“En las redes sociales se criticó duramente a las autoridades por tomar decisiones más “ideológicas” que “técnicas”, en un tema tan delicado como la salud de la población”
Tanto en lo que corresponde a la deficiente implementación del Insabi, como en lo que toca a las fallas de coordinación, tanto de realización como de presentación en torno a la propuesta de justicia penal, la semana cerró comunicacionalmente a favor del Presidente.
Se dice que gobernar es comunicar. También se dice que comunicar sin gobernar es peligroso. La semana anterior vivimos interesantes ejemplos.
La puesta en operación del Insabi afectó la imagen del gobierno. Las imágenes de padres y madres de familia reclamando la falta de acceso a medicinas y atención médica, el cobro e incremento de cuotas, así como la molestia por la eliminación del Seguro Popular, generaron la percepción de que en el gobierno federal hay decisiones muy importantes de política pública que no son suficientemente estudiadas. En las redes sociales se criticó duramente a las autoridades por tomar decisiones más “ideológicas” que “técnicas”, en un tema tan delicado como la salud de la población.
Por su cuenta, los seguidores del gobierno han defendido la decisión argumentando que el Seguro Popular era negocio de funcionarios de los sexenios pasados, además de que el servicio era “deplorable”. Desde el gobierno se ha dicho que las críticas al Insabi se deben a una “campaña” orquestada por parte de los actores cuyos “intereses económicos” se han visto afectados.
Lo que es un hecho es que la transición entre lo que fue el Seguro Popular al nuevo mecanismo de salud no será fácil. La falta de reglas de operación, de información clara para usuarios y trabajadores, así como la insuficiencia presupuestal, han generado un preocupante hueco. Los errores de implementación, han incrementado la percepción de improvisación.
También, el tema de justicia penal dio mucho de que hablar. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistieron al Senado de la República a presentar la propuesta de reforma constitucional al sistema de justicia penal en México, propuesta por el Poder Ejecutivo.
En paralelo a la reunión con legisladores, a través de distintas redes sociales se dieron a conocer nueve documentos que comprendían el contenido en la materia. De manera inmediata, las primeras revisiones generaron amplias críticas por parte de expertos, analistas y lectores. Entre las principales observaciones estuvieron que la propuesta implicaría un “abierto retroceso para el sistema acusatorio”, que las propuestas ahí inscritas “matarían la esencia del nuevo sistema penal”, que “se acabaría con la presunción de inocencia, se reafirmaría el arraigo e incluso se permitiría —implícitamente— la tortura”. Ante las críticas que empezaban a crecer con fuerza en los medios digitales y la sensación de una falta de coordinación y acuerdo al interior del propio gabinete, el senador Ricardo Monreal aplazó hasta el primero de febrero la presentación de la misma.
Pese a los tropiezos en ambos casos, tanto en lo que corresponde a la deficiente implementación del Insabi, como en lo que toca a las fallas de coordinación, tanto de realización como de presentación en torno a la propuesta de justicia penal, la semana cerró comunicacionalmente a favor del Presidente.
La bala de plata que el presidente López Obrador ha utilizado para atacar otros males se convirtió en el tema en boca de todos. “Comprar un cachito” de la Lotería para la rifa del avión presidencial fue tema nacional. Los memes, chistes, comentarios y críticas se hicieron presentes en todos los espacios de discusión. La atención a los temas cambió 180 grados. AMLO salió bien librado de una semana compleja.
Frente a estos hechos, vale la pena hacer la siguiente reflexión: el inicio de año también delinea para el gobierno una mayor confrontación con la realidad cotidiana. Los cuestionamientos en la implementación de políticas públicas y administración estarán más presentes. La narrativa que ha logrado construir el Presidente en torno a la Cuarta Transformación estará, cada vez más, a prueba, en la exigencia de resultados tangibles. Aprovechar las emociones a partir de narrativas “populares” puede tener un límite.
Al final, la semana pasada se sintetizó en críticas sobre implementación y errores de coordinación, que fueron salvados por una “genialidad comunicacional”. Sirva el análisis sobre la forma en que transcurrió ésta para estar atentos a los meses por venir y preguntarnos: ¿cuántas veces más servirá esta estrategia? Si el gobierno piensa que muchas más, sería delicado; pero permitir como sociedad que así sea, sería mortal.