El juego de vencidas entre los gobernadores del PAN y el Ejecutivo Federal no necesariamente ha derivado en un rompimiento; a tres semanas de que inició la polémica por el nacimiento del INSABI, el acuerdo entre ambas partes ya no se ve tan lejano.
Ayer la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional anunció que los días 30 y 31 de enero sostendrán mesas técnicas con representantes del sector salud de ambos niveles de gobierno. Quieren llegar al 1 de febrero con certezas sobre quién y cómo atenderá a millones de personas que estaban afiliadas al Seguro Popular.
No es poca cosa lo que está en juego. En primer lugar está el tema financiero: hay una bolsa extra de 40 mil millones de pesos que se repartiría entre los estados que se adhieran al nuevo esquema federal de salud. De esa forma podrían hacer frente a lo que pretende el presidente, que todos los servicios y medicamentos sean gratuitos.
Tamaulipas por ejemplo, recibirá para el 2020 un presupuesto para Salud de 1,093 millones de pesos, con el que alcanzarían a cubrirse solo una parte de las necesidades derivadas del Insabi. Lo difícil, han advertido una y otra vez los gobernadores, es que la atención para la población sea gratuita, pero al mismo tiempo de calidad.
Luego está el asunto de la infraestructura. La propuesta original del Insabi incluye que todos los hospitales públicos de todos los niveles, se integren de lleno a este nuevo esquema, lo que significaría según los gobernadores panistas, la centralización total del sistema de salud.
Tan solo en Tamaulipas hay nueve hospitales generales, cuatro hospitales civiles y decenas de unidades médicas en todo el territorio que aún hoy operan en la incertidumbre.
A nueve días de que se venza el plazo estipulado en la ley, hay 14 estados que no han firmado el convenio, empezando porque los gobernadores piden que no se le llame de adhesión sino de coordinación.
Advierten que en los tiempos de la cuarta transformación, las palabras son más importantes de lo que parecen.
