A poco más de un año de haber arrancado la actual administración federal, ronda en el aire la sensación de que en el tema de seguridad no sólo no se han dado paso concretos hacia la pacificación del país, sino que incluso en algunos renglones se ha retrocedido.
Así de implacables son las estadísticas: el 1 de diciembre fue la jornada más violenta desde que se contabilizan sistemáticamente los homicidios en el país, y en términos generales, los índices de ejecuciones no paran de crecer.
Ayer mismo, en Guanajuato se vivió uno de esos días hiperviolentos que en algunas otras épocas se llegaron a padecer en Tamaulipas, con todo y un coche bomba incluido.
Con todo y eso, quizás los números no sean lo más grave. Lo que parece peligroso es que la estrategia federal para combatir a los criminales atraviesa por una especie de pasmo. Mientras la Guardia Nacional no termina de acomodarse, la Policía Federal tiende a desaparecer y el Ejército se repliega en varias regiones del país, los delincuentes parecen ganar terreno.
El anuncio de la inversión de 5 mil millones de pesos para reforzar los cuerpos policiacos de Tamaulipas, además de su equipamiento y la tecnología para realizar labores de inteligencia, apunta en ese sentido: sea por decisión propia o por necesidad, las entidades parecen obligadas a asumir por completo el combate a la inseguridad.
En todo caso, el escenario ideal sería que en ese proceso -por lo menos a nivel local- los representantes de las fuerzas federales puedan coordinarse correctamente con las estatales. Así lo exige una realidad que no da tregua con altos niveles de violencia.
El presidente López Obrador ya pidió un año más de gracia, para consolidar los cambios necesarios que le permitan dar resultados en temas trascendentales como la inseguridad. Pero hay estados donde urgen respuestas inmediatas para neutralizar a los criminales. Así sea por cálculo político, quizás no pase mucho tiempo antes de que la Cuarta Transformación de un golpe de timón.