena en el CEDES de Victoria, mismo que poco a poco empieza a ver reducida su población, quizás con el objetivo en el mediano plazo de vaciarlo, para después cerrarlo definitivamente.
La limpia de reos federales se demoró pero finalmente llegó. En lo que va del año, se han ido de Tamaulipas 486 presos por delitos del fuero federal y se espera que para antes de que termine el 2020 la cifra aumente a 550.
En el Penal de Tamatán, por ejemplo, ya solo quedan personas 48 convictos federales, pues en los meses de febrero y agosto se habían realizado otras excarcelaciones importantes. En las mismas fechas también empezó la descompresión de los CEDES de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Altamira.
Esta medida que forma parte del acuerdo tomado por el gobernador Cabeza de Vaca y el Secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, responde precisamente a una vieja exigencia de la autoridad local: para pacificar las prisiones de Tamaulipas es necesario sacar de ahí a los reos de mayor peligrosidad.
Queda el registro, todavía fresco, de las rachas de violencia que padecieron hace no mucho algunos penales como el de Victoria con fugas, motines y batallas campales que dejaron saldos fatales.
Desde luego que el traslado de los reos federales no solucionará por completo los graves problemas que enfrenta el sistema penitenciario local, y que en más de una ocasión ha reprobado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus diagnósticos especializados.
Pero el paso ya se dio, ahora corresponderá a la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas hacer lo que sea necesario en términos de organización e infraestructura para que los penales de la entidad dejen de ser otro factor de disputa entre las bandas del crimen organizado.